Rechazo al Indulto Express de Alberto Fujimori

Frente a la decisión del presidente Pedro Pablo Kuczynski de otorgar el indulto al ex dictador Alberto Fujimori, Fuerza Social manifiesta a la opinión pública lo siguiente:

  1. Rechazamos esta medida anti democrática e indigna que rompe compromisos expresamente asumidos el año 2016 por el entonces candidato y actual presidente con las víctimas de violaciones de derechos humanos y sus familiares, traicionando el sentir de la mayoría popular que lo llevó al poder, decisión que lo deslegitima y lo convierte en un usurpador de la voluntad democrática del pueblo peruano.
  2. Es repudiable que un presidente que hace solo unos días apeló al debido proceso como eje central de su defensa frente al pedido de vacancia impulsado por el aprofujimorismo y aliados, hoy haya incumplido el riguroso procedimiento de imparcialidad y transparencia que establecen las normas para este tipo de medidas, festinado todos los trámites y usando como base el informe de una Junta Médica integrada por una persona que no solo fue médico de cabecera del sentenciado dictador sino que había además adelantado opinión a favor del indulto. Estos hechos envician el debido proceso e invalidan la decisión tomada.
  3. Alberto Fujimori fue condenado por un tribunal imparcial por la violación de derechos humanos y por crímenes de lesa humanidad, condena que no admite indulto presidencial bajo ninguna circunstancia. Asimismo, lideró una mafia que esquilmó las arcas del estado peruano, como fue reconocido en el proceso legal por el propio ex dictador, convirtiéndolo en la cabeza de una de las agrupaciones más corruptas de la historia republicana.
  4. Lo más grave es que todas las evidencias apuntan a que este indulto irregular se ha producido como parte de un infame pacto de impunidad, a cambio de asegurar el apoyo de un sector del fujimorismo para evitar la vacancia presidencial, pacto que fue negado y escondido de los sectores democráticos que se opusieron de manera principista a la vacancia.
  5. El indulto daña gravemente la memoria de las víctimas y representa una afrenta al dolor de sus familiares y seres queridos. Se ha producido sin ningún gesto de arrepentimiento, siendo por tanto un insulto a la democracia y una evidencia de la poca importancia que PPK le otorga a los derechos humanos y al principio de legalidad.
  6. Saludamos a los congresistas de Peruanos por el Kambio y funcionarios de actual gobierno que por dignidad han renunciado a seguir formando parte de la bancada oficialista o del gobierno.
  7. Desde Fuerza Social, hacemos un llamado a todos los sectores políticos y sociales democráticos a participar de las acciones de rechazo a esta arbitraria decisión y a no desmayar hasta lograr que sea revertida utilizando todas las armas disponibles de la democracia.

¡NO AL INDULTO VICIADO! ¡EN DEFENSA DE LA MEMORIA Y LA DIGNIDAD NACIONAL!

Lima, 25 de diciembre de 2017

Comité Ejecutivo Nacional

Partido Descentralista Fuerza Social

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Nuevo Gabinete y Nuevo Rumbo, Contra el Indulto y la Impunidad

