Pronunciamiento del Partido Descentralista Fuerza Social frente al proyecto Tía María y los sucesos en Islay

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El Partido Descentralista Fuerza Social se dirige a las autoridades del gobierno y a la opinión pública nacional para expresar lo siguiente:

  1. La movilización y resistencia de los agricultores del Valle de Tambo en Arequipa y de los pobladores y autoridades de los distritos aledaños en la provincia de Islay, responde a su legítima preocupación por el impacto del proyecto minero Tía María sobre el ambiente y la posible contaminación de aguas, aire y suelos agrícolas en uno de los valles importantes de la costa sur del país. Hay que recordar que los especialistas de Naciones Unidas (UNOPS) formularon más de 130 observaciones al Estudio de Impacto Ambiental anterior presentado para justificar el proyecto minero Tía María.
  2. El temor de los agricultores de Tambo respecto de los posibles daños ambientales sobre esas tierras, que son sus medios de vida y la base principal de producción de alimentos para la región, adquiere mayor sustento si se tiene en cuenta los negativos antecedentes de la empresa Southern, dueña del proyecto Tía María, y cuya historia de abusos y depredación ambiental en los valles de Moquegua, provocada por sus otras actividades de minería y fundición es ampliamente conocida en la región y el país.
  3. La reacción del gobierno, además de tardía, se ha basado una vez más en el error de atribuir el conflicto a una conspiración de “azuzadores” anti-mineros, desconociendo la posible legitimidad y justicia de las demandas planteadas; y convocando a “mesas de diálogo” que hasta hoy solo han mostrado su ineficacia, por la absoluta falta de confianza que inspiran las autoridades del gobierno y los voceros de la empresa Southern.
  4. En adición, el gobierno se ha mostrado incapaz de controlar los desbordes represivos de la policía que ya han cobrado una víctima mortal y varios heridos por el uso ilegal de armas de fuego contra los pobladores, además de las burdas maniobras de provocar y “sembrar” armas entre los manifestantes para luego acusarlos de promotores de la violencia. Un medio de prensa fue cómplice de esta maniobra haciendo en este caso de su actividad periodística “el más vil de los oficios”.
  5. Frente a la gravedad de la situación planteada y dado el riesgo de que el conflicto escale a mayores niveles de violencia, Fuerza Social demanda:
  •  La mayor transparencia e imparcialidad del gobierno frente a las distintas posiciones expresadas en el conflicto. Ello supone en lo inmediato someter el nuevo Estudio de Impacto Ambiental a la revisión y evaluación de un organismo independiente que ofrezca garantías de objetividad a todas las partes (puede ser el mismo UNOPS) con el fin de determinar si efectivamente se han levantado todas las observaciones de fondo formuladas el estudio inicial. Los resultados de esa evaluación serán fundamentales para una decisión respecto al futuro del proyecto. Esta actitud es indispensable para restablecer la confianza frente a agricultores y pobladores del Valle de Tambo.
  • El cese de la represión y persecución contra los dirigentes de las movilizaciones; destitución y sanción de los mandos policiales responsables de la desmedida y contraproducente represión ejercida en el valle y de las maniobras provocadoras contra los manifestantes.
  • El restablecimiento del diálogo sobre la base de la transparencia e imparcialidad del gobierno. Orientar las mesas de diálogo a la conformación de un Consejo de Desarrollo de la Provincia de Islay, integrado por representantes legítimos de los agricultores y pobladores, autoridades locales y del gobierno regional, así como representantes de los ministerios y entidades del gobierno nacional. Este Consejo deberá encargarse de formular un plan debidamente financiado que atienda efectivamente las demandas planteadas por la población respecto de educación, salud, infraestructura, seguridad ciudadana y promoción productiva.

26 de abril de 2015

Comisión Política

Partido Descentralista Fuerza Social

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POR UNA SALIDA POLÍTICA Y NO VIOLENTA AL CONFLICTO EN CAJAMARCA

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1) Los sucesos de Celendín y Bambamarca, que han costado 4 vidas humanas y que rechazamos con firmeza, son consecuencia de una política seguida por ambas partes en este conflicto, y enconan aún más las posiciones, haciendo posible que ocurra una escalada de violencia. Eso es lo que hay que evitar. El gobierno debe reconocer que la represión no resuelve los conflictos, sino que echa más leña al fuego. Los dirigentes de la protesta en Cajamarca deben llevar al movimiento a una solución política evitando el callejón sin salida ante el que se encuentran.

