PROGRAMA MÍNIMO – Fuerza Social

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Documento de Discusión Nº 5

Lineamientos y Prioridades de nuestro Programa Mínimo

  1. Entramos a la vida política conscientes de que nuestro país necesita resolver de manera urgente sus problemas más graves, los que no han sido enfrentados de forma adecuada por ninguno de los gobiernos anteriores, ni por el actual. En los últimos 20 años los índices de pobreza casi no han variado, determinando que esta sea uno de los fenómenos más estables de nuestra sociedad, con la mitad de familias peruanas en condición de pobres y un quinto en condición de extrema pobreza.
  2. Cada año, cientos de miles de jóvenes ingresan al mercado laboral, con bajas probabilidades de encontrar un empleo formal digno y adecuadamente remunerado. Miles de ellos deciden dejar el país, o lo que es peor, volcarse a actividades ilegales. La vida de la mayoría de peruanos está marcada por profundos procesos de exclusión, de desesperanza e inseguridad. Al 50% que ya vive en pobreza, se le agrega un 20% adicional que está en riesgo permanente de caer otra vez en la pobreza por enfermedad, por robos menores o por desastres naturales, haciendo que siete de cada diez personas necesiten (pero no tengan) una red mínima de protección social que les permita salir de manera definitiva y sostenible de la pobreza.
  3. Nuestro crecimiento económico es extremadamente centralista, errático y dependiente, con una precaria base social y tecnológica, donde la distribución del ingreso no mejora en épocas de crecimiento macroeconómico (como la actual) y empeora en épocas de crisis. El grado de exclusión económica y social de enormes sectores de la sociedad peruana ha ido en aumento, mientras seguimos degradando nuestros recursos naturales y biológicos sin mayor consideración por las futuras generaciones.
  4. Como país no hemos sabido encarar nuestros principales retos de desarrollo y nuestra falla central es la carencia de instituciones políticas, sociales y económicas que promuevan el desarrollo sostenible e inclusivo de nuestra economía y sociedad, garantizando derechos elementales a cada peruano y peruana. Las clases dominantes no han sabido (o querido) construir un sistema político que incentive la participación ciudadana en la vida política nacional, que exprese los intereses de quienes representa y que rinda cuentas sobre su accionar. Tampoco hemos podido en conjunto generar un Estado moderno y eficaz, con funcionarios competentes en las áreas críticas del desarrollo, ni hemos sabido instaurar instituciones económicas que promuevan el desarrollo descentralizado y responsable de nuestro territorio, la innovación y las inversiones de largo plazo.
  5. Frente a este contexto planteamos cinco grandes prioridades centrales: (i) descentralizar profundamente el poder y la economía, (ii) construir una red de protección social efectiva para todos los peruanos; (iii) fortalecer y expandir nuestras potencialidades humanas, sociales y territoriales en un mundo competitivo. Estas tres grandes tareas no son viables sin dos tareas adicionales indesligables: (iv) la profunda reforma institucional tanto del Estado y sus formas de organización, como de las reglas y valores que rigen el funcionamiento de nuestras empresas y organizaciones de la sociedad civil , y (v) el desarrollo de la democracia como efectivo reparto del poder en la sociedad, como participación en la toma de las decisiones que afectan nuestras vidas, como la efectiva equidad de género y la inclusión en la sociedad y en Estado de la pluralidad y diversidad cultural y lingüística que aportan compatriotas nuestros.
  6. La primera prioridad y tema transversal es la descentralización, que consideramos nuestro proyecto político más ambicioso y de largo plazo. Nos proponemos cambiar radicalmente nuestro mapa político y económico en los próximos veinte años, haciendo que diversas provincias y regiones en costa, sierra y selva se conviertan en espacios de dinamismo económico y social, compitiendo en igualdad de condiciones por atraer la inversión y sus consecuentes posibilidades de generar empleo y mayores ingresos tributarios en su propio ámbito.
  7. Además, es parte esencial de nuestro programa la construcción de un sistema universal de protección social, de educación, seguridad ciudadana y de salud, que otorgue igualdad de oportunidades a nuestros niños y jóvenes, y que mejore nuestro capital humano. Queremos asegurar que en los próximos diez años la mayor parte de peruanos y peruanas tengamos la certeza de que tendremos apoyo solidario para vencer la pobreza de manera permanente y ofrecerle un mejor futuro a nuestros hijos.
  8. Nuestra apuesta programática privilegia las potencialidades de la gente. Valoramos profundamente la capacidad emprendedora familiar y juvenil de los peruanos y peruanas, especialmente de los seis millones de pequeños y medianos empresarios del campo y la ciudad, que han edificado cada nueva área rural y en cada ciudad sus propios espacios de trabajo y desarrollo productivo y social. Queremos que todos los peruanos y peruanas desplieguen sus potencialidades como herederos de una cultura y valores apreciados en todo el mundo. Sobre estos valores y cultura es que proponemos construir una relación económica más justa y equilibrada entre nuestros espacios territoriales y el resto del mundo, haciendo de “lo peruano” una marca de orgullo, única y apreciada en todas partes.
  9. Todo esto requiere de un Estado distinto, que sea capaz de intervenir en forma selectiva para promover actividades con mayor potencial e impacto en empleo y productividad, y que se sustente en procesos de planificación estratégica y alianzas con el sector productivo para el logro de metas colectivas de largo plazo. Además, requerimos empresas competitivas orientadas a generar riqueza e invertir en nuestras capacidades en base a la creación de empleo digno y con derechos. También requerimos de organizaciones de la sociedad civil dispuestas a asumir compromisos más claros con el desarrollo del país, y también a controlar los excesos del sistema contra intereses colectivos, contra la naturaleza o contra los derechos de las futuras generaciones.