Tras el fracaso de la alianza Fuerza Popular-APRA-Frente Amplio en su intento de vacar al Presidente de la República, Pedro Pablo Kuczynski, sin respetar un debido proceso, el Partido Descentralista Fuerza Social manifiesta ante la opinión pública lo siguiente:
  1. La crisis generada es una muestra clara del fracaso del gabinete concertado con el aprofujimorismo a favor de la impunidad, el retroceso de derechos y el desmontaje de reformas. Del mismo modo, es consecuencia de la actitud concesiva del gobierno hacia el permanente obstruccionismo, prepotencia y ataque a las instituciones por parte de la mayoría fujimorista en el Parlamento, como ha sido reconocido por el propio presidente. El actual gabinete no puede continuar más y se requiere no sólo un cambio de personas sino de políticas y prioridades, que responda a las expectativas de los sectores democráticos que llevaron al poder al actual gobierno.
  2. Se requiere un nuevo equipo de gobierno que garantice una posición firme contra la corrupción y la impunidad, que fortalezca la separación de poderes y la independencia del Ministerio Público, el Poder Judicial y el Tribunal Constitucional, y que defienda la reforma educativa, la salud pública y la vivienda popular. Asimismo, el país demanda un nuevo modelo económico que reduzca brechas, proteja derechos y cuide el medio ambiente.
  3. Saludamos el esfuerzo, compromiso y capacidad de movilización del conjunto de los sectores organizados de la sociedad que salieron en defensa de la democracia en un momento difícil y cuya acción fue decisiva para frenar la amenaza autoritaria fujimorista.
  4. Reconocemos la valiosa posición de los congresistas de Nuevo Perú, quienes no se prestaron al juego del aprofujimorismo que pretendía generar una crisis política con el objetivo de detener las investigaciones contra Keiko Fujimori y Alan García, y al mismo tiempo mantuvieron una posición clara con respecto a los graves señalamientos respecto a beneficios recibidos por PPK por servicios prestados a empresas de grupo Odebrecht.
  5. Esperamos que las coordinaciones iniciadas entre Juntos por el Perú, Confluencia Libertaria y el Movimiento Nuevo Perú le permitan al país tener una plataforma de unidad que convoque a los sectores progresistas del país.
  6. Rechazamos la posibilidad de indulto a Alberto Fujimori y anunciamos nuestra voluntad de movilizarnos y participar en todas las acciones que se orienten a impedir la liberación del ex presidente más corrupto de América Latina.
  7. Las investigaciones de la Fiscalía sobre la conducta del presidente y otros involucrados en presuntos actos de corrupción y lavado de dinero en el marco del caso Lava Jato no deben detenerse.
  8. Creemos que la ofensiva del fujimorismo y aliados, si bien ha tenido un duro revés, aún no ha sido derrotada, por lo que llamamos a todas las organizaciones del campo popular y a todas las corrientes democráticas y republicanas a cerrar filas en defensa del Tribunal Constitucional y la Fiscalía de la Nación a fin de garantizar que los procesos de investigación y sanción de actos de corrupción sigan adelante.
¡Contra el indulto y la impunidad! ¡Fuera el gabinete concertado con el aprofujimorismo! ¡Por la defensa del Tribunal Constitucional y la Fiscalía de la Nación!
22 de diciembre de 2017
Comité Ejecutivo Nacional
Partido Descentralista Fuerza Social

Por una solución constitucional a la crisis política: En defensa de la Democracia, contra la corrupción y la impunidad

Frente a la información difundida referida a presuntos pagos por asesorías efectuados por la empresa Odebrecht al presidente Pedro Pablo Kuczynski cuando este era ministro del gobierno de Alejandro Toledo, cuestionado por haber aprobado la construcción de la Carretera Interoceánica del Sur a cambio de sobornos, Fuerza Social expresa a la opinión pública lo siguiente:

  1. En la segunda vuelta electoral del año 2016, fuimos la primera organización política de izquierda en hacer un llamado público a nuestra militancia y a la ciudadanía progresista a dar un voto crítico por PPK con la finalidad de impedir el retorno del autoritarismo, la corrupción y la permisividad con el narcotráfico, que encarnaba la candidatura de Keiko Fujimori. En esta oportunidad, demandamos a Pedro Pablo Kuczynski a que, de no refutar de manera sólida, integral y satisfactoria ante la opinión pública las graves acusaciones hechas contra él, dé un paso al costado y renuncie al cargo de Presidente de la República. El mensaje a la Nación emitido anoche por PPK es absolutamente insatisfactorio y, al no desvirtuar los graves cargos que se le imputan, justifica plenamente el pedido de renuncia.
  2. El escenario político de las elecciones del 2016, en las que se planteó una clara división entre decencia y corrupción y entre autoritarismo y democracia, mantiene su plena vigencia, con la diferencia que hoy PPK parecería haber cruzado la línea divisoria fundamental en el campo de la corrupción, traicionando de ese modo la confianza y el mandato que le entregaron las fuerzas democráticas del país.
  3. La salida estrictamente constitucional a la crisis es que el Congreso acepte la renuncia de PPK y que el Primer Vicepresidente asuma la Presidencia de la República hasta completar el periodo de gobierno para el que fueron elegidos. No existe ningún fundamento para impulsar un procedimiento distinto al establecido constitucionalmente. El nuevo gobierno, liderado por el actual Vicepresidente Martín Vizcarra, debería nombrar a un gabinete de ancha base con personas y fuerzas no comprometidas con el autoritarismo y la corrupción, e impulsar una amplia coalición democrática y republicana, orientada a defender la autonomía del Ministerio Público, del Poder Judicial y del Tribunal Constitucional, con miras a garantizar la separación de poderes y la continuidad de los procesos de investigación vinculados al caso Lava Jato.
  4. El fujimorismo está manipulando la crisis con la finalidad de tender un manto de impunidad sobre sus propias responsabilidades vinculadas a la recepción de financiamiento encubierto de Odebrecht y a la relación de Keiko Fujimori con el ex secretario general de Fuerza Popular Joaquín Ramírez, investigado por lavado de activos. Más grave aún, se estaría configurando un contubernio o pacto tácito entre el fujimorismo y Odebrecht al entregar a la comisión Lava Jato, y no a la Fiscalía, información selectivamente comprometedora con relación a PPK, en un momento oportuno para el fujimorismo, provocando una crisis de gobierno y desviando la atención a las evidencias encontradas por la investigación del Fiscal José Domingo Pérez, que justificarían la solicitud de medidas restrictivas (incluyendo la prisión preventiva) contra Keiko Fujimori. Ello explicaría la puesta en marcha de un “golpe constitucional” dirigido a destituir al Fiscal de la Nación y a controlar el Tribunal Constitucional. El primer paso de este golpe fue dado anoche con la aprobación de sanciones contra los magistrados del TC.
  5. La renuncia de Pedro Pablo Kuczynski y su reemplazo por Martín Vizcarra debiera significar, con el respaldo de todas las fuerzas democráticas, despejar la crisis del Poder Ejecutivo, estabilizar el funcionamiento institucional del país, y volver a situar en el centro del escenario político la tarea prioritaria de cerrarle el paso al fujimorismo, que continúa representando la peor amenaza para la democracia, que violenta la separación de poderes y favorece la impunidad de la corrupción.
  6. Fuerza Social llama a todas las organizaciones y corrientes democráticas, republicanas y progresistas a cerrar filas en la defensa de la institucionalidad democrática, la independencia del sistema de justicia, la lucha contra el crimen organizado, contra la corrupción y la impunidad, y por los cambios en favor de las grandes mayorías nacionales.

