DEFENDAMOS EL VALLE DE LURÍN DE CASTAÑEDA

El Alcalde Luis Castañeda ha solicitado al Concejo Metropolitano la aprobación del cambio de zonificación de 164 hectáreas del valle de Lurín, en el distrito de Pachacamac, para permitir la construcción de viviendas en beneficio de una empresa privada. Sobre el particular, cumplimos con manifestar lo siguiente:

  1. El valle de Lurín está protegido por la legislación actual como reserva paisajística, recreacional y agropecuaria de Lima. Es el único de los tres valles de la Ciudad que aún conserva su carácter de valle verde productivo, lo que lo convierte en uno de los pocos grandes pulmones que mantiene Lima. Esta protección incluye la defensa del acuífero y de su capacidad productiva agrícola y de residencia rural.
    Específicamente 164 hectáreas del valle de Lurín tienen la condición de Centro Poblado Rural (Rumihuasi – Manchay Alto), sujeta a Protección de Tratamiento Paisajista (PTP) y Área Agropecuaria (AP), buscando con ello generar una zona de protección ambiental del valle de Lurín en tanto único valle de Lima que aún no ha sido depredado, a diferencia de lo que ha ocurrido con los valles de los ríos Rímac y Chillón
  1. A pesar de esa condición de protección, el Alcalde de Lima quiere convertir dichas 164 hectáreas en zona residencial de densidad media para un proyecto de construcción de viviendas de la empresa Menorca. Este proyecto, además, no cuenta con un estudio específico de anexión de suelo al área urbana ni con estudios de impacto vial ni ambiental.
  1. A pesar de que aún no se ha aprobado el masivo cambio de zonificación, pobladores de la zona vienen denunciando que la empresa Menorca ya comenzó el proceso de urbanización y lotización sin tener la zonificación aprobada, lo cual configura un delito contra la normatividad urbana y evidencia la “confianza” de que la gestión de Castañeda “aprobará sin mayor trámite” el cambio de zonificación que los beneficia. BASTA DE ARREGLOS BAJO LA MESA.
  1. Frente a esta situación, es necesario DEFENDER la reserva paisajística y ambiental de Lima y EXIGIR que se someta a discusión el Plan Urbano de Lima al 2035 (PLAM 2035), a fin de contar con un instrumento de planificación urbana a largo plazo, de otro modo la zonificación siempre será un instrumento insuficiente proclive a ser utilizado en beneficio de intereses privados y particulares.
  1. Desde Fuerza Social respaldamos la labor de fiscalización de la bancada de Diálogo Vecinal y exhortamos a las otras bancadas a rechazar el cambio de zonificación propuesto, en tanto afecta nuestro derecho a contar con áreas paisajísticas y recreacionales en Lima, afecta el derecho de los pobladores a continuar con sus labores agropecuarias, afecta el debido procedimiento al presentarse un cambio de zonificación que no cuenta con todos los sustentos técnicos necesarios y que tiene como único beneficiario a una empresa privada.

 

Lima 23 de junio de 2016

Partido Descentralista Fuerza Social

Comité Ejecutivo Nacional

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En defensa de los Espacios Públicos y de las Áreas Verdes de Lima

Frente al intento de la gestión de Castañeda Lossio de entregar 43.5 hectáreas del área reservada para el parque Zonal de Ancón a la Asociación Civil San Juan Bautista – vinculada al Sodalicio de Vida Cristiana – para promover negocios privados y construir un Cementerio exclusivo, Fuerza Social denuncia ante la opinión pública lo siguiente:

  • El cambio de zonificación de “Zona de Recreación Pública” a “Otros Usos – Cementerio” es un atentado contra la ciudad, la salud y la calidad de vida de los habitantes de Lima, pues reduce las áreas verdes y de recreación pública de la ciudad, contraviniendo las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud y de la misma Municipalidad Metropolitana de Lima, que según la ordenanza 1852 define las prioridades en relación a la conservación de áreas verdes en la provincia de Lima y la ordenanza 1617 que rige los cambios de zonificación en la metrópoli.
  • La decisión de otorgar más de la mitad del área reservada para el parque Zonal de Ancón para un negocio privado, administrado por una organización cuestionada por no pagar impuesto a la renta ni el impuesto general a las ventas (IGV), no hace sino aumentar las dudas acerca de la manera poco transparente en que se lleva la administración de la ciudad, algo a lo que Castañeda recurre frecuentemente.
  • Este intento de negocio con el cambio de zonificación, con el cual se le entrega terrenos públicos a privados, no contaría con el informe Técnico del Instituto Metropolitano de Planificación. Tampoco con la opinión del Instituto Nacional Penitenciario, dado que esto afectaría la condición de máxima seguridad del penal de Piedras Gordas pues esta zona es colindante con este centro penitenciario.

Por todo esto,

Exigimos al Alcalde de Lima que realice las acciones necesarias para aprobar y poner en vigencia el Plan Metropolitano de Desarrollo Urbano para Lima y Callao al 2035, elaborado a fines del 2014 que plantea la reducción del déficit de áreas verdes de la ciudad y con el cual se identifican los ámbitos de intervención estratégica en donde deben crearse unidades de gestión urbana, aplicarse planes específicos y ejecutarse proyectos estructurantes hasta convertir nuestra ciudad en una Metrópoli sostenible, y con el cual estas decisiones aisladas no tienen cabida.

Rechazamos la decisión de entregar este terreno a los sodálites, avalada por los regidores solidarios con la aprobación de una ordenanza el 9 de junio, la que claramente atenta contra los intereses de la ciudad y respaldamos la solicitud de un grupo de regidores de Lima para la reconsideración de la votación de dicha ordenanza, la misma que deberá verse en la próxima sesión de Concejo.

En las próximas horas los ciudadanos de Lima debemos lograr que se atienda la rectificación, por lo que convocamos a los vecinos y vecinas de Lima a movilizarse y estar presentes durante la sesión de Concejo de este jueves 16 de junio, y a estar permanentemente vigilantes en defensa de la Ciudad.

Lima, 14 de junio de 2016

Comité Ejecutivo Nacional

Partido Descentralista Fuerza Social

La Reforma del Transporte Urbano sería Cancelada si Keiko Fujimori gana las Elecciones

Fuerza Social alerta sobre Pacto entre dirigentes del Callao opositores a la reforma y Fuerza Popular

 En la década de los 90, durante el primer gobierno de Alberto Fujimori se desreguló el transporte urbano dando lugar a la actual situación de crisis y caos marcada por el modelo Comisionista Afiliador, la excesiva superposición de rutas, las unidades pequeñas y viejas, los choferes fuera de la planilla y el correteo imprudente de los choferes que trabajan 15 horas sin descaso y sin vacaciones.

Con mucho entusiasmo Keiko Fujimori anuncia ahora que está incorporando las propuestas de Rau Rau en su programa de gobierno. Julio Rau Rau es el dirigente de los transportistas que fue operador de los paros de transportes en defensa de los intereses de Orión y las empresas cascarón del Callao. La posición de Keiko Fujimori, no hace sino recordar la fuerte presencia de los intereses montesinistas en el Callao desde la época de los primeros gobiernos municipales de Chimpún Callao durante el gobierno de Alberto Fujimori.

El Callao es una zona en donde se le ha dado espacio a las economías ilegales y por eso es el territorio más inseguro del Perú. Rau Rau señala que el acuerdo con Fuerza Popular está en un 80%. Esto implica que en un eventual gobierno de la señora Keiko Fujimori, se darían todas las medidas para eternizar al modelo comisionista afiliador y de autorizaciones administrativas a dedo. Las consecuencias de este pacto serían varias: se mantendrían los accidentes, la elevada contaminación y la congestión.

El acuerdo de Fuerza Popular con los empresarios informales del Callao (Orión y aliados) no hace sino coronar la apuesta de Fuerza Popular por aliarse con las mafias y sectores ilegales o informales. No sólo han pactado con las empresas PIRATAS de colectivos que hacen transporte interprovincial ilegal con competencia desleal contra el transporte interprovincial formal, sino que ahora se alían con el apéndice violento, amedrentador y organizador de paros con el apoyo de las empresas de origen oscuro del Callao.