Los ejes centrales del Programa Mínimo

Eje 1. Descentralización

  1. Proponemos que el Gobierno Nacional retenga y perfeccione las competencias sobre política y estabilidad macroeconómica, defensa y soberanía nacional, seguridad interna y ciudadana, políticas multisectoriales, y políticas sectoriales para el desarrollo productivo descentralizado; que los Gobiernos Regionales asuman principalmente las competencias y tareas referidas al acondicionamiento del territorio, la competitividad, la inversión y el empleo a generarse a nivel de todas las regiones del país; y asuman decisiones de políticas públicas para el desarrollo económico y social de sus regiones; y que los Gobiernos Locales ejerzan principalmente las competencias y tareas relacionadas con la promoción de la equidad, la igualdad de oportunidades, la gestión de los programas sociales, la seguridad ciudadana y la gestión del medio ambiente.
  2. Consideramos vital relanzar el proceso de formación de regiones fomentando la participación ciudadana y asignando los recursos necesarios e incentivos tributarios para promover la integración armónica y democrática de departamentos en regiones más fuertes y competitivas. Nuestra organización política asume la responsabilidad histórica de darle a las regiones mayor peso económico y político frente al asfixiante centralismo, ampliando sus responsabilidades de decisión, frente a los desafíos de su desarrollo. Nos comprometemos a profundizar el proceso de descentralización respetando la gradualidad pero con la necesaria firmeza para trasladar competencias, capacidades y recursos a los gobiernos regionales y municipales de manera equitativa.
  3. Para fortalecer a las regiones desde sus bases planteamos que las provincias sean unidades de planeamiento y programación del desarrollo territorial descentralizado, dotándolas de capacidades para encargarse del desarrollo de la infraestructura económica urbana y rural y la transformación productiva local. A continuación mencionamos algunas acciones programáticas prioritarias:

a. Llevar a cabo una profunda descentralización fiscal que establezca una participación creciente de las regiones y localidades en la recaudación del Impuesto a la Renta, y propiciar que el domicilio fiscal de las empresas sea fijado en la región donde desarrollan sus actividades. En los próximos cinco años, los gobiernos regionales deberán ejecutar el 30% y los gobiernos locales el 20% del Presupuesto Nacional excluyendo el pago de deuda y pensiones.

b. Propugnar la solidaridad regional de modo que una parte de los recursos provenientes de cánones y regalías se destinen a las localidades más pobres y desfavorecidas de cada región.

c. Modificar la legislación existente para la conformación de regiones para reflejar la heterogeneidad de situaciones en los distintos departamentos y provincias. La legislación deberá adaptarse a estos ritmos y velocidades diferentes, y no al revés.

d. Utilizar activamente el instrumento creado por la Ley de Incentivos para la Formación de Regiones: las Juntas de Coordinación Interregional constituidas por los gobiernos regionales de departamentos que son vecinos. Estas instancias deberán generar propuestas estratégicas de desarrollo en los territorios asociados y definir planes conducentes a una futura integración de los departamentos en una misma región.

e. Reforzar las relaciones entre los departamentos y promover el papel fundamental de las provincias, a fin de mantener abiertas las posibilidades de integración, modificando y perfeccionando en lo que sea necesario las anteriores propuestas de formación de regiones.

f. Convertir a los ámbitos provinciales en distritos electorales para una representación más justa y democrática en el Congreso de la República.