Lima, 15 de diciembre de 2017

Comité Ejecutivo Nacional
Partido Descentralista Fuerza Social

El nuevo gabinete: Retroceso, impunidad y contrarreforma educativa

  1. ​Hace solo cuatro días, el ex premier Fernando Zavala presentó la cuestión de confianza con la finalidad de defender a la ministra de educación Marilú Martens de una probable censura y frenar la prepotencia y el obstruccionismo fujimorista, con la posibilidad de usar el recurso constitucional de disolución del Congreso en caso se niegue la confianza a dos gabinetes. El argumento central dado fue la defensa de la reforma educativa frente a los intentos de sabotaje y desmontaje por parte del fujimorismo y otros sectores conservadores. La cuestión de confianza fue rechazada y el gobierno debía presentar un nuevo gabinete ministerial.
  2. Sin embargo, la decisión de designar como ministro de educación a Idel Vexler -viceministro del gobierno aprista, afín a las universidades con fines de lucro, enemigo de la Ley Universitaria, aliado de los grupos ultra conservadores y crítico abierto de los ex ministros Saavedra y Martens-, representa una abierta contradicción con los objetivos que llevaron a la presentación de la cuestión de confianza. Por otro lado, la salida de Marisol Pérez Tello y su reemplazo por Enrique Mendoza, juez supremo de cercanía con el aprismo, allana el camino al indulto y se alinea con los intereses de Alan García y Keiko Fujimori en el marco de las investigaciones por el caso Lava Jato. Estos cambios muestran que se ha abierto un proceso de contrarreforma educativa, garantía de impunidad para Alan García y camino al indulto para Alberto Fujimori, quedando evidenciado que el APRA está actuando como correa de transmisión de los intereses del fujimorismo que ahora, como antes, constituye la expresión más clara de la corrupción, la prepotencia y el envilecimiento político en nuestro país.  
  3. El fujimorismo ha impulsado una estrategia orientada a la vacancia presidencial que busca en lo inmediato demoler los aspectos democráticos de la reforma educativa y la recaptura del Ministerio de Educación por intereses privados, profundizando la tendencia de la privatización del Estado y el favorecimiento de los intereses empresariales. En esta tendencia pierde el interés común a costa de los privados, perdemos derechos en salud, educación, servicios públicos, pierden los pobres del Perú. Por otro lado, existe una estrategia en curso para ocultar la participación de Keiko Fujimori y Alan García en los negociados de Odebrecht, amenazando al propio Presidente, buscando chivos expiatorios y logrando que la atención se centre en los casos Humala y Toledo. Todo indica que los cambios realizados apuntan a viabilizar esta estrategia y el aparato de impunidad se perfecciona con la injerencia del aprismo en el ministerio de justicia.
  4. Con el nuevo gabinete, PPK ha apostado por una gobernabilidad basada en la impunidad, el sacrificio de las reformas y la traición al voto popular que lo colocó como Presidente. Lejos de zanjar con el chantaje y el totalitarismo fujimorista, el gobierno vuelve a ceder, llegando al extremo de renunciar a la implementación de reformas fundamentales para el país y accediendo en la práctica a un cogobierno que, sin embargo, no garantiza que la búsqueda de la vacancia presidencial haya quedado detenida.
  5. En esta crisis la izquierda no ha estado a la altura de las circunstancias. Su división e incapacidad de articular una acción parlamentaria conjunta, su evidente debilidad y ausencia en las movilizaciones y organizaciones populares la han hecho ineficaz, y esto es grave no sólo para la izquierda sino para el pueblo en su conjunto, ya que estamos ante el retroceso de derechos de quienes más los necesitan.  Esta actuación no puede repetirse pues allana el camino a posiciones extremistas y que representan, en su maximalismo, un peligro para la democracia y los intereses de los más pobres.
  6. Fuerza Social llama a cerrar filas en la defensa y profundización de las reformas, los derechos ciudadanos y contra la impunidad, y en la apuesta por cambios más profundos que incluya un cambio de modelo económico que sea capaz de reducir las brechas sociales y económicas que afectan a las mayorías nacionales.  Debemos estar atentos y denunciar la actuación ambivalente y contradictoria de PPK.  Es hora que la izquierda se oriente hacia la conquista de un gobierno que nos represente nacional y localmente, sin perder de vista que el eje principal de confrontación sigue siendo la amenaza del autoritarismo fujimorista, que como ha quedado demostrado no ha cambiado en lo absoluto.

    Comité Ejecutivo Nacional 
    Partido Descentralista Fuerza Social

    ¡Que se investigue!

    Todos los contratos de concesión y de obras públicas firmados por Odebrecht y las demás empresas que han reconocido haber cometido sobornos, deben ser investigados.

    Ante las últimas informaciones difundidas por los portales de investigación Convoca y Ojo Público que dan cuenta de transferencias de dinero realizadas desde el Brasil hacia la ciudad de Lima, relacionadas a la concesión “Vías Nuevas de Lima”, Fuerza Social, partido integrante de la Confluencia por Lima, coalición de partidos que gobernó la ciudad durante la gestión 2011-2014, expresa lo siguiente:

    1. Estamos convencidos de que la corrupción sistemática, revelada por el caso Lava Jato, exige que todas las personas involucradas con las decisiones relacionadas a contratos de concesiones o contratos de obras públicas firmados con empresas brasileras, sancionadas en Brasil por delitos de corrupción deben ser investigadas, desde Chavimochic y Charcani V en el primer gobierno de Alan García hasta el gasoducto del Sur firmado en el gobierno de Ollanta Humala, pasando por los 30 contratos firmados por el fujimorismo y las dos concesiones viales suscritas en Lima Metropolitana.
    2. En ese sentido, saludamos la disposición de la ex alcaldesa, Susana Villarán, y de los funcionarios de su administración que tomaron decisiones en relación a las concesiones viales de Lima, de permanecer en el país y someterse a las investigaciones abiertas por el Ministerio Público.
    3. Sobre la pertinencia y legalidad de la concesión “Vías Nuevas de Lima”, es importante señalar lo siguiente:
      • Tanto la declaratoria de interés como la adjudicación de la concesión “Vías Nuevas de Lima” fue realizada en marzo del 2012 en votación por unanimidad del Consejo Metropolitano integrado por distintas fuerzas políticas, entre ellas, dos ex regidores elegidos por Solidaridad Nacional, José Danós y Luis Castañeda Pardo.
      • Las obras eran necesarias pues son inversiones destinadas a resolver los cuellos de botella del tránsito en los accesos norte, este y sur. Los US$590 millones, inicialmente considerados, deberían permitir convertir a la Panamericana Norte y la Panamericana Sur en autopistas y extender la Ramiro Prialé desde Huachipa hasta el Puente Los Ángeles. Estas inversiones fueron postergadas por el MTC por 30 años y son indispensables para la ciudad y para la competitividad de la economía, pues son las rutas que le permiten movilizar el transporte de mercancías hacia el Puerto del Callao.
      • Debe señalarse que, a diferencia de otras concesiones viales, todos los riesgos constructivos fueron asignados a los concesionarios por lo que no existen adendas que inflen los costos de las obras.
      • Las vías involucradas pertenecen a la Red Vial Nacional. Por ello, el MTC actualizó y amplió la delegación de competencias al Gobierno de Lima para poder ejecutar la concesión.
      • Tanto la propuesta técnica inicial como las definiciones de los estudios definitivos de ingeniería fueron revisados y aprobados por el MTC a través de Provías Nacional, por lo que la necesidad de las inversiones y los estándares técnicos no fueron decididos exclusivamente por la Gerencia de Promoción de Inversión Privada de la Municipalidad de Lima.
    4. Es importante señalar que durante la actual gestión metropolitana (tercer mandato de Luis Castañeda Lossio) se han realizado cambios sustanciales al contrato original de “Vías Nuevas de Lima”, entre las más graves: i) la implementación ilegal del peaje de Puente Piedra sin la construcción de las obras obligatorias del Óvalo Canta-Callao; ii) el otorgamiento a Odebrecht del 4% de los ingresos por los peajes que correspondían a la Municipalidad de Lima para el mantenimiento de avenidas; iii) el pago de millones de soles por supuestos aumentos de costos de expropiaciones; y iv) la cancelación de obras de infraestructura tales como el intercambio de Canta Callao.
    5. En ese sentido, CONSIDERAMOS que hay indicios suficientes para incorporar a la investigación por los nuevos hechos revelados al actual alcalde, Luis Castañeda Lossio, pues los cambios al contrato reseñados han beneficiado a la firma Odebrecht sin seguir los procedimientos establecidos y sin adendas conocidas. Odebrecht, además, ha sido muy beneficiada pues ha logrado vender la mayoría de las acciones en “Vías Nuevas de Lima”. Actualmente, el 77% de las acciones de la concesión ya no pertenecen a la firma Odebrecht. Al respecto, consideramos que es muy perjudicial para el Perú que la tercera gestión de Luis Castañeda haya autorizado la venta de activos de empresas que han confesado haber cometido actos de corrupción en el Perú como OAS y Odebrecht, pues ello dificultará que el gobierno peruano obtenga las reparaciones que le corresponden.

     Reafirmamos nuestro compromiso con el esclarecimiento de la verdad y la lucha frontal contra la corrupción, exigimos una investigación a profundidad de los hechos que requieran un esclarecimiento en la opinión pública, garantizamos que como Partido que estuvo en la gestión municipal (2011-2014) hemos actuado siempre con idoneidad y corrección en favor de los intereses de la población limeña.

    04 de mayo de 2017

     

    Dirección Nacional
    Partido Descentralista Fuerza Social

    Condena al golpe de estado ocurrido en Venezuela

    El Partido Descentralista Fuerza Social condena y rechaza enérgicamente el arrebato de los poderes e inmunidad de la Asamblea Nacional de la República Bolivariana de Venezuela, lo que sin dudas constituye un atropello ominoso a la democracia en el hermano país. Esta acción de ataque frontal a la democracia, que implica la sustitución del Congreso por un Poder Judicial dominado y sojuzgado por el Gobierno de Nicolás Maduro, constituye el golpe más artero a la institucionalidad precaria del país hermano. Esta acción temeraria y profundamente violatoria de la democracia y el Estado de Derecho marca un antes y un después en la relación del Gobierno autocrático instalado en el poder y la sociedad venezolana así como con la comunidad internacional.

