Vamos a la marcha del 14 de marzo: ¡la lucha contra la corrupción es importante!

Marcha contra la Corrupción 16F

Gustavo Guerra-García

Escribe Gustavo Guerra-García

La dirigencia de la CGTP convocó a una marcha contra la corrupción y contra la impunidad. Existe una intensa sensación de que sólo nos queda pelearla en las calles. Yo me adherí a esa marcha como muchos y lo ocurrido ayer me anima a decir lo siguiente:

En el mundo y en el Perú existe la pequeña corrupción y la gran corrupción. Hoy los peruanos presenciamos una vez más cómo muerde la gran corrupción en donde más le duele a un país; en el recorte de las oportunidades para los peruanos, en los colegios que no se construyen, en los hospitales que no se ejecutan, en el desarrollo agrario que no se logra, en la logística policial que no tenemos.

Históricamente, la gran corrupción se ha registrado en los grandes proyectos de riego, en las grandes carreteras o en algunos sistemas de transporte como Metros o Aeropuertos. En los últimos 35 años, tenemos registro de la corrupción de la gran obra desde el primer gobierno de Alan García con Chavimochic y Charcani V. En estas dos obras, hay pruebas de sobornos en Brasil con registro de depósitos al presidente de INADE el señor Jorge Ramos Ronceros, ocurridos durante el primer gobierno de Alan García. También de esa época es la denuncia de Sergio Siragusa que señala que entregó sobornos para el presidente García por la ejecución de la Línea 1 del metro, que en ese entonces se denominaba Tren Eléctrico. Las transferencias del soborno se depositaron en cuentas a nombre de Alfredo Zanatti, que era el Maiman de aquellos tiempos. Los otros escándalos de corrupción del primer gobierno de Alan García no estuvieron vinculados a obras públicas sino a Los Mirage, los depósitos de las reservas en l BCCI, la política del tipo de cambio múltiple (dólar MUC) y otros.

Luego, durante el fujimorato, 1,800 millones de dólares se evaporaron por corrupción comprobada por la Iniciativa Nacional Anticorrupción que impulsó el presidente Valentín Paniagua. En dicho gobierno, los expertos internacionales estiman que al menos US$6,000 millones se perdieron como consecuencia de la corrupción y ello convirtió al gobierno del ex presidente Fujimori en uno de los más corruptos de la historia de la humanidad.

Entre 1990 y el año 2001, se firmaron 30 contratos de los 67 contratos firmados por Odebrecht con entidades públicas peruanas y 35 más (firmados por el gobierno nacional y entidades subnacionales) se firmaron en los siguientes tres gobiernos de García, Toledo y Humala. Durante el fujimorismo la corrupción significó gastos en armamento cuantiosos gastados después del conflicto con el Ecuador, algunas privatizaciones que desnacionalizaron la economía estuvieron asociadas a corrupción y también se registraron obras sobredimensionadas como la presa de Cuchoquesera (ejecutada por Odebrecht) en Ayacucho en donde cada hectárea irrigada costó US$50,000 dólares cuando el valor de mercado de las mejores tierras del Perú estaban en ese entonces en US$7,000 dólares: US$43,000 dólares de pérdidas en un solo proyecto ejecutado durante el fujimoristmo por Odebrecht. Una muestra de la gran corrupción generada en los grandes proyectos de riego.

Luego de unos pocos años de purificación temporal con Valentín Paniagua y el inicio del gobierno de Toledo, el poder corruptor de las empresas brasileras logró que el gobierno del Perú pase de las obras a las Mega Obras. El punto de inflexión fue la Interoceánica del Sur. Una obra en la que se mintió al país con beneficios falsos para la carretera. Se inventó que aumentarían las hectáreas cultivables de 90,000 a 180,000 sólo como consecuencia de la carretera y que la rentabilidad promedio sería de 85%. Con esas mentiras se inflaron US$600 millones de dólares de beneficios para justificar una obra en concreto asfáltico, que es el tipo de solución más cara para una carretera.

Para ocultar que el estudio de factibilidad era mentiroso se exoneró el proyecto vial del Sistema de Inversión Pública. Esa fue la primera obra vial que se exoneró del SNIP. Una decisión que no es ilegal, per que desencadena otras decisiones que tampoco eran ilegales, pero que ponen al Estado y a la sociedad peruanas en una posición de indefensión.

Luego el gobierno decidió licitar, por primera vez, una Carretera sin estudio definitivo de ingeniería. Eso encarecía la formulación de las ofertas y reducía la competencia.