Eje 2. Educación

  1. Reconocemos el derecho de todos los peruanos y peruanas a la educación y proponemos la revaloración de la escuela pública como espacio central de la formación de nuestros niños y niñas como ciudadanos con valores democráticos y con capacidades y saberes que le garanticen un empleo digno en el futuro, consideramos a la escuela como espacio fundamental de ciudadanía, desarrollo de capacidades emprendedoras y lugar privilegiado para la innovación en la sociedad del conocimiento.
  2. Nos comprometemos a aumentar el presupuesto público orientado al sector educación de tal forma que en cinco años se duplique el gasto por alumno, especialmente en la educación inicial y primaria, y donde el mayor gasto esté claramente articulado a mejoras en la calidad y equidad de la educación, con maestros que deberán empezar a recibir remuneraciones atadas a su desempeño
  3. Respaldamos las siguientes acciones en el sector educación:

a. Implementación del sistema nacional de evaluación, acreditación y certificación de la calidad educativa de las escuelas, con participación social;

b. Asignación de recursos a las 12,000 escuelas unidocentes en zonas rurales de nuestro país, donde los niños y niñas apenas reciben hoy 200 horas de clase al año;

c. Universalización de la educación inicial para niños entre 3 y 5 años; y por el apoyo nutricional y atención integral de salud a la población escolar;

d. Reducción de la tasa de analfabetismo en zonas urbanas y rurales, con mayor atención a reducir el analfabetismo en las mujeres campesinas;

e. Dignificación de la profesión docente y democratización del sindicato de maestros;

  1. Planteamos un Ministerio de Educación que se dedique a fijar estándares de calidad y equidad y asegure la distribución de recursos hacia territorios en desventaja. Este Ministerio deberá dejar de decidir sobre contrataciones y nombramientos de maestros y maestras, y deberá concentrarse en regular un sistema de incentivos para mejorar la gestión en términos de calidad y equidad.
  2. Propugnamos darle autonomía y real capacidad de decisión y gestión a los directores de las escuelas y a los padres de familia que son los primeros interesados en la calidad de la educación de sus hijos.
  3. Valoramos la universidad pública como centro de investigación e innovación para el desarrollo y la competitividad nacional.

Eje 3. Salud

  1. Para nosotros, la salud del pueblo peruano es un derecho humano que requiere una Política de Estado de largo plazo integradora e intersectorial, asumiendo la multiculturalidad y biodiversidad de nuestro país.
  2. El eje transversal de nuestra política en salud es la Promoción y Prevención con la participación de las personas y las organizaciones sociales. Así como también la transversalización de la equidad de género en salud como núcleo para el cambio cultural, el cambio en la provisión de servicios, la medición de resultados y la asignación presupuestaria.
  3. Proponemos un modelo de atención integral de la salud, con un enfoque integrador (acciones de salud y acciones de desarrollo socio económico y tecnológico), integración de acciones (promocionales, preventivas, recuperativas y rehabilitadoras), esfuerzos conjuntos (sectores, sociedad civil, comunidad, trabajadores de salud, familia y personas), concertación intra institucional e intersectorial.
  4. Planteamos atención prioritaria a la Salud Infantil en cuanto al crecimiento y desarrollo, prevención de enfermedades prevalentes de la infancia, la atención integral de salud (no sólo enfocada al daño) priorizando a las y los niños menores de 2 meses (esto se fundamenta en que el 60% de la mortalidad infantil menor de un año es expensa de los niños de 2 meses). Así como también a las y los niños menores de 5 años de las zonas de pobreza y extrema pobreza y de las comunidades nativas y alto andinas articulando su capital cultural en salud.
  5. Buscamos garantizar el acceso de todos a un plan básico de salud e implantar el seguro de salud obligatorio de aplicación progresiva que ofrezca diversos planes de salud de bajo costo y proteja a las familias de situaciones catastróficas.
  6. Consideramos importante invertir recursos públicos y privados en la promoción del deporte y la recreación, así como fomentar hábitos alimenticios saludables en todos los grupos poblacionales del país.