    Fuerza Social,  que se identifica como un Partido de Izquierda, que defiende los derechos de todos los ciudadanos y, en particular, de los más vulnerables y desprotegidos repudia esta acción que realiza un Gobierno que diciéndose de Izquierda lo que hace es pisotear y mancillar el derecho más elemental en las democracias: el derecho que emerge de la voluntad popular. Los venezolanos votaron por la actual Asamblea Nacional y esto no puede ser desconocido mediante la prepotencia, el uso de la fuerza y el control dictatorial de las instituciones tutelares de la Nación. Un gobierno de izquierda democrática no restringe ni  vulnera los derechos de las mayorías. El pueblo venezolano ahora se ve precarizado  no solamente por la aguda crisis de la economía, sino también por la conculcación de las más esenciales libertades democráticas.

    Instamos a la Organización de los estados Americanos (OEA) a aplicar al Gobierno Venezolano las diversas medidas de la Carta Democrática. Nuestro país en la década de los años noventa, bajo  el fujimorismo -que hoy cínicamente cuestiona el Golpe venezolano- también sufrió estos atropellos que esconden el interés de perpetuarse en el poder y  ocultar la gigantesca corrupción en detrimento de los intereses sociales y económicos del pueblo venezolano. La salida debe ser democrática y que las fuerzas más recalcitrantes de la oposición no conviertan esta crisis en una situación peor que la actual.

    Nos solidarizamos con el pueblo de Venezuela y estamos seguros de que la ciudadanía, con el apoyo de la comunidad internacional,  hará retroceder al gobierno de Maduro y a sus medidas contrarias a la democracia y atentatorias contra los derechos humanos,  sociales,  políticos y económicos de los hermanos venezolanos.

    ¡Solidaridad internacional con los hermanos de nuestro país hermano!

     

    Lima 31 de marzo de 2017

    Comité Ejecutivo Nacional
    Partido Descentralista Fuerza Social

    Por la Igualdad de Género, ¡combatamos la discriminación!

    ¡Con mis derechos no te metas!

    En los últimos meses hemos sido testigos de maniobras desestabilizadoras ensayadas por sectores conservadores y de ultra derecha contra el Currículo Nacional de la Educación Básica (CNEB) elaborado por el Ministerio de Educación (MINEDU). Acusan al MINEDU de querer imponer lo que ellos llaman “ideología de género”.

    Ante tales hechos, Fuerza Social, partido político de izquierda, democrático y descentralista, expresa lo siguiente:

    Saludamos que el enfoque de Igualdad de género  se mantenga en el nuevo Currículo Nacional de la Educación Básica. Con ello se aspira a que cada institución educativa sea un lugar en el que se practique y sea ejemplo vivo de tolerancia y respeto, que las niñas y niños se encuentren libres de cualquier forma de discriminación y violencia.

    Ratificamos nuestra defensa del derecho de cada niña y cada niño a recibir una educación de calidad que busque su bienestar y felicidad y, por lo mismo, ajena a todo tipo de estereotipos o prejuicios relacionados al género u orientación sexual.

    La crítica a cualquier acción del gobierno no puede ser ejercida mediante la mentira sistemática acerca de los contenidos del Currículo Nacional de Educación Básica. La acusación absurda de que se pretende “homosexualizar” a niños, niñas y adolescentes es una muestra de ello. Asimismo, rechazamos la campaña de odio que incita a cometer asesinatos contra personas de la comunidad LGBTI.

    Rechazamos el oportunismo del fujimorismo y otros sectores políticos, que utilizando la campaña contra la inexistente “Ideología de Género”, pretenden mantener una educación confesional que se contradice con la vocación científica y humanista que es propia de una educación que sirva para el desarrollo y los intereses nacionales.

    Invocamos al Poder Ejecutivo a continuar y profundizar la campaña de información acerca de los derechos sexuales y reproductivos y de los contenidos del Currículo Nacional de Educación Básica.

    Solicitamos al Congreso de la República que no retroceda en los avances logrados en cuanto a la promoción de la igualdad y la erradicación de toda forma de discriminación.

    Finalmente, reiteramos nuestro compromiso con la defensa y promoción de derechos, y con la lucha contra toda forma de exclusión y de violencia.