2) La minería es necesaria para el desarrollo del país, pero no se puede imponer a sangre y fuego a una población que ha tenido una muy mala experiencia con Yanacocha. Hace tres días varias organizaciones políticas reclamamos al Presidente Humala que dialogue con los dirigentes de la protesta cajamarquina; pero se ha preferido la represión e imponer el Estado de Emergencia, usado inmediatamente para la detención abusiva del líder ambientalista Marco Arana, cuando estaba sentado pacíficamente en una banca de la Plaza de Armas. También allí ha habido soberbia. Eso es ineficaz y contraproducente, repite el libreto seguido en Espinar, pareciendo que nada se ha aprendido.

3) La fuente del conflicto es que la población ha perdido confianza en el papel arbitral del Estado, por tanto éste necesita un shock de confianza con medidas radicales como:
a/ Recuperar para el MINAM una real autoridad ambiental, consistente en la evaluación y aprobación de los Estudios de Impacto Ambiental, que deben salir del Ministerio de Energía y Minas, que no puede ser juez y parte. Proponemos que en el Congreso se presente ya un proyecto al respecto.
b/ Mostrar más firmeza ante la empresa, exigiéndole un compromiso explícito y público.
c/ Poner en la mesa de diálogo todas las posiciones sobre Conga para que haya un amplio debate técnico, teniendo en cuenta no sólo el peritaje mandado hacer por el gobierno, sino las observaciones del MINAM al EIA de Conga siendo ministro R. Giesecke y el peritaje del Dr. Moran. Una salida sería un serio estudio hidrogeológico, que falta, con todas las garantías de rigurosidad e imparcialidad, para decidir razonadamente si Conga es o no viable; dejando en suspenso mientras tanto toda acción del proyecto.
d/ Redefinir en consenso la relación entre minería y desarrollo en Cajamarca y el papel de la agricultura, ganadería y turismo.

4) Recordemos que la política no consiste en aniquilar al adversario, que no es enemigo, ni en extremar las tensiones, sino en tejer consensos. Apoyamos una mediación para posibilitare el diálogo. Llamamos a todas las fuerzas de izquierda, democráticas y liberales, así como al Congreso de la República, a colaborar para desactivar las posiciones extremas y encontrar una salida dialogada al conflicto, evitando más muertes.

5 de Julio de 2012
Comisión Política de Fuerza Social

LLAMAMOS CON URGENCIA AL DIALOGO PARA UNA MINERÍA RESPETUOSA DEL AMBIENTE Y CON LICENCIA SOCIAL

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¡NO MÁS MUERTES NI VIOLENCIA!

 Nos encontramos nuevamente en medio de hechos que rechazamos: enfrentamientos violentos, muertes de civiles, incendios, policías y civiles heridos, detenciones, acusación de autoridades y líderes, a raíz de conflictos socio ambientales que no son atendidos oportunamente (mediante) el diálogo, sino con el envío de gran número de policías.

 Ante esta situación nos dirigimos a la opinión pública para expresar lo siguiente:

  1.  Consideramos que la política de oídos sordos y desprecio estatal por las demandas y propuestas de la población, la respuesta puramente represiva y la criminalización de la protesta, es un error que tiene costos humanos, políticos y económicos muy altos. Los hechos señalados configuran una delicada situación en el país, que en primer término debe conducir al gobierno del Presidente Humala a una profunda revisión de sus políticas relacionadas con el manejo de los conflictos sociales, el uso de los recursos naturales y la regulación de las industrias extractivas.
  1. El gobierno y la sociedad peruana en su conjunto deben partir reconociendo que detrás de la movilización popular en Espinar, Cajamarca y en muchos otros lugares hay una justa reivindicación de la dignidad y derechos de los pueblos y se expresan legítimas expectativas por mejores condiciones de vida que sólo pueden ser satisfechas impulsando en el país un modelo de crecimiento efectivamente inclusivo, que se apoye en el uso sostenible de los recursos naturales, en su transformación con mayor valor agregado y que respete el medio ambiente.

