Por una solución constitucional a la crisis política: En defensa de la Democracia, contra la corrupción y la impunidad

Frente a la información difundida referida a presuntos pagos por asesorías efectuados por la empresa Odebrecht al presidente Pedro Pablo Kuczynski cuando este era ministro del gobierno de Alejandro Toledo, cuestionado por haber aprobado la construcción de la Carretera Interoceánica del Sur a cambio de sobornos, Fuerza Social expresa a la opinión pública lo siguiente:

  1. En la segunda vuelta electoral del año 2016, fuimos la primera organización política de izquierda en hacer un llamado público a nuestra militancia y a la ciudadanía progresista a dar un voto crítico por PPK con la finalidad de impedir el retorno del autoritarismo, la corrupción y la permisividad con el narcotráfico, que encarnaba la candidatura de Keiko Fujimori. En esta oportunidad, demandamos a Pedro Pablo Kuczynski a que, de no refutar de manera sólida, integral y satisfactoria ante la opinión pública las graves acusaciones hechas contra él, dé un paso al costado y renuncie al cargo de Presidente de la República. El mensaje a la Nación emitido anoche por PPK es absolutamente insatisfactorio y, al no desvirtuar los graves cargos que se le imputan, justifica plenamente el pedido de renuncia.
  2. El escenario político de las elecciones del 2016, en las que se planteó una clara división entre decencia y corrupción y entre autoritarismo y democracia, mantiene su plena vigencia, con la diferencia que hoy PPK parecería haber cruzado la línea divisoria fundamental en el campo de la corrupción, traicionando de ese modo la confianza y el mandato que le entregaron las fuerzas democráticas del país.
  3. La salida estrictamente constitucional a la crisis es que el Congreso acepte la renuncia de PPK y que el Primer Vicepresidente asuma la Presidencia de la República hasta completar el periodo de gobierno para el que fueron elegidos. No existe ningún fundamento para impulsar un procedimiento distinto al establecido constitucionalmente. El nuevo gobierno, liderado por el actual Vicepresidente Martín Vizcarra, debería nombrar a un gabinete de ancha base con personas y fuerzas no comprometidas con el autoritarismo y la corrupción, e impulsar una amplia coalición democrática y republicana, orientada a defender la autonomía del Ministerio Público, del Poder Judicial y del Tribunal Constitucional, con miras a garantizar la separación de poderes y la continuidad de los procesos de investigación vinculados al caso Lava Jato.
  4. El fujimorismo está manipulando la crisis con la finalidad de tender un manto de impunidad sobre sus propias responsabilidades vinculadas a la recepción de financiamiento encubierto de Odebrecht y a la relación de Keiko Fujimori con el ex secretario general de Fuerza Popular Joaquín Ramírez, investigado por lavado de activos. Más grave aún, se estaría configurando un contubernio o pacto tácito entre el fujimorismo y Odebrecht al entregar a la comisión Lava Jato, y no a la Fiscalía, información selectivamente comprometedora con relación a PPK, en un momento oportuno para el fujimorismo, provocando una crisis de gobierno y desviando la atención a las evidencias encontradas por la investigación del Fiscal José Domingo Pérez, que justificarían la solicitud de medidas restrictivas (incluyendo la prisión preventiva) contra Keiko Fujimori. Ello explicaría la puesta en marcha de un “golpe constitucional” dirigido a destituir al Fiscal de la Nación y a controlar el Tribunal Constitucional. El primer paso de este golpe fue dado anoche con la aprobación de sanciones contra los magistrados del TC.
  5. La renuncia de Pedro Pablo Kuczynski y su reemplazo por Martín Vizcarra debiera significar, con el respaldo de todas las fuerzas democráticas, despejar la crisis del Poder Ejecutivo, estabilizar el funcionamiento institucional del país, y volver a situar en el centro del escenario político la tarea prioritaria de cerrarle el paso al fujimorismo, que continúa representando la peor amenaza para la democracia, que violenta la separación de poderes y favorece la impunidad de la corrupción.
  6. Fuerza Social llama a todas las organizaciones y corrientes democráticas, republicanas y progresistas a cerrar filas en la defensa de la institucionalidad democrática, la independencia del sistema de justicia, la lucha contra el crimen organizado, contra la corrupción y la impunidad, y por los cambios en favor de las grandes mayorías nacionales.

Lima, 15 de diciembre de 2017

Comité Ejecutivo Nacional
Partido Descentralista Fuerza Social

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¡Que se investigue!

Todos los contratos de concesión y de obras públicas firmados por Odebrecht y las demás empresas que han reconocido haber cometido sobornos, deben ser investigados.