     

    Lima, 9 de marzo de 2017

     

    Comité Ejecutivo Nacional

    Partido Descentralista Fuerza Social

     

    Desde el 2005 lo denunciamos: Sobrecostos en la Interoceánica

    Desde el 2005, Fuerza Social (antes Partido por la Democracia Social – Compromiso Perú) ha denunciado que la interoceánica se hizo sobredimensionando sus costos y saltando todos los controles que exigía el ordenamiento nacional. Hoy sabemos que ese sobredimensionamiento se hizo para favorecer a Odebrecht y sus socios a cambio de suculentas coimas y que desde Fujimori hasta Humala están involucrados con estas empresas.

    La corrupción nos afecta a TODOS. No permitamos que ni corruptos ni corruptores escapen del país llevándose el dinero que es de todos los peruanos.

    El Perú merece avanzar a su desarrollo.

    Sobre la interoceánica

    La República, 10 de julio de 2005

    interoceanica-2005-pds

    EN FAVOR DE LA MORAL DE LA NACIÓN, EN REPUDIO A LA CORRUPCIÓN

    El Partido Descentralista Fuerza Social condena y lamenta los actos de corrupción que se vienen descubriendo y que involucran a las más altas autoridades de diversos Gobiernos que ejercieron el poder después de la dictadura fujimorista, en donde se estructuró, desde el Estado,  un andamiaje corrupto que gobernó el país. Asimismo, nuestro Partido exige a las autoridades competentes como el Poder Judicial y el Ministerio Público que sean inflexibles con estos actos de vesanía cometidos por aquellos que se irrogaban calidad moral lo cual los descalifica doblemente. Instamos al Congreso de la República a dejar trabajar con autonomía a estas instituciones del Estado Peruano.

    Esta aciaga situación que atraviesa nuestra patria demuestra palmariamente que el mercado no se regula solo y que los mecanismos de control eficientes e independientes del Poder son necesarios para mitigar o desincentivar acciones de corrupción en cualquiera de los niveles del Estado. Asimismo se debe tomar conciencia que los intereses privados están sujetos al interés Público y que las empresa privadas en el Perú que hayan participado en actos de corrupción deben ser sancionadas de manera ejemplar para dar signos claros que el Estado Peruano, que representa los intereses del pueblo, es digno y ejerce soberanía frente a los intereses particulares que únicamente ven en la utilidad el incentivo de sus actividades.

    Nos indigna profundamente que la transición democrática que se inició con el Dr. Valentín Paniagua se haya enturbiado con los actos de latrocinio al erario nacional. Esto es una demostración más que el crecimiento económico debe estar supeditado a la conformación de instituciones republicanas sólidas y no al revés, en donde el crecimiento económico se ha convertido en un fin en sí mismo pero sin un correlato institucional que evite este tipo de atentados contra la Nación.

    Somos conscientes de la gravedad de la situación y del peligro para nuestra Patria pues son en estos momentos en donde los radicalismos de izquierda o de derecha encuentran mayor ocasión para desplegar sus acciones ante la anomia y la ausencia de un rumbo claro de los destinos del país. Sin embargo también encontramos en esta oscura etapa de la patria la posibilidad de convocar a los hombres y mujeres de buena voluntad, de todas las tendencias democráticas en donde la decencia sea un valor incontrovertible, a unirse al llamamiento de la Nación que requiere de la presencia de sus mejores hijos para participar activamente en la Política y no dejar ésta en manos de improvisados y mercaderes o usurpadores del Gobierno de las mayorías.

    Nos aunamos con firmeza al llamamiento de los Partidos, gremios, colectivos, asociaciones, que aún creen en el futuro de la Nación y en la idea que el Perú no solamente es un problema sino una inmensa posibilidad, a la marcha de este jueves 16 de febrero de 2017 en defensa de la integridad moral de nuestro país y para que el flagelo de la corrupción sepa que hay un pueblo atento que no la dejará gobernar, desde el Estado, a un pueblo que sí aprende  de su historia.