Por estas razones proponemos:

  1. La minería es necesaria para el desarrollo del Perú y no se puede prescindir de ella, pero los beneficios de esta actividad dependen estrictamente de que (i) la explotación minera se realice respetando rigurosamente los derechos de las poblaciones y el derecho a la consulta previa; (ii) se reduzcan al mínimo los impactos ambientales, principalmente sobre el agua, con el uso de las tecnologías más modernas; (iii) se mitiguen los pasivos generados y (iv) se aporte sustantivamente a la mejora de las condiciones de vida, al empleo y la infraestructura en los territorios donde operan.
  1. Para hacer posible una minería sostenible con capacidad de convivir armónicamente con las demás actividades, en particular con la agricultura, debe restablecerse la autoridad ambiental del Estado y su papel fundamental en defensa y protección del bien común y de los sectores más vulnerables de la sociedad. Ello supone (i) el fortalecimiento del Ministerio del Ambiente, dotándolo de competencias y atribuciones para la gestión del agua y los bosques y para los estudios de impacto ambiental; y (ii) un acuerdo de ordenamiento territorial y ZEE que establezca donde se puede realizar minería y dónde no, con los gobiernos regionales y locales, evitando socavar las atribuciones de éstos.
  1. En el corto plazo y ante el Estado de Emergencia impuesto en la provincia de Espinar, consideramos aún más urgente (i) retomar el diálogo sobre los problemas que son la base del grave conflicto suscitado en los últimos días. Desde hace tiempo las organizaciones de Espinar han venido alertando sobre los problemas en el manejo ambiental y económico de la mina Tintaya. Pero no se ha atendido una exigencia que debió ser satisfecha en su momento como es la reformulación del Convenio Marco firmado por la anterior empresa propietaria de la mina, BHP Billiton Tintaya, con la Municipalidad de Espinar y organizaciones de la comunidad. La desatención de estas justas demandas ha provocado la acción descontrolada de algunos grupos violentistas que llegaron al extremo de incendiar el local de la fundación Tintaya y al secuestro y vejación del fiscal Provincial, hechos que condenamos categóricamente.
  1. (ii) Este diálogo debe llevar al levantamiento del Estado de Emergencia y liberación de los detenidos, entre ellos dos funcionarios de la Vicaría de la Solidaridad de Sicuani, y el alcalde de Espinar; y (iii) a compromisos tanto de la empresa como del Estado y las autoridades y organizaciones para asegurar el mayor cuidado ambiental de la zona dentro de un reformulado Convenio Marco con nueva empresa propietaria de la mina, Xtrata Tintaya. (iv) El desarrollo de Espinar debe ser el norte principal de las acciones del gobierno central, en estrecha coordinación con los gobiernos regional y provincial.
  1. En el caso de Cajamarca, invocamos al diálogo inmediato que convoque a todos los involucrados sin exclusiones, y que ponga sobre la mesa los temas fundamentales siguientes: (i) la revisión del estudio de impacto ambiental del Proyecto, del peritaje encargado por el gobierno, de los peritajes realizados por cuenta del gobierno regional y del documento producido por el MINAM en la gestión de Giesecke-De Echave; (ii) las condiciones planteadas por el Presidente Humala para la ejecución del proyecto; (iii) el cese de todas las medidas de enjuiciamiento y represión de los dirigentes y autoridades locales; (iv) las propuestas para el desarrollo integral de la región Cajamarca y el papel de la minería y el agro en este desarrollo.
  1. Consideramos necesario advertir al gobierno nacional, a la empresa, al gobierno regional y a las organizaciones sociales involucradas que conducir el conflicto en Cajamarca a una polarización con extremos irreductibles en términos de “Conga va” versus “Conga no va” podría llevar a una confrontación violenta con gravísimas consecuencias sociales y políticas que deben evitarse a toda costa. Es a través del diálogo con la agenda mencionada y basado en el análisis objetivo de los estudios y en la voluntad de todas las partes por encontrar una salida negociada y pacífica al conflicto, que se podrá determinar si hay argumentos convincentes para decidir si el Proyecto Conga, bajo qué condiciones y costos, es o no viable.

Reiteramos la invocación al diálogo y el firme rechazo de cualquier acto de violencia o de represión, que sólo favorecen a los extremos del espectro político, no al pueblo, y socavan nuestra frágil democracia, que es prioritario fortalecer y defender ante el riesgo de nuevos autoritarismos o violaciones de los derechos humanos.

 

COMITÉ EJECUTIVO NACIONAL DE FUERZA SOCIAL

Lima, 1 de junio de 2012