Eje 4. Lucha contra la corrupción y defensa de los derechos humanos

  1. Apostamos por el combate decidido y frontal contra la corrupción en todos los niveles en el sector público, sector privado y en las organizaciones sociales, atacando las causas y sancionando tanto al que corrompe como al que se deja corromper. Proponemos impulsar una cultura de la ética, la solidaridad y la democracia, orientada a desterrar la cultura del privilegio; y a propiciar políticas que premien el desempeño probo, transparente y responsable de las y los ciudadanos. Creemos en la imprescriptibilidad de los delitos de corrupción en el sector público.
  2. Nos comprometemos a difundir e impulsar de manera decidida las recomendaciones de la Comisión de la Verdad, su Plan Integral de Reparaciones y de reformas institucionales así como la política pública de derechos humanos, expresada en el Plan Nacional de Derechos Humanos, concertado a través de una amplia consulta nacional, sin exclusiones en materia de derechos sexuales y reproductivos y en derechos de las personas de diferente orientación sexual. Combatimos la impunidad de los delitos de lesa humanidad y cumplimos fielmente con las obligaciones internacionales de nuestro país en materia de derechos humanos.

Eje 5. Reforma del Estado

  1. Afirmamos la necesidad de un Estado moderno, regulador y promotor de la inversión privada, pero a la vez actor crucial en el desarrollo económico y social, en una nueva relación del Estado, con la sociedad civil y el mercado. El Estado debe convertirse en el espacio donde se afirma la inclusión social, proveyendo servicios y procedimientos accesibles, comprensibles y oportunos para toda la población, en especial para los más pobres. Creemos útil el planeamiento estratégico concertado y participativo que oriente las decisiones del desarrollo nacional, regional y local. Creemos en un Estado con funcionarios profesionalizados de carrera, honestos y adecuadamente remunerados de acuerdo a sus capacidades y méritos. Todas las instancias públicas deben estar sujetas a procesos de transparencia y rendición de cuentas a la ciudadanía.
  2. Planteamos la necesidad de algunas reformas constitucionales orientadas a establecer un nuevo conjunto de relaciones entre el Poder Ejecutivo, el gobierno central, los gobiernos regionales y los gobiernos locales, así como entre el Presidente, el Primer Ministro y los ministros; y establecer un Congreso bicameral y un mejor balance de poder entre el Congreso y el Poder Ejecutivo en todos sus niveles
  3. La reforma del Poder Ejecutivo que sustentamos está orientada a:

a. Instituir la gestión estratégica basada en resultados y cimentada en el planeamiento estratégico, la programación a base de objetivos específicos y metas anuales y permanente seguimiento y evaluación por indicadores de gestión.

b. Fortalecer el rol de la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM), la que basada en el planeamiento concertado y las prioridades que surjan del mismo y del trabajo multisectorial asigne los recursos y la inversión pública. La PCM debe tener funciones claras en materia de planificación estratégica, asignándosele el manejo de la programación multianual y del presupuesto de la inversión pública, así como la del sistema nacional de inversión pública, ProInversión y del Centro Nacional de Planeamiento Estratégico;

c. Fortalecer y ampliar las capacidades descentralizadas del Sistema Nacional de Inversión Pública, de tal forma que se asegure una evaluación técnica de los proyectos de inversión, un adecuado retorno social y su coherencia con las políticas y planes estratégicos.

d. Impulsar los Presupuestos Participativos en todas las instancias nacionales, regionales y locales en donde se deciden asignaciones de recursos públicos, fortaleciendo las capacidades de las organizaciones sociales para asegurar una participación equitativa y eficaz.

e. Recuperar para los Ministerios la capacidad de gobierno (planeamiento estratégico, normatividad, asignación de recursos y fiscalización) transfiriendo las demás competencias y personal a los niveles descentralizados.

f. Reordenar la estructura sectorial del Estado para integrar mejor las políticas sociales, ambientales y productivas y resolver los problemas de mayor complejidad que enfrenta el país.

g. Desarrollar una política de servicio de calidad y oportunidad al ciudadano, que reconstruya la relación de las instituciones públicas con la población, con un enfoque de satisfacción al cliente, mediante la reducción de trabas burocráticas, de trámites costosos, de colas y pérdidas de tiempo, y promueva el uso de tecnologías de información y comunicación y ventanillas únicas para la provisión de servicios en zonas alejadas.

h. Implementar una Carrera Pública basada en la meritocracia, que abra las puertas a nuevos profesionales con vocación de servicio y permita transformar el empleo público en una opción de línea de carrera profesional de largo plazo, debidamente remunerada, digna y respetada.

i. Promover la transparencia y la rendición de cuentas de los funcionarios públicos y se implementarán mecanismos de participación y control ciudadano a la gestión.