    Lima, 15 de febrero de 2017

    Comité Ejecutivo Nacional
    Partido Descentralista Fuerza Social

    El PEAJE DE PUENTE PIEDRA

    El proyecto vial Vías Nuevas de Lima es una concesión firmada por la Municipalidad Metropolitana de Lima y la empresa Odebrecht que implica inversiones por más de 590 millones de dólares y está orientada a resolver los cuellos de botella de los tres principales accesos de la ciudad: Panamericana Norte, Panamericana Sur y la Ramiro Prialé. Las obras incluyen 36 intercambios viales de los cuales más de 30 corresponden a la Panamericana Norte y no han sido concluidos. Las obras deben transformar 115 Km de vías con cruces a nivel en autopistas habilitadas. Las obras incluyen el intercambio vial Alipio Ponce culminado durante la gestión de Fuerza Social, otras obras en la Panamericana Sur como el túnel Benavides y la salida en El Derby y la extensión de la Autopista Ramiro Prialé desde Huachipa hasta el límite entre Chosica y Chaclacayo.

    El proyecto fue presentado como iniciativa privada durante el segundo gobierno de Castañeda (2007-2010) denominado línea azul. La Iniciativa fue aprobada por el Concejo de Lima por unanimidad de las fuerzas políticas durante la gestión de  Fuerza Social (2011-2014). El contrato dispone que toda la inversión sea privada, y que se recupere con el cobro de los peajes en esas vías. Ni la Municipalidad Metropolitana de Lima ni el gobierno central  han invertido recursos públicos en esta concesión. La garita de Puente Piedra pre-existe a la firma del contrato de concesión pero con un cobro sólo en un sentido. La segunda garita de peaje debía implementarse, según el contrato original,  después de culminadas todas las obras en la Panamericana Norte. La implementación posterior a la culminación de las obras hubiera permitido que los costos y tiempos de los vehículos se reduzcan antes de la elevación de los peajes de forma de que el efecto neto a los operadores de los vehículos livianos, buses y carga fuera nulo.

    La administración de Luis Castañeda Lossio ha permitido la implementación de la garita de peaje de sur a norte en Puente Piedra antes que se culminen las obras en la Panamericana norte como estipulaba el contrato, lo cual es a todas luces ilegal.

    Nos preocupa que Castañeda haya cedido a la empresa los ingresos (4% de todos los ingresos brutos) que debía recibir la Municipalidad de Lima por derecho de concesión, lo cual atenta contra la ciudad al eliminar el ingreso previsto en el contrato de concesión.

     La firma internacional Odebrecht ha estado tratando de vender la concesión por temor a las represalias que el gobierno peruano podría tomar tras conocerse que es una empresa que sistemáticamente ha pagado sobornos en el Perú y en varios países. La gestión de Luis Castañeda Lossio ha cedido y modificado las condiciones del contrato original en relación al peaje con el único objetivo de favorecer a Odebrecht de modo de facilitar su proceso de venta de la concesión. Es por esa razón y no por ninguna otra que se ha adelantado la construcción de la nueva garita y el cobro a la ejecución de las obras faltantes en la Panamericana Norte con las consecuencias lamentables que todos conocemos.

    El estilo de gestión sin comunicación ni transparencia sólo es fuente de conflictos en un escenario en donde la población de Puente Piedra espera soluciones concretas a sus problemas de conectividad que implican inversiones menores que no han sido ejecutadas y por las que ha venido pidiendo reiterativamente audiencia con el alcalde y que no han querido ser escuchadas.

    Cuando le conviene, Castañeda Lossio presenta todas las obras de esta concesión firmada por la gestión de Fuerza Social como si fueran ejecutadas por la Municipalidad Metropolitana de Lima y no por los concesionarios, pero ha sido incapaz de mejorar las condiciones que pudieran afectar a los vecinos de Puente Piedra.

    Durante la gestión de Fuerza Social todas las obras y programas que se avanzaron y ejecutaron fueron ampliamente discutidas con los vecinos que viven en el área de influencia de las intervenciones y sufrieron adecuaciones de acuerdo a las necesidades de la gente. Un ejemplo que la actual administración no sigue con lamentables consecuencias.

    Es por ello que EXIGIMOS al alcalde Castañeda que se suspenda la instalación de la garita en Puente Piedra y abra una mesa de dialogo con los vecinos de Puente Piedra para llegar a una solución definitiva de este conflicto.

    06 de enero de 2017

    Comité Ejecutivo Nacional

    Partido Descentralista Fuerza Social