Debe decirse que es de público conocimiento que Fuerza Popular también también ha pactado con el sector ilegal de construcción civil y con los mineros ilegales que están destruyendo y degradando el bosque amazónico. Todo parece indicar que un eventual gobierno de Fuerza Popular, será un gobierno en donde impere el desorden, las economías ilegales, la minería ilegal, las empresas cascarones de transporte y los colectivos interprovinciales ilegales.

Hoy las consecuencias de favorecer a la economía ilegal se aprecian en la inseguridad del Callao. No queremos que la situación de inseguridad del Callao se extienda a todo el Perú y que lo termine convirtiendo en un narcoestado.

Por todo lo anterior, el CEN de Fuerza Social reitera su posición de voto crítico por la candidatura presidencial de PPK en las elecciones a realizarse el próximo 5 de junio del 2016.

¡Fujimori nunca más!

Lima 27 de mayo de 2016

Fuerza Social contra el surgimiento de un Narcoestado

¡Keiko Fujimori no va!

El Comité Ejecutivo Nacional del Partido Descentralista Fuerza Social frente a la situación política y la coyuntura electoral de la segunda vuelta expresa lo siguiente:

  1. El reportaje periodístico que da cuenta de las investigaciones de la Agencia para el Control de Drogas de Estados Unidos (DEA) sobre lavado de activos y que involucran al congresista y secretario general de Fuerza Popular, Joaquín Ramírez, generan indicios tangibles sobre posibles nexos entre el narcotráfico y el financiamiento de las campañas de Fuerza Popular y de su candidata presidencial Keiko Fujimori.
  2. La experiencia internacional enseña que uno de los mayores peligros para la democracia y el manejo honesto y transparente del Estado es el financiamiento de las campañas políticas por parte de oscuros intereses del narcotráfico y la economía ilegal. Por esto debe señalarse que el caso de Joaquín Ramírez no es el único indicio de penetración de la economía ilegal en el financiamiento del partido fujimorista.
  3. La defensa cerrada y blindaje político de Keiko Fujimori y de los voceros de Fuerza Popular de su secretario general, quien fuera denunciado por la ex-procuradora de lavado de activos Julia Príncipe desde el 2014, no hace sino reforzar la idea de una continuidad de prácticas corruptas de esta organización política y la falsa renovación del fujimorismo.
  4. El fujimorismo destruyó los fundamentos de la democracia en nuestro país, y con estas evidencias nos pretenden llevar una vez más a la terrible posibilidad de convertir a nuestra patria en un narcoestado como lo fue en la autocracia de Fujimori-Montesinos.
  5. Por esta situación, reiteramos nuestro llamado a todos los sectores de izquierda, progresistas, democrático-liberales y peruanos en general a derrotar al fujimorismo e impedir el resurgimiento de un NARCOESTADO en el Perú asumiendo un voto crítico por Pedro Pablo Kuczynski, con quien tenemos grandes diferencias pero que resulta ser el camino para evitar que Fujimorismo se instale nuevamente en el Perú.

 

martes 17 de mayo del 2016

Inaceptable sentencia atenta contra la Libertad de Opinión

Fuerza Social expresa su solidaridad con Rafo León y Fernando Valencia

En julio del 2014, Martha Meier Miró Quesada escribió en El Comercio un artículo denominado “El Síndrome de Susy”, en el que opina que todos los colaboradores de la Municipalidad de Lima Metropolitana durante la gestión 2011-2014 son “ineptos” y “franeleros”, y describe a la exalcaldesa, Susana Villarán, como una autoridad fuera de la realidad.