Ante las últimas informaciones difundidas por los portales de investigación Convoca y Ojo Público que dan cuenta de transferencias de dinero realizadas desde el Brasil hacia la ciudad de Lima, relacionadas a la concesión “Vías Nuevas de Lima”, Fuerza Social, partido integrante de la Confluencia por Lima, coalición de partidos que gobernó la ciudad durante la gestión 2011-2014, expresa lo siguiente:

  1. Estamos convencidos de que la corrupción sistemática, revelada por el caso Lava Jato, exige que todas las personas involucradas con las decisiones relacionadas a contratos de concesiones o contratos de obras públicas firmados con empresas brasileras, sancionadas en Brasil por delitos de corrupción deben ser investigadas, desde Chavimochic y Charcani V en el primer gobierno de Alan García hasta el gasoducto del Sur firmado en el gobierno de Ollanta Humala, pasando por los 30 contratos firmados por el fujimorismo y las dos concesiones viales suscritas en Lima Metropolitana.
  2. En ese sentido, saludamos la disposición de la ex alcaldesa, Susana Villarán, y de los funcionarios de su administración que tomaron decisiones en relación a las concesiones viales de Lima, de permanecer en el país y someterse a las investigaciones abiertas por el Ministerio Público.
  3. Sobre la pertinencia y legalidad de la concesión “Vías Nuevas de Lima”, es importante señalar lo siguiente:
    • Tanto la declaratoria de interés como la adjudicación de la concesión “Vías Nuevas de Lima” fue realizada en marzo del 2012 en votación por unanimidad del Consejo Metropolitano integrado por distintas fuerzas políticas, entre ellas, dos ex regidores elegidos por Solidaridad Nacional, José Danós y Luis Castañeda Pardo.
    • Las obras eran necesarias pues son inversiones destinadas a resolver los cuellos de botella del tránsito en los accesos norte, este y sur. Los US$590 millones, inicialmente considerados, deberían permitir convertir a la Panamericana Norte y la Panamericana Sur en autopistas y extender la Ramiro Prialé desde Huachipa hasta el Puente Los Ángeles. Estas inversiones fueron postergadas por el MTC por 30 años y son indispensables para la ciudad y para la competitividad de la economía, pues son las rutas que le permiten movilizar el transporte de mercancías hacia el Puerto del Callao.
    • Debe señalarse que, a diferencia de otras concesiones viales, todos los riesgos constructivos fueron asignados a los concesionarios por lo que no existen adendas que inflen los costos de las obras.
    • Las vías involucradas pertenecen a la Red Vial Nacional. Por ello, el MTC actualizó y amplió la delegación de competencias al Gobierno de Lima para poder ejecutar la concesión.
    • Tanto la propuesta técnica inicial como las definiciones de los estudios definitivos de ingeniería fueron revisados y aprobados por el MTC a través de Provías Nacional, por lo que la necesidad de las inversiones y los estándares técnicos no fueron decididos exclusivamente por la Gerencia de Promoción de Inversión Privada de la Municipalidad de Lima.
  4. Es importante señalar que durante la actual gestión metropolitana (tercer mandato de Luis Castañeda Lossio) se han realizado cambios sustanciales al contrato original de “Vías Nuevas de Lima”, entre las más graves: i) la implementación ilegal del peaje de Puente Piedra sin la construcción de las obras obligatorias del Óvalo Canta-Callao; ii) el otorgamiento a Odebrecht del 4% de los ingresos por los peajes que correspondían a la Municipalidad de Lima para el mantenimiento de avenidas; iii) el pago de millones de soles por supuestos aumentos de costos de expropiaciones; y iv) la cancelación de obras de infraestructura tales como el intercambio de Canta Callao.
  5. En ese sentido, CONSIDERAMOS que hay indicios suficientes para incorporar a la investigación por los nuevos hechos revelados al actual alcalde, Luis Castañeda Lossio, pues los cambios al contrato reseñados han beneficiado a la firma Odebrecht sin seguir los procedimientos establecidos y sin adendas conocidas. Odebrecht, además, ha sido muy beneficiada pues ha logrado vender la mayoría de las acciones en “Vías Nuevas de Lima”. Actualmente, el 77% de las acciones de la concesión ya no pertenecen a la firma Odebrecht. Al respecto, consideramos que es muy perjudicial para el Perú que la tercera gestión de Luis Castañeda haya autorizado la venta de activos de empresas que han confesado haber cometido actos de corrupción en el Perú como OAS y Odebrecht, pues ello dificultará que el gobierno peruano obtenga las reparaciones que le corresponden.

