PRONUNCIAMIENTO – Ley de Empleo Juvenil

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Frente a la reciente aprobación de la Ley N° 30288, Ley que Promueve el Acceso de Jóvenes al Mercado Laboral y la Protección Social, el Partido Descentralista Fuerza Social expresa a la opinión pública lo siguiente:
1. El Congreso aprobó el régimen especial laboral para personas desocupados entre 18 y 24 años de edad con el supuesto objetivo de reactivar la economía y promover la empleabilidad de los y las jóvenes. Además, una de las principales razones expuestas para justificar la necesidad de esta ley es la reducción de la informalidad y la mejora de las oportunidades de acceso al mercado formal de trabajo. Sin embargo, lejos de promover el empleo en condiciones dignas, esta ley vulnera los derechos laborales de las y los jóvenes trabajadores, desconociendo su derecho a las gratificaciones, la Compensación por Tiempo de Servicios-CTS, el seguro de vida, la asignación familiar y las utilidades de la empresa. Estos no son simples beneficios o favores del gobierno, sino son derechos fundamentales de las personas que han sido producto de una larga conquista histórica.

2. En ese sentido, RECHAZAMOS las afirmaciones de quienes señalan que la ley en cuestión no recorta derecho alguno, aduciendo que los jóvenes en situación de desempleo o empleo informal en realidad “no pierden lo que nunca tuvieron” y que es preferible “tener la mitad de derechos a no tener nada”. Los derechos laborales son derechos humanos que, por definición, son consustanciales e inherentes al ser humano; por tanto nunca se pierden o renuncia a ellos. En consecuencia todos los jóvenes en empleo informal debería acceder a todos los derechos laborales por que no son trabajadores de segunda categoría. Resulta vergonzoso, además, que con esta ley el gobierno esté atropellando no solo la base constitucional interna, sino la normativa internacional a la que el Perú se encuentra suscrito.

3. La ley pretende legitimarse con el discurso falaz de la reducción de la informalidad. Sostenemos que NO está probado que efectivamente la referida ley reduzca la informalidad, para lo cual más bien se requiere de medidas integrales relacionadas con la educación, incentivos económicos, la fiscalización laboral, cambios culturales, entre otros. Además, se ha dicho que este nuevo régimen tendría carácter temporal de 5 años. La experiencia de la Ley MYPES, vigente desde hace más de 10 años, nos enseña que este tipo de medidas ni contribuyen con la reducción real de la informalidad ni son creíbles los anuncios de temporalidad.
4. Esta ley resulta además discriminatoria e inconstitucional, en tanto contraviene el artículo 26 de la Constitución, que señala que son principios que deben promover las relaciones laborales “la igualdad de oportunidades sin discriminación y el carácter irrenunciable de los derechos reconocidos por la Constitución y la ley. También se vulnera el principio laboral de “a igual trabajo, igual remuneración o derechos”. Como vemos, esta ley es abiertamente discriminatoria respecto de un grupo específico de la sociedad, los jóvenes, y entre ellos mismos (el grupo empleado formalmente vs. el grueso informal), agravando su situación de vulnerabilidad.

5. Creemos firmemente que quienes en realidad resultan beneficiándose de esta ley son los medianos y grandes empresarios, quienes reducen sus costos y los trasladan a los trabajadores, profundizando una relación arbitraria e injusta entre el capital y el trabajo.

6. Por todo ello, DENUNCIAMOS que el gobierno está disfrazando una nueva modalidad de precarización del trabajo y contratación de mano de obra barata bajo la imagen de legalidad, institucionalizando una situación a todas luces injusta y discriminatoria; legislando en beneficio de intereses particulares y abandonando el Estado su rol garante de derechos.

7. Por todo lo expuesto, EXIGIMOS LA DEROGATORIA de la Ley N° 30288 e INSTAMOS al Congreso de la República a que elabore políticas públicas que garanticen los derechos y que reivindiquen la dignidad de las personas; así como que se promueva un amplio debate público sobre la necesidad de reformar el marco legislativo laboral, legado de las políticas de flexibilización laboral del gobierno de Fujimori.

8. Por ello NOS SUMANOS a la “Marcha Contra La Ley Juvenil Explotadora” convocada por los diversos colectivos y organizaciones en defensa de los derechos de las y los jóvenes trabajadores

9. Llamamos a todas las fuerzas sociales y políticas a iniciar un proceso de lucha y de diálogo, a fin de consensuar una alternativa al modelo económico y a las políticas laborales, que respondan con equidad, inclusión y justicia social, a las aspiraciones de los jóvenes y toda la ciudadanía en el país.

Lima, 17 de Diciembre del 2014

Partido Descentralista Fuerza Social
Comité Ejecutivo Nacional