El periodista Rafael León consideró injusto el artículo de Martha Meier, por ser ofensivo contra la persona de la exalcaldesa y no presentar argumentos contra su gestión, y le contestó con un artículo de Caretas titulado: “¿Qué hacemos con la primita?”    Ante ello, la señora Meier, prima del ex director de El Comercio, decidió querellar a Rafo León por difamación agravada ante el Poder Judicial. La respuesta de Meier fue a todas luces desproporcionada, toda vez que en dicho artículo no existe afirmación lesiva al honor de Martha Meier y menos aún difamación, sino la expresión de una opinión libre e informada de un periodista.

Como resultado del proceso judicial, el pasado 3 de mayo, la jueza del 42° Juzgado Penal de Reos Libres de Lima, Susan Coronado Zegarra, ha encontrado culpable a Rafo León de difamación y, en el Día Mundial de Libertad de Prensa, le ha impuesto una reparación civil de S/. 6,000 y un año de control de conducta. Durante ese año, el periodista León estará bajo estricta observación y estará obligado a firmar periódicamente un cuaderno y a informar de sus viajes.

El Comité Ejecutivo Nacional del Partido Descentralista Fuerza Social considera que esta decisión judicial es un gigantesco atropello a la libertad de prensa y al derecho de opinar, además de representar una censura tácita al periodista para presionarlo y silenciarlo. Creemos que el fallo yerra enormemente al equiparar el hecho de emitir una opinión con el acto de difamación. Por lo mismo, rechazamos la decisión de la magistrada, la cual calificamos como una clara violación a las libertades consagradas en la Constitución.

La tendencia es preocupante pues a esta sentencia se suma la recibida por Fernando Valencia (ex director de Diario 16), quien ha apelado la condena impuesta de prisión suspendida por reproducir las declaraciones de Ollanta Humala contra Alan García en la portada del referido diario. Ambos fallos son un atentado a la libertad de opinión y mellan nuestras instituciones democráticas; máxime si se trata de dos periodistas independientes que han sabido marcar la diferencia en un medio caracterizado por la concentración de medios de comunicación.

Denunciamos que el Poder Judicial, más allá del esfuerzo de muchos jueces honestos, una vez más actúa como si estuviera interferido por la perversidad de abogados que litigan con pocos escrúpulos y defienden los intereses de ciertos grupos de poder.

Exhortamos a dicho poder del Estado a cumplir su rol de garante de los derechos fundamentales y esperamos que sus instancias superiores corrijan este inadmisible fallo, que colocan al Perú en las postrimerías de la institucionalidad democrática y lo revelan como un país en el que no se respetan las libertades en las que se fundamenta una parte sustantiva de la democracia.

Manifestamos nuestro total respaldo y solidaridad con Rafael León y Fernando Valencia en esta hora difícil; y hacemos un llamado a los medios de comunicación y a la ciudadanía en general a denunciar esta arbitrariedad y a estar vigilantes en la defensa de nuestra democracia.

 