Eje 6. Políticas de desarrollo económico

  1. Nuestra propuesta económica se orienta a una mayor y mejor integración a los mercados mundiales, sobre la base de políticas públicas internas que superen la reprimarización de la economía y den mayor valor agregado, integración regional, competitividad e inversión en desarrollo humano sustentable. Creemos importante mantener la estabilidad macroeconómica, pero debemos ir más allá, instaurando políticas sectoriales activas que generen empleo digno, promuevan la transformación de recursos en productos de mayor valor agregado, y alienten polos de desarrollo regional que articulen corredores económicos y territorios con mercados dinámicos. Afirmamos que la inversión privada es el eje central de la creación de empleo en el marco de normas promotoras del empleo digno y el respeto al medio ambiente.
  2. Creemos en una estrategia realista de integración comercial con nuestros principales socios comerciales, con dos objetivos principales: la intensificación del comercio y la promoción de la inversión, tomando en cuenta las posibilidades de nuestra oferta exportadora en el corto, mediano y largo plazo, así como las restricciones no comerciales que los acuerdos de integración implican.
  3. Consideramos viable y necesaria la inversión privada en industrias extractivas y de transformación en armonía con el desarrollo local y regional y el respeto del ambiente. Propugnamos una política ambiental agresiva, la misma que debe tener absoluta prioridad en nuestras agendas de gobierno, fortaleciendo la autoridad ambiental.
  4. Creemos en la plena autonomía del Banco Central de Reserva, que debe dirigir una política monetaria y cambiaria que asegure la estabilidad económica del país y la competitividad del sector exportador nacional. Además, consideramos necesario que la política fiscal juegue un rol contra-cíclico en el marco de la Ley de Responsabilidad Fiscal, de manera que se reduzca el impacto de shocks adversos (por ejemplo caída de precios internacionales) sobre la economía y se permita la inversión social constante en las áreas prioritarias para el país y el desarrollo humano.

Eje 7. Infraestructura social y económica

  1. Consideramos crucial resolver el problema de acceso a agua potable de más de un millón de hogares pobres en zonas urbanas, lo cual para ampliar las redes y plantas de tratamiento en las ciudades con mayores problemas de cobertura; atracción de inversión privada en agua y saneamiento en consenso con la población local y municipios en ciudades con mayor capacidad adquisitiva; y con apoyo técnico y subsidios a soluciones técnicas rápidas y baratas para resolver el problema de acceso al agua de la población suburbana sin conexión domiciliaria y con mayor vulnerabilidad.
  2. Queremos impulsar un acuerdo nacional por la modernización despolitizada y eficiente de las empresas de saneamiento con participación de las organizaciones usuarias del agua potable y agrarias, gremios empresariales, mesas de concertación para la lucha contra la pobreza y colegios profesionales.
  3. Promovemos la competitividad territorial de las regiones y provincias a partir del establecimiento de ejes o corredores económicos, en los cuales se pueden concentrar inversiones estratégicas, tomando en cuenta la integración regional latinoamericana y llevando a una mayor igualdad de oportunidades a lo largo del territorio.
  4. Consideramos prioritaria la inversión pública y privada en electrificación rural, vías de comunicación y pequeña y mediana infraestructura de riego.