 Reafirmamos nuestro compromiso con el esclarecimiento de la verdad y la lucha frontal contra la corrupción, exigimos una investigación a profundidad de los hechos que requieran un esclarecimiento en la opinión pública, garantizamos que como Partido que estuvo en la gestión municipal (2011-2014) hemos actuado siempre con idoneidad y corrección en favor de los intereses de la población limeña.

04 de mayo de 2017

 

Dirección Nacional
Partido Descentralista Fuerza Social

El PEAJE DE PUENTE PIEDRA

El proyecto vial Vías Nuevas de Lima es una concesión firmada por la Municipalidad Metropolitana de Lima y la empresa Odebrecht que implica inversiones por más de 590 millones de dólares y está orientada a resolver los cuellos de botella de los tres principales accesos de la ciudad: Panamericana Norte, Panamericana Sur y la Ramiro Prialé. Las obras incluyen 36 intercambios viales de los cuales más de 30 corresponden a la Panamericana Norte y no han sido concluidos. Las obras deben transformar 115 Km de vías con cruces a nivel en autopistas habilitadas. Las obras incluyen el intercambio vial Alipio Ponce culminado durante la gestión de Fuerza Social, otras obras en la Panamericana Sur como el túnel Benavides y la salida en El Derby y la extensión de la Autopista Ramiro Prialé desde Huachipa hasta el límite entre Chosica y Chaclacayo.

El proyecto fue presentado como iniciativa privada durante el segundo gobierno de Castañeda (2007-2010) denominado línea azul. La Iniciativa fue aprobada por el Concejo de Lima por unanimidad de las fuerzas políticas durante la gestión de  Fuerza Social (2011-2014). El contrato dispone que toda la inversión sea privada, y que se recupere con el cobro de los peajes en esas vías. Ni la Municipalidad Metropolitana de Lima ni el gobierno central  han invertido recursos públicos en esta concesión. La garita de Puente Piedra pre-existe a la firma del contrato de concesión pero con un cobro sólo en un sentido. La segunda garita de peaje debía implementarse, según el contrato original,  después de culminadas todas las obras en la Panamericana Norte. La implementación posterior a la culminación de las obras hubiera permitido que los costos y tiempos de los vehículos se reduzcan antes de la elevación de los peajes de forma de que el efecto neto a los operadores de los vehículos livianos, buses y carga fuera nulo.

La administración de Luis Castañeda Lossio ha permitido la implementación de la garita de peaje de sur a norte en Puente Piedra antes que se culminen las obras en la Panamericana norte como estipulaba el contrato, lo cual es a todas luces ilegal.

Nos preocupa que Castañeda haya cedido a la empresa los ingresos (4% de todos los ingresos brutos) que debía recibir la Municipalidad de Lima por derecho de concesión, lo cual atenta contra la ciudad al eliminar el ingreso previsto en el contrato de concesión.

 La firma internacional Odebrecht ha estado tratando de vender la concesión por temor a las represalias que el gobierno peruano podría tomar tras conocerse que es una empresa que sistemáticamente ha pagado sobornos en el Perú y en varios países. La gestión de Luis Castañeda Lossio ha cedido y modificado las condiciones del contrato original en relación al peaje con el único objetivo de favorecer a Odebrecht de modo de facilitar su proceso de venta de la concesión. Es por esa razón y no por ninguna otra que se ha adelantado la construcción de la nueva garita y el cobro a la ejecución de las obras faltantes en la Panamericana Norte con las consecuencias lamentables que todos conocemos.

El estilo de gestión sin comunicación ni transparencia sólo es fuente de conflictos en un escenario en donde la población de Puente Piedra espera soluciones concretas a sus problemas de conectividad que implican inversiones menores que no han sido ejecutadas y por las que ha venido pidiendo reiterativamente audiencia con el alcalde y que no han querido ser escuchadas.

Cuando le conviene, Castañeda Lossio presenta todas las obras de esta concesión firmada por la gestión de Fuerza Social como si fueran ejecutadas por la Municipalidad Metropolitana de Lima y no por los concesionarios, pero ha sido incapaz de mejorar las condiciones que pudieran afectar a los vecinos de Puente Piedra.

Durante la gestión de Fuerza Social todas las obras y programas que se avanzaron y ejecutaron fueron ampliamente discutidas con los vecinos que viven en el área de influencia de las intervenciones y sufrieron adecuaciones de acuerdo a las necesidades de la gente. Un ejemplo que la actual administración no sigue con lamentables consecuencias.

Es por ello que EXIGIMOS al alcalde Castañeda que se suspenda la instalación de la garita en Puente Piedra y abra una mesa de dialogo con los vecinos de Puente Piedra para llegar a una solución definitiva de este conflicto.

06 de enero de 2017

Comité Ejecutivo Nacional

Partido Descentralista Fuerza Social