Comité Ejecutivo Nacional

05 de mayo de 2016

Pronunciamiento sobre la Segunda Vuelta Electoral

  1. En la primera ronda electoral, los peruanos fuimos a votar en un ambiente enrarecido, causado por la aplicación torpe y parcializada, por parte de las autoridades electorales, de normas mal diseñadas por el Congreso, generando la exclusión de dos candidatos en plena contienda electoral. No obstante estos graves problemas, los peruanos definieron que dos opciones neoliberales pasen a segunda vuelta: el proyecto autoritario de Keiko Fujimori (KF) y el proyecto tecnocrático de Pedro Pablo Kuczynski (PPK), obteniendo el primero una mayoría absoluta en el próximo Congreso.
  1. En Fuerza Social consideramos que KF no solo es heredera y fue partícipe de una dictadura que multiplicó la corrupción e incurrió en violaciones sistemáticas de los derechos humanos, sino también es cabeza visible de un movimiento político que con métodos clientelares tradicionales (que incluyó interferencia con los medios de comunicación) logró penetrar en los sectores más pobres del país para hacerse de una base social y conformar un poderoso aparato partidario.
  1. El riesgo mayor de una victoria del fujimorismo radica en que su enraizamiento en estos sectores y la polarización política y social que provocaría, crearía condiciones para avanzar hacia formas de un autoritarismo duro “a la peruana”, donde la bandera del orden y la seguridad conduciría tarde o temprano a calificar a los movimientos sociales, a las protestas ambientales, a los trabajadores, a los activistas de izquierda, como “fuentes de inseguridad” e incluso como “terroristas”, cuestión que ya empezaron a hacer en esta campaña electoral.
  1. Al haber el fujimorismo obtenido la mayoría absoluta en el Congreso, es muy peligroso para los intereses de todos los peruanos que lleguen a controlar el Poder Ejecutivo. Por lo tanto, lo que está en juego en esta segunda vuelta es la gobernabilidad,  el ejercicio de las libertades políticas y los derechos humanos.  Frente a este escenario, queda claro que lo peor que le puede pasar al Perú es que gane Keiko Fujimori.
  1. En Fuerza Social hemos evaluado este escenario y decidimos expresar a la opinión pública nuestra posición de impedir la victoria del fujimorismo y promover el voto crítico por PPK, que no presupone un cheque en blanco ni estar de acuerdo con su programa o propuestas de gobierno, que consideramos equivocados, especialmente en materia económica y ambiental.
  1. Nuestra apuesta sigue siendo por un nuevo modelo de desarrollo con diversificación productiva y redistribución de la riqueza como la que expresó el Frente Amplio en la primera vuelta. Al propio tiempo, mantendremos una firme postura de oposición democrática al gobierno en el próximo quinquenio, conjuntamente con otras fuerzas progresistas y de izquierda, afirmando que este es un voto en defensa de la democracia y contra las amenazas de autoritarismo, destrucción de las instituciones, corrupción y empleo de métodos fascistas contra el movimiento social por parte del fujimorismo.
  1. En este sentido, hacemos un llamado a toda nuestra militancia y a los ciudadanos que creemos en la democracia y en la búsqueda del bien común con justicia social y económica a rechazar el voto blanco o viciado y dar un voto crítico a PPK. El objetivo es evitar que llegue al poder el fujimorismo dinástico que nos haría regresar a épocas de control autoritario y corrupto del Estado y a una polarización peligrosa entre peruanos. Finalmente, reafirmamos nuestro papel de oposición al próximo gobierno 2016-2021 y participaremos en las acciones del Movimiento Keiko No Va hacia la marcha del 31 de mayo.

Comité Ejecutivo Nacional

 

4 de mayo de 2016

El cambio de posición del Jurado Electoral Especial de Lima Centro 1 pone en riesgo la legitimidad de las próximas elecciones

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El viernes 4 de marzo, el Jurado Electoral Especial (JEE) de Lima Centro 1 ha dado un giro de 180 grados respecto a su posición de hace 9 días, donde admite a trámite la inscripción de la plancha de Todos por el Perú, en la cual prima el derecho constitucional a la participación política. Ahora, en su nueva posición, “descubre” que existen incumplimientos de formalidades respecto a la democracia interna y decide admitir como válidas las tachas contra la plancha presidencial de Julio Guzmán, alineándose con la posición de tres de los cinco miembros del JNE que declararon improcedente la solicitud de subsanación del cambio de estatutos de Todos por el Perú. Creemos que el JEE Lima Centro 1, le debe una explicación al país.

Ante ello el Partido Descentralista Fuerza Social manifiesta lo siguiente:

  1. Exigimos que la máxima instancia del JNE subsane el error del JEE Lima Centro 1, teniendo en cuenta el derecho a la participación política y la justicia electoral, pues aún estamos a tiempo de recuperar la confianza en el presente proceso electoral.
  1. Es grave que posiciones jurídicas tan inestables, se perciban como fruto de presiones políticas y no de procesos en los que los miembros del JEE Lima Centro 1 decidan sus posiciones con la autonomía y la independencia que corresponde a su elevada función. Este hecho genera desconfianza de la población hacia las autoridades electorales. Dos de los tres miembros del JEE Lima Centro 1 son abogados y ex jueces, por lo que no se entiende que cambien de posición, pues ellos no deberían considerar argumentos que no sean legales.
  1. Esta crisis de confianza puede afectar la gobernabilidad del próximo gobierno, pues la población puede llegar a percibir que la conquista del poder se realizó por mecanismos ilegítimos.
  1. Consideramos que es grave que a cinco semanas de las elecciones aún no se tenga claridad sobre quiénes serán finalmente los candidatos, considerando que las cédulas deben imprimirse el 10 de marzo.
  1. No se puede reemplazar la ausencia de partidos e instituciones sólidas con un complejo sistema de reglas aprobadas a último momento por los principales partidos con representación en el Congreso.