Eje 8. Desarrollo agrario y rural

  1. Somos conscientes que el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos ha tenido serios problemas de negociación que han terminado perjudicando al agro peruano a nombre de otros sectores favorecidos. En tal sentido, demandamos la creación de un fondo de compensación y reconversión de US$ 200 millones anuales orientado a zonas y tipos de agricultores más afectados por la liberalización comercial.
  2. Proponemos la introducción de diversos instrumentos orientados a mejorar el perfil crediticio de los agricultores: (i) uso de prenda agrícola; (ii) seguro agrario como garantía para préstamos; (iii) planes de negocio; (iv) garantías para agricultores organizados en comisiones de regantes o comunidades; (v) reforma de Agrobanco para atender parte de la demanda sin subsidios ni refinanciaciones engañosas; (vi) fin de la política de condonación de deudas (RFA, etc.).
  3. Impulsamos la promulgación de una ley de desarrollo rural que, entre otras cosas, (i) priorice el desarrollo rural en Sierra y Selva; (ii) fortalezca la capacidad de gestión territorial de los Gobiernos Regionales y Locales; (iii) promueva la innovación tecnológica y la revaloración de los recursos, conocimientos y prácticas campesinas; (iv) estimule inversiones públicas y privadas en actividades estratégicas, caminos rurales, electrificación y riego campesino; (v) asegure la seguridad alimentaria de los sectores rurales más vulnerables; y (vi) consolide el manejo de los programas de desarrollo rural en una sola entidad pública de carácter multisectorial pero adscrita al Ministerio de Agricultura y con alta participación de los Gobiernos Regionales.
  4. Propugnamos la aprobación de una nueva ley de aguas que introduzca nuevos conceptos de gestión (como la cuenca) e instrumentos económicos y ambientales modernos para el manejo eficiente y sostenible del recurso. Todo programa de apoyo al agro deberá condicionarse al aumento paulatino en las muy bajas tarifas de agua que pagan hoy los agricultores, considerando tarifas diferenciadas por zonas geográficas en función de la disponibilidad del recurso. Debe promoverse el riego tecnificado vía fondos concursables con subsidio estatal sostenible.
  5. Consideramos indispensable la reforma del Ministerio de Agricultura a fin de fortalecer su rol normativo y orientador de la política agraria nacional, eliminar proyectos centralistas que duplican esfuerzos, y desarrollar la capacidad de gestión sinérgica de las diversas entidades sectoriales. Fortaleceremos la capacidad técnica de las direcciones nacionales del MINAG, que deberán manejar instrumentos promotores más no ejecutores, el grueso de la ejecución debe caer en las regiones, esto implica un Ministerio más pequeño, sin proyectos centralizados, pero con direcciones técnicas fuertes e instrumentos para negociar y supervisar la política agraria aplicada en las regiones.

Eje 9. Política ambiental

  1. Planteamos darle nivel y autonomía a nivel ministerial del Consejo Nacional del Ambiente (CONAM), así como la posibilidad de control sobre el proceso de nombramiento de las personas responsables de la gestión ambiental en todos los niveles de gobierno; otorgar al CONAM funciones para poder dirigir los procesos de Evaluación de Impacto Ambiental de los grandes proyectos;
  2. Proponemos un proceso ordenado de descentralización de las funciones y atribuciones ambientales, mejorar la capacidad de aplicación y cumplimiento de la política y la normativa ambiental por parte de las entidades responsables en los niveles nacional y regional;
  3. Propugnamos mejorar los mecanismos de participación ciudadana y de acceso a la información (transparencia) para la gestión ambiental, y generar un nuevo marco para la prevención y resolución de conflictos ambientales derivados de la actividad minera y demás actividades extractivas, poniendo en primer lugar de agenda resolver el problema de los pasivos mineros.
  4. Impulsamos el fortalecimiento de la capacidad de gestión municipal en el manejo de residuos sólidos y en las demás competencias municipales relativas a la gestión ambiental. De igual modo, apoyamos la implementación de programas de sustitución de energía y reforestación que contribuyan, no sólo a la generación de empleo, sino también a combatir la problemática del calentamiento global, cuyos efectos ya se perciben incluso a nivel local.

Eje 10. Reforma Tributaria

  1. Proponemos que se reduzca de forma paulatina la dependencia tributaria de los impuestos indirectos que penalizan el consumo, el trabajo y la producción, para ir hacia un sistema con mayor peso en los impuestos directos a la renta y las utilidades. Nuestro programa económico ampliará la base tributaria a través de la formalización de las actividades económicas, convirtiendo exoneraciones tributarias que promueven el consumo hacia medidas tributarias que promuevan la inversión. La mayor recaudación deberá orientarse a la inversión regional y a mejorar la educación y salud para todos los peruanos y peruanas.
  2. Algunas medidas para la reforma tributaria que proponemos para ampliar la presión tributaria del 14% al 18%:

a. Sustituir gradualmente –conforme aumente la conectividad vial en selva- las exoneraciones del IGV al consumo por reducciones en el impuesto a la renta a las actividades estratégicas de alto valor agregado. Esta medida debe estar articulada al cambio de paradigma del desarrollo en selva.

b. Priorizar las reformas de la administración tributaria para enfrentar los vacíos legales que actualmente son aprovechados por algunas empresas para eludir el pago de impuestos.

c. Incrementar el control especializado de actividades como el transporte en donde la informalidad y la evasión superan el 80%.