Se licitó sólo con tramos muy grandes que generaba que las empresas nacionales no puedan competir con las brasileras. Se licitó a velocidad de crucero perjudicando la competencia. Como consecuencia de lo anterior no hubo competencia y sólo se presentó un postor.

Se licitó a menor subsidio, pero como nadie sabía cuánto costaba la obra, se incluyó una clausula en el contrato que establecía que el presupuesto de las obras dependería de los estudios definitivos de ingeniería que elaborarían los ¡concesionarios! y que revisaría, posteriormente, Ositran. Esto permitió que las obras pasen de US$890 millones a US$2,300 millones durante el gobierno de Alan García a través de múltiples addendas.

Al no tener estudios definitivos de ingeniería, no hubo estudio de impacto ambiental antes de la firma de contrato. Menos evaluación estratégica ambiental. Las pérdidas para la sociedad equivalen a  US$1,700 millones y las sobre-ganancias de los constructores ascienden a US$340 millones. La obra de la Interoceánica del Sur tenía un tráfico muy bajo y bastaba con unos US$600 millones para edificarla con pavimentos económicos. 12 años después el único bosque de la selva no desforestado el 2005, es el reino de la tala ilegal, la minería ilegal y la trata de personas. Una lástima haber desaprovechado una oportunidad de utilizar esos recursos para definir intervenciones que hubieran cambiado el paradigma de desarrollo de la selva.

La interoceánica del Sur no estaba en las prioridades del MTC. No estaba en el Plan 2006-2023. Debieron hacerse primero IIRSA Centro e IIRSA norte, pero fueron postergadas porque costaban menos que la Interoceánica del Sur (aunque tenían mucho más impacto económico).

A finales del gobierno de Toledo se dio una Ley con nombre propio cambiando las causales de impedimento para contratar con el Estado (aprobada por la Comisión Permanente) y volando los límites de endeudamiento. Eso permitió que Odebrecht pueda firmar la Interoceánica del Sur, IRSA Norte, IIRSA Centro, Olmos, Línea 1 del Metro etc. Esto generó un cambio de Poder. Nadie en el Perú antes del 2005 había logrado tener contratos por entre US$3,000 y US$4,000 millones. El volumen de estos contratos genera que se produzca un enorme cambio de poder. Esos recursos que nadie tenía en el Perú de forma conentrada provocaron muchas de las firmas de ingeniería, estudios de abogados, medios de comunicación, comunicadores y empresas constructoras nacionales se articularan a este nuevo poder como proveedores. Los que señalamos los problemas de las decisiones que pusieron en posición de indefensión al Estado fuimos aislados laboral y mediáticamente y en mi caso, además, declarado persona no grata en Cusco, Puno, Madre de Dios y Arequipa con avisos pagados a toda página.

Todas las decisiones irregulares y que ponían en posición de indefensión al Estado fueron señaladas desde la izquierda –principalmente por el PDS, germen de Fuerza Social- desde el 2005 y estuvieron sobre la superficie. No requerían más investigación que mirar las bases y el modelo de contrato. La Contraloría General de la República, el Ministerio Público y las Comisiones del Congreso no hicieron nada efectivo en 11 años.

La decisiones de política pública eran tan equivocadas que no es extraño que hoy sepamos que fueron lubricadas por un sistema de coimas que se conocen hoy por la capacidad e independencia de los sistemas judiciales y fiscalías de Brasil, Suiza el Reino Unido y los EE.UU. Pero, por mucho tiempo no existieron pruebas que hoy sí tenemos desde el 2014 gracias a los sitemas judiciales de Brasil, Reino Unido, Suiza y EE.UU.

Esta es una BUENA época para Latinoamérica y el Perú. Hace 12 años yo no pensé que iba a vivir para ver presos a los cinco presidentes del cartel de empresas brasileras con sentencias de más de 15 años. El crecimiento depende del tamaño de la inversión y del retorno de la inversión. Proyectos como la Interoceánica del Sur que han costado mucho más que sus beneficios generan una reducción de las oportunidades para todos los peruanos y un achicamiento del bienestar. Decenas de miles de empleos se pierdan en todas las obras que se dejan de hacer por la corrupción.