El Partido Descentralista Fuerza Social, comprometido con la candidatura de Verónika Mendoza y de nuestros candidatos al Congreso pertenecientes a la lista del Frente Amplio, manifiesta su preocupación por una resolución que trastoca completamente este proceso electoral, priorizando los formalismos sobre los derechos de participación política.

Lima, 7 de marzo de 2016

Comité Ejecutivo Nacional
Partido Descentralista Fuerza Social

Pronunciamiento: Injusticia Electoral en la Resolución del Jurado en el Caso de la candidatura de Julio Guzmán

El día martes 16 de febrero el Jurado Nacional de Elecciones (JNE), con una decisión dividida de 3 a 2 votos, decidió confirmar las resoluciones dadas por el Registro de Organizaciones Políticas (ROP) que declaran improcedentes las modificaciones en la partida electrónica del partido Todos por el Perú.

La mayoría del cuerpo colegiado de la máxima instancia del JNE ha preferido salvaguardar los requisitos considerados como insubsanables (cumplimiento de la Ley y los Estatutos en los procesos electorales internos) para la admisión de candidatos, afectando el derecho a la participación política y la justicia electoral.

Con esto, por problemas administrativos relacionados a los tiempos en los que se solicitó el cambio de un estatuto que normaba sobre el Tribunal Electoral de dicho partido, quedaría fuera una candidatura que representa a un sector de la población.

El Partido Descentralista Fuerza Social considera que la mayoría del JNE no está calibrando la injusticia electoral y la deslegitimidad que se está generando en todo el proceso de elecciones presidenciales y congresales. Es importante recalcar que la resolución no es justa y constituye una sanción desproporcionada.

El Partido Descentralista Fuerza Social, comprometido con la candidatura de Verónika Mendoza y de nuestros candidatos al Congreso pertenecientes a la lista del Frente Amplio, manifiesta su preocupación por una resolución que trastoca completamente este proceso electoral priorizando los formalismos sobre los derechos de participación política. Exhortamos a los tres miembros del JNE a equilibrar su posición en los procesos de reconsideración y apelación, salvaguardando el derecho a la participación política y la legitimidad del proceso electoral.

17 de febrero de 2016

Comité Ejecutivo Nacional

Partido Descentralista Fuerza Social

Lecciones de Manchay

Gustavo Guerra-García

Escribe Gustavo Guerra-García

Las protestas en Manchay han sido causadas principalmente por una insuficiente comunicación. La gestión amarilla no tuvo operadores políticos y tampoco comunicadores en la zona. Por ello, no hubo prevención ni diálogo. Es obvio que el conflicto en su forma más violenta estuvo liderado por los empresarios, choferes y propietarios de las unidades de las rutas que debían reestructurarse. Los choferes de esas rutas que viven en Manchay recibieron la solidaridad de sus familias y del entorno de Manchay.

En este sentido, los concesionarios también tienen responsabilidad, pues siempre es importante incorporar a las planillas de los consorcios ganadores a los choferes de las rutas que se van a reestructurar, sobre todo si se trata de una zona de bajos ingresos y, por tanto, de una población más sensible a cambios. Pero también Protransporte debería poner especial atención en los choferes de las rutas que se reestructuran y preparar con tiempo sus programas de reconversión y reinserción laboral. Para eso hay fondos en un Proyecto de Inversión Pública que obtuvo viabilidad en enero del 2014, así que esa falla no puede ser un tema de recursos.