d. Eliminar las exoneraciones inequitativas e ineficientes como aquellas que exoneran el impuesto a la renta a los tenedores de acciones de la Bolsa de Valores, las exoneraciones a las ganancias de capital, las exoneraciones a intereses sobre depósitos de personas naturales y jurídicas y la renta por los beneficios de los seguros de vida de personas naturales y jurídicas.

e. Eliminar las exoneraciones al IGV de los servicios prestados por las AFP, de las primas de seguros y reaseguros de vida, exoneración de las empresas que otorguen servicios al crédito.

f. Eliminar el ISC al consumo del Diesel 2 por las empresas de generación eléctrica.

g. Reforzar el control aduanero en Huaquillas, Desaguadero y Arica, modernizando los Pasos de Frontera en estos tres lugares y en Iñapari.
h. Ampliar la cobertura de intervención tributaria para los profesionales independientes.

Eje 11. Reforma policial y seguridad ciudadana

  1. Consideramos prioritario el relanzamiento de la reforma policial en base a cinco principios: (i) policía comunitaria más cerca de la gente; (ii) probidad y transparencia de nuestros policías; (iii) naturaleza civil del cuerpo policial; (iv) gestión eficiente y honesta de los recursos; y (v) bienestar y dignificación del policía.
  2. Adicionalmente, propugnamos la implementación de las siguientes medidas:

a. Consolidar el Sistema Nacional de Seguridad Ciudadana, con el liderazgo de las municipalidades, la participación de los vecinos organizados y la efectiva colaboración intersectorial.

b. Implementar una política transversal de prevención de conflictos sociales en todos los sectores de la administración pública, de tal forma que existan canales institucionales para prevenir y resolver conflictos sociales en forma permanente;

c. Eliminar la impunidad legal contra el delito menor con jueces de paz en todos los distritos del país y la creación de nivel intermedio de sanción no carcelaria para delitos menores, la implementación de programa de prestación de servicios a la comunidad y construcción de cárceles exclusivas para delincuentes primarios para políticas efectivas de reinserción social.

d. Afianzar las acciones policiales de orden interno y orden público a nivel nacional.

e.Mejorar el profesionalismo y niveles de vida del personal policial.

Eje 12. Política antidrogas y de desarrollo alternativo

  1. Nuestra posición es tolerancia cero con el narcotráfico. Nos comprometemos a combatir el narcotráfico en toda la cadena producción y comercialización, empezando por erradicar pozas de maceración, aeropuertos y puertos clandestinos, así como detectar y eliminar diversos canales usados para el tráfico de drogas. Consideramos necesario fortalecer el control estricto de los insumos químicos precursores utilizados en la fabricación de drogas y daremos pleno apoyo a la unidad de inteligencia financiera contra el lavado de dinero. Fortaleceremos el sistema judicial especializado en casos de narcotráfico.
  2. Los campesinos cocaleros son sujetos de desarrollo y no criminales. Con ellos buscaremos generar programas concertados de sustitución certificada de coca en periodos de 3 años y teniendo en cuenta sus propuestas productivas y con participación de las autoridades locales y regionales. Nuestro programa de desarrollo agrario tiene al sector de campesinos cocaleros como una de sus prioridades, con medidas como: (i) créditos agropecuarios concesionales, asistencia técnica permanente, paquetes tecnológicos validados y mercados seguros para productos alternativos al cultivo de hoja de coca; (ii) saneamiento y titulación de predios agrícolas;
  3. Promoveremos la reorientación de los recursos de la cooperación internacional antinarcóticos hacia inversiones en infraestructura de caminos, acciones de interdicción, reforma del sistema judicial y combate al lavado de dinero. Las acciones de desarrollo alternativo con los campesinos deben ser financiadas con recursos del Estado Peruano debido a sus implicancias de seguridad interna.

Eje 13. Reforma Judicial

  1. El acceso a la justicia es un derecho fundamental de todos los peruanos. Es impostergable la reforma del Poder Judicial, con apoyo necesario para que se realice una oportuna y adecuada administración de justicia, garantizando que nunca más la justicia exista solamente para los más ricos o los más influyentes. Proponemos fortalecer y especializar el sistema anticorrupción para acabar con la impunidad.
  2. Pensamos que es necesario reformar el poder judicial desde afuera por un Consejo Nacional de la Magistratura con una adecuada representación de gremios, asociaciones de usuarios, colegios profesionales, poder ejecutivo, legislativo y universidades. Debe generarse una adecuada profesionalización de la carrera judicial, con selección de nuevos jueces y vocales, modificación de requisitos (formación y currículo, no edad).
  3. Consideramos indispensable defender de la autonomía del Tribunal Constitucional para lo cual proponemos la redefinición de los mecanismos de elección de sus miembros, a fin de garantizar su mayor probidad e independencia y blindarlo de la posibilidad de componendas políticas de las fuerzas representadas en el Congreso.