El gobierno del Perú ha dado decretos que señalan que las empresas brasileras deben pedir permiso al Estado peruano para vender sus activos. Tardía y débil decisión. La norma llega muy a destiempo pues el alcalde de Lima ya autorizó la venta del 100% de la concesión de OAS y del 77% de las acciones de la concesión de Odebrecht. Y, además debe decirse que se han hecho varios cambios ilegales sólo para facilitar las ventas de los activos de las concesionarias. A Lima el alcalde actual le ha quitado obras como Rio Verde en el Rímac, Intercambio Vial Canta Callao en Los Olivos, Los Viaductos entre San Juan de Lurigancho y el centro Histórico y el viaducto de la Separadora Industrial (La Molina), que ya estaban en los contratos con el único objetivo de bajar las inversiones privadas y mejorar el valor de venta para que fuguen los capitales brasileros hacia su país en donde a Odebrecht si le exigen reparaciones grandes de alrededor de US$3,000 millones.

El Perú merece un enorme plan de reparaciones por las pérdidas sociales que han ocasionado las empresas brasileras que han sobornado funcionarios. Por ello, debe decirse que están dadas todas las condiciones políticas y jurídicas para el embargo de todos los bienes, cuentas y activos de estas empresas como viene ocurriendo en todos los países afectados menos el Perú. Y como ni la fiscalía ni la procuraduría se lo han solicitado al Poder Judicial, sólo nos queda el pueblo organizado, la CGTP y los ciudadanos del Perú para reclamar. Por eso, apoyo la movilización convocada por la CGTP que ha tenido la adhesión de las organizaciones políticas de izquierda y seguiré apoyando y participando en sus convocatorias.

Marcha contra la corrupción 16F

Quiero terminar diciendo que hoy tenemos un presidente preso y 3 presidentes más están en riesgo de terminar presos. Pero al lado de estos problemas hay peruanos que en su actividad política actuaron con total integridad personal como José Carlos Mariátegui, Jorge Basadre y Víctor Raúl Haya de la Torre. En tiempos más recientes, Fernando Belaunde, Valentín Paniagua y Javier Pérez de Cuéllar demostraron su integridad de forma plena. Otros peruanos íntegros que además tuvieron el valor de enfrentarse a los poderosos y siempre estuvieron del lado del pueblo son: Horacio Zeballos, Jorge del Prado, Alfonso Barrantes y Javier Diez Canseco. Y creo que sobre el ejemplo y el legado de estos cuatro líderes, la CGTP edifica un segundo piso de ciudadanía en momentos difíciles para la patria. Y con esto cierro diciendo que por cada político que cayó en las redes de la corrupción hay miles de peruanos esforzados y muy trabajadores que son personas honestas y resueltas a defender los intereses de la Nación. Creo que hoy las movilizaciones que convoca la CGTP nos devuelven la fe en el destino del Perú y de los peruanos. Nos vemos el 14 de marzo en la Plaza 2 de mayo.

17 de marzo de 2017

EN FAVOR DE LA MORAL DE LA NACIÓN, EN REPUDIO A LA CORRUPCIÓN

FS

El Partido Descentralista Fuerza Social condena y lamenta los actos de corrupción que se vienen descubriendo y que involucran a las más altas autoridades de diversos Gobiernos que ejercieron el poder después de la dictadura fujimorista, en donde se estructuró, desde el Estado,  un andamiaje corrupto que gobernó el país. Asimismo, nuestro Partido exige a las autoridades competentes como el Poder Judicial y el Ministerio Público que sean inflexibles con estos actos de vesanía cometidos por aquellos que se irrogaban calidad moral lo cual los descalifica doblemente. Instamos al Congreso de la República a dejar trabajar con autonomía a estas instituciones del Estado Peruano.

Esta aciaga situación que atraviesa nuestra patria demuestra palmariamente que el mercado no se regula solo y que los mecanismos de control eficientes e independientes del Poder son necesarios para mitigar o desincentivar acciones de corrupción en cualquiera de los niveles del Estado. Asimismo se debe tomar conciencia que los intereses privados están sujetos al interés Público y que las empresa privadas en el Perú que hayan participado en actos de corrupción deben ser sancionadas de manera ejemplar para dar signos claros que el Estado Peruano, que representa los intereses del pueblo, es digno y ejerce soberanía frente a los intereses particulares que únicamente ven en la utilidad el incentivo de sus actividades.

Nos indigna profundamente que la transición democrática que se inició con el Dr. Valentín Paniagua se haya enturbiado con los actos de latrocinio al erario nacional. Esto es una demostración más que el crecimiento económico debe estar supeditado a la conformación de instituciones republicanas sólidas y no al revés, en donde el crecimiento económico se ha convertido en un fin en sí mismo pero sin un correlato institucional que evite este tipo de atentados contra la Nación.