Manchay

Un segundo tema a resolver es el de los viajes cortos. En realidad, desde la puerta de Manchay por la avenida principal del Manchay hasta las profundidades de dicha zona se podrían haber mantenido rutas reestructuradas que cobren 50 centavos, como lo hicimos en el Rímac en la zona norte del corredor Tacna-Garcilazo-Arequipa, en donde coexisten rutas de tramos cortos que se han alargado a diferentes zonas del Rímac con la operación de la ruta troncal. El diseño operacional del corredor es correcto, pero siempre se requieren ajustes a la realidad social.

Un tercer tema son las conexiones entre las empresas cuyas rutas tienen un origen mafioso (principalmente del Callao operando en Lima) y el conflicto en Manchay. Es obvio que una parte de los incentivos para protestar de forma violenta es asustar a la gestión actual de la MML para desincentivarlos a reestructurar el corredor Javier Prado-La Marina-Faucett.

Y esto es importante porque la avenida Javier Prado será el lugar en donde ocurra la batalla decisiva de la reforma del transporte. Si la MML logra sacar a las Oriones de dicha avenida, cortará la fuente principal de recursos (son 70 rutas del Callao en Javier Prado) de los que se oponen por razones subalternas a la reforma. El resto de la implementación de la reforma será de bajada si el alcalde Castañeda tiene éxito en el Corredor Javier Prado-La Marina-Faucett. En este sentido, quizás lo mejor sea que Protransporte se concentre en la troncal de Javier Prado y no se desgaste en conflictos provenientes de batallas menores, en donde la alianza de los empresarios cascarones del Callao, con otros afectados, puedan exacerbar los conflictos más allá de lo razonable. Toda la ciudadanía debe exigir que se culmine con la implementación de la troncal del corredor de Javier Prado y apoyar a la actual administración en esta batalla que es de todos. Si se puede.

(publicado en exitosa el 10/02/2016)

Castañeda: primer año lleno de improvisación y vueltas al pasado

Eduardo Zegarra

Escribe: Eduardo Zegarra

El primer año de gestión del Alcalde Castañeda se ha caracterizado por una total improvisación y ausencia de visión urbana. El alcalde no sólo llegó sin plan para gobernar Lima sino que pretende ignorar el esfuerzo de profesionales, técnicos y ciudadanos que han construido detrás del Plan Regional de Desarrollo Concertado al 2025 (PRDC) y un Plan Metropolitano de Desarrollo Urbano Lima-Callao al 2035.

El alcalde Castañeda pretende seguir sin un proceso de planificación para Lima, decidiendo sobre los temas de la ciudad de acuerdo a sus intereses políticos y sus necesidades de marketing personalista. En la práctica, el alcalde Castañeda improvisa obras con recursos de todos los limeños, sin una estrategia conocida ni prioridades de ningún tipo para enfrentar los enormes problemas de caos urbano, el colapso del transporte y cada vez más agudos problemas ambientales, sociales e institucionales de una megaciudad hoy a la deriva.

La muestra más clara de la profunda improvisación de Castañeda es lo hecho en transporte, un grave retroceso al pasado. En la campaña había ofrecido un Monorriel, del cual ahora no habla. En sus primeros meses, Castañeda se dedicó a dinamitar la reforma iniciada en la gestión anterior.
Bajo el eslogan “la reforma del transporte no existe”, hirió de muerte una reforma apoyada por la ciudadanía con decisiones como: (i) anulación arbitraria de la licitación del sistema de recaudo, que le costará a Lima perder juicios y no tener este esquema; (ii) anulación de 11 paquetes de licitación de los corredores de integración, pieza fundamental de la reforma hoy desechada; (iii) debilitamiento técnico y financiero de los 2 corredores complementarios Tacna-Garcilaso-Arequipa y Javier Prado-La Marina, desmontando el sistema de fiscalización y favoreciendo a las rutas de Orión del Callao; (iv) paralización total de los otros 3 corredores complementarios claves para resolver el problema de 5 millones de viajes. Hoy es lamentable tener que decirle a Lima que con estas decisiones el alcalde Castañeda ha liquidado la reforma del transporte, sin plantear propuesta alternativa. Lima seguirá en el caos en transporte en el que ya nos había dejado Castañeda en sus 8 años de gestión anterior.