Eje 14. Relaciones exteriores y defensa nacional

  1. Creemos en relaciones respetuosas y de colaboración e intercambio comercial con los países vecinos y con el resto del mundo. El Estado peruano debe garantizar el respeto a las normas internacionales, los convenios y tratados en materia de derechos humanos y desarrollar una estrategia diplomática que avance los intereses de nuestra soberanía y desarrollo nacional. En este ámbito, proponemos la modernización, profesionalización y tecnificación de nuestras Fuerzas Armadas bajo la conducción civil democrática, utilizando la disuasión y desterrando los nacionalismos exacerbados que distorsionan las prioridades de inversión y dañan nuestras relaciones internacionales. Afirmamos nuestra política de integración, de consolidación de la Comunidad Andina de Naciones y de fortalecimiento de la Comunidad Sudamericana.
  2. Algunas medidas en estos temas:

a. Impulsar la consolidación de la Comunidad Andina de Naciones y fortalecimiento de la Comunidad Sudamericana de Naciones.

b. Impulsar la suscripción por parte del Perú de la Convención del Mar

c. Fortalecer al Ministerio de Defensa como rector de la política de defensa, con burocracia civil consolidada y eficiente que tenga poder de decisión real sobre la asignación de los recursos públicos en este sector.

d. Promover una cultura de defensa común en sociedad civil y militares y de mayores intercambios entre profesionales civiles y militares.

e. Mejorar las estructuras curriculares de las escuelas de formación militar.

Eje 15. Valoración de nuestro patrimonio cultural

  1. Tenemos un invalorable patrimonio cultural y conocimientos tradicionales de nuestro pueblo que son fuente de identidad pluriétnica y cohesión social. Nos comprometemos a conservar y poner en valor nuestra inmensa riqueza cultural, diversidad étnica y biodiversidad como ventajas fundamentales para nuestro desarrollo. La educación bilingüe e intercultural es factor de integración, de revaloración de nuestro patrimonio y promoción de nuestra multiculturalidad.

Eje 16. Lucha contra la discriminación

  1. La democracia que aspiramos es aquella que reconoce el derecho de todos los ciudadanos y ciudadanas a llevar una vida digna y a la plena realización, sin exclusiones ni discriminaciones de ningún tipo. Nos comprometemos a luchar por la erradicación de la discriminación en todas sus formas: por género, raza, orientación sexual, religión, discapacidad física o mental, procedencia étnica ó nivel educativo. Nuestra diversidad cultural, étnica y sexual constituyen activos a reconocer, respetar y celebrar como elementos críticos de nuestra identidad pluricultural e integrada. Apoyaremos la tipificación y establecimiento de sanciones explícitas para manifestaciones de discriminación en las diversas actividades económicas y sociales del país.
  2. Creemos que en todas las esferas de la vida nacional, la gestión estatal y la promoción de oportunidades se debe observar la más completa y efectiva equidad de género para desterrar las históricas desigualdades entre hombres y mujeres que afectan a nuestra sociedad y al derecho de las mujeres a ejercer una ciudadanía plena. Proponemos transversalizar la equidad de género en todas las políticas públicas, como núcleo para el cambio cultural, creación de indicadores con perspectiva de género, medición de resultados y presupuestos con enfoque de género.
  3. Lucharemos por erradicar toda forma de violencia de género en la vida de mujeres y hombres de todas las edades y orientaciones sexuales, colocando especial énfasis en la disminución de la morbimortalidad de mujeres, niñez y adolescencia por razones prevenibles y producto de la violencia. Priorizamos el acceso a servicios sociales de atención a la violencia familiar, sexual, planificación familiar, anticoncepción y profilácticos, atención de complicaciones del aborto, atención a la salud sexual de hombres y mujeres focalizadas a la población en situación de pobreza y vulnerabilidad.
  4. Proponemos impulsar de manera prioritaria iniciativas productivas, acceso al crédito, formalización de la titulación de la propiedad, acceso a seguros de salud, así como el derecho a la identidad de las mujeres jefas de familia, en especial en las zonas rurales.