Somos conscientes de la gravedad de la situación y del peligro para nuestra Patria pues son en estos momentos en donde los radicalismos de izquierda o de derecha encuentran mayor ocasión para desplegar sus acciones ante la anomia y la ausencia de un rumbo claro de los destinos del país. Sin embargo también encontramos en esta oscura etapa de la patria la posibilidad de convocar a los hombres y mujeres de buena voluntad, de todas las tendencias democráticas en donde la decencia sea un valor incontrovertible, a unirse al llamamiento de la Nación que requiere de la presencia de sus mejores hijos para participar activamente en la Política y no dejar ésta en manos de improvisados y mercaderes o usurpadores del Gobierno de las mayorías.

Nos aunamos con firmeza al llamamiento de los Partidos, gremios, colectivos, asociaciones, que aún creen en el futuro de la Nación y en la idea que el Perú no solamente es un problema sino una inmensa posibilidad, a la marcha de este jueves 16 de febrero de 2017 en defensa de la integridad moral de nuestro país y para que el flagelo de la corrupción sepa que hay un pueblo atento que no la dejará gobernar, desde el Estado, a un pueblo que sí aprende  de su historia.

Lima, 15 de febrero de 2017

Comité Ejecutivo Nacional
Partido Descentralista Fuerza Social

Vínculos del alcalde Castañeda Lossio con escándalo de corrupción brasilero “Lava Jato”

FS

Fuerza Social denuncia indebida negociación entre ex funcionaria de Castañeda y encarcelado ex presidente de OAS para anulación del Proyecto Río Verde

Durante el segundo gobierno municipal del partido Solidaridad Nacional, Luis Castañeda Lossio, firmó un contrato con la empresa brasilera OAS para el desarrollo del proyecto “Línea Amarilla”. El contrato era “entreguista” y los ingresos por peajes eran desproporcionalmente elevados en relación a los compromisos de inversión. Además, era socialmente inviable, pues perjudicaba a los pobladores de la margen izquierda del Río Rímac, al establecer un techo de US$5,000 de compensación por la compra de cada predio en el área del proyecto.

El gobierno 2011-2014 de Fuerza Social logró renegociar el contrato a fin de obtener condiciones más favorables para la ciudad en el marco del renombrado megaproyecto “Vía Parque Rímac”. Así, se estableció: i) más de US$200 millones adicionales de inversiones; ii) que el 7% de los ingresos por peajes sean transferidos a la MML; iii) la recuperación y reverdecimiento de la ribera del río Rímac (Proyecto Río Verde) ; iv) que los propietarios y posesionarios afectados reciban una compensación como mínimo de US$30,000 por cada predio; v) así como la reubicación consentida de la comunidad shipibo conibo asegurándoles mejores condiciones de vivienda.

Según un reportaje de IDL Reporteros, en la investigación del escándalo de corrupción de “Lava Jato”, se han encontrado evidencias -en el teléfono del encarcelado ex presidente de OAS- de que la ex gerente de Promoción de la Inversión Privada,  Giselle Zegarra, actuando en representación de Luis Castañeda Lossio, negoció ilegalmente, y antes de que el alcalde de Lima asuma su tercer mandato, condiciones importantes del contrato del proyecto en cuestión para favorecer a OAS.

Como consecuencia de este tráfico de influencias y usurpación de funciones, se procedió a desmontar el proyecto Río Verde y, en su lugar, se decidió ejecutar un by pass en la avenida 28 de julio, indebidamente financiado con los peajes de los vehículos que circulan por la Vía de Evitamiento. Dicho bypass presenta serias irregularidades, incluyendo un expediente técnico inconcluso, la poca claridad del costo del mismo y la inutilidad para solucionar el problema del transporte en la ciudad.

Por todo lo anterior, EXIGIMOS que el Ministerio Público, el Congreso de la República y la Contraloría General de la República inicien las investigaciones de este gravísimo caso, que no es más que la extensión en el Perú de los tentáculos de corrupción que han dañado a la sociedad brasilera.

Fuerza Social se reafirma en la defensa de los intereses públicos por encima de los intereses particulares, en la lucha frontal contra la corrupción en todas sus formas y en la construcción de una ciudad sostenible, con mayores espacios públicos, más humana y con mejores condiciones de vida para todos y todas sin distinción alguna.

Lima, 22 de octubre de 2016

Comité Ejecutivo Nacional

Partido Descentralista Fuerza Social