ENREJADO DEL MALECON Y CICLOVIA DE LA COSTA VERDE, EN EL TRAMO DE LA PLAYA PUNTA ROQUITAS Y MAKAHA

La falta de plan de Castañeda no es un tema menor y afecta gravemente el futuro de la convivencia urbana. La única obra nueva del alcalde Castañeda, el By Pass de 28 Julio, es una oda a la improvisación y las decisiones autoritarias en base al cemento sin planificación. Esta obra vial, construida sin mayor base técnica y con un expediente técnico copiado, deficiente y diferente para cada sector, no sólo no  resolverá ningún problema crucial del tránsito en la ciudad, sino que ha dejado sin financiamiento al proyecto de parque Río Verde, una obra que le iba a dar a Lima un enorme espacio público y de recuperación del único río que tenemos. De paso dejó sin vivienda digna a casi 100 familias Conibo-Shipibo en la isla Cantagallo. El By pass de 28 de Julio enfrenta sólo una intersección de las casi 90 que tiene el corredor donde se ubica, y no tendrá mayor impacto en beneficio de los limeños. Es un despilfarro de millones de soles de cemento sin visión de ciudad ni articulación a un plan urbano y vial.

Pero también es necesario decirle a Lima que el señor Castañeda no cumple con promesas elementales que hizo cuando juramentó el cargo. Dijo que inauguraría el Puente Bella Unión en tres meses, pero lo único que ha pasado es que ha dejado de lado el proyecto existente consensuado con los vecinos y hoy, a más de un año, (con el peligro de colapso según un informe técnico de su propia administración) no se sabe cuándo se iniciarán las obras de un nuevo proyecto. Tampoco ha inaugurado el Parque del Migrante, un espacio público clave para Lima y La Victoria, sin ofrecer mayor explicación a la ciudadanía. Tampoco ha querido avanzar un ápice en la construcción del mercado Tierra Prometida en Santa Anita, que permitiría trasladar a 28 asociaciones de comerciantes minoristas de las zonas aledañas a la ex Parada, y que hoy ven con desconcierto su futuro, con un alcalde que les niega una salida digna a sus necesidades de seguir trabajando en el comercio minorista.

Un peligro mayor de la gestión Castañeda es su pretensión de desconocer el comentado Plan Urbano para Lima (PLAM al 2035), que es fundamental para el desarrollo urbano de nuestra ciudad en las próximas dos décadas. Cabe decir que el PLAM tiene 246 ideas de proyectos de inversión, define cuatro centralidades para Lima y define la anexión urbana de dos polos industriales. Este plan fue presentado y discutido con amplios sectores de la sociedad civil y contó con supervisión de Hábitat ONU.

De acuerdo a la ordenanza 1862, se estableció un procedimiento de aprobación que requiere de consulta ciudadana y en los distritos, lo que debió realizarse en los primeros meses de la gestión actual. No obstante, el alcalde Castañeda pretende desconocer el PLAM y su teniente alcaldesa sigue haciendo esfuerzos para dejarlo de lado sin mayor sustento técnico o legal. Frente a esto, diversos ciudadanos vamos a interponer una acción de incumplimiento ante el Tribunal Constitucional. Lima merece tener un plan y salir de la profunda improvisación y discrecionalidad con que el señor Castañeda quiere seguir gobernando. Sólo una ciudad con planificación y visión de futuro podrá atraer la necesaria inversión privada para potenciar sus fortalezas y enfrentar los enormes retos de desarrollo de los próximos años rumbo a los juegos panamericanos 2019 y el bicentenario del 2021.

(Publicado originalmente en el blog “Sin Fronteras” de Eduardo Zegarra el 19 de enero de 2016)

http://eduardo-sinfronteras.blogspot.pe/