Vamos a la marcha del 14 de marzo: ¡la lucha contra la corrupción es importante!

Marcha contra la Corrupción 16F

Gustavo Guerra-García

Escribe Gustavo Guerra-García

La dirigencia de la CGTP convocó a una marcha contra la corrupción y contra la impunidad. Existe una intensa sensación de que sólo nos queda pelearla en las calles. Yo me adherí a esa marcha como muchos y lo ocurrido ayer me anima a decir lo siguiente:

En el mundo y en el Perú existe la pequeña corrupción y la gran corrupción. Hoy los peruanos presenciamos una vez más cómo muerde la gran corrupción en donde más le duele a un país; en el recorte de las oportunidades para los peruanos, en los colegios que no se construyen, en los hospitales que no se ejecutan, en el desarrollo agrario que no se logra, en la logística policial que no tenemos.

Históricamente, la gran corrupción se ha registrado en los grandes proyectos de riego, en las grandes carreteras o en algunos sistemas de transporte como Metros o Aeropuertos. En los últimos 35 años, tenemos registro de la corrupción de la gran obra desde el primer gobierno de Alan García con Chavimochic y Charcani V. En estas dos obras, hay pruebas de sobornos en Brasil con registro de depósitos al presidente de INADE el señor Jorge Ramos Ronceros, ocurridos durante el primer gobierno de Alan García. También de esa época es la denuncia de Sergio Siragusa que señala que entregó sobornos para el presidente García por la ejecución de la Línea 1 del metro, que en ese entonces se denominaba Tren Eléctrico. Las transferencias del soborno se depositaron en cuentas a nombre de Alfredo Zanatti, que era el Maiman de aquellos tiempos. Los otros escándalos de corrupción del primer gobierno de Alan García no estuvieron vinculados a obras públicas sino a Los Mirage, los depósitos de las reservas en l BCCI, la política del tipo de cambio múltiple (dólar MUC) y otros.

Luego, durante el fujimorato, 1,800 millones de dólares se evaporaron por corrupción comprobada por la Iniciativa Nacional Anticorrupción que impulsó el presidente Valentín Paniagua. En dicho gobierno, los expertos internacionales estiman que al menos US$6,000 millones se perdieron como consecuencia de la corrupción y ello convirtió al gobierno del ex presidente Fujimori en uno de los más corruptos de la historia de la humanidad.

Entre 1990 y el año 2001, se firmaron 30 contratos de los 67 contratos firmados por Odebrecht con entidades públicas peruanas y 35 más (firmados por el gobierno nacional y entidades subnacionales) se firmaron en los siguientes tres gobiernos de García, Toledo y Humala. Durante el fujimorismo la corrupción significó gastos en armamento cuantiosos gastados después del conflicto con el Ecuador, algunas privatizaciones que desnacionalizaron la economía estuvieron asociadas a corrupción y también se registraron obras sobredimensionadas como la presa de Cuchoquesera (ejecutada por Odebrecht) en Ayacucho en donde cada hectárea irrigada costó US$50,000 dólares cuando el valor de mercado de las mejores tierras del Perú estaban en ese entonces en US$7,000 dólares: US$43,000 dólares de pérdidas en un solo proyecto ejecutado durante el fujimoristmo por Odebrecht. Una muestra de la gran corrupción generada en los grandes proyectos de riego.

Luego de unos pocos años de purificación temporal con Valentín Paniagua y el inicio del gobierno de Toledo, el poder corruptor de las empresas brasileras logró que el gobierno del Perú pase de las obras a las Mega Obras. El punto de inflexión fue la Interoceánica del Sur. Una obra en la que se mintió al país con beneficios falsos para la carretera. Se inventó que aumentarían las hectáreas cultivables de 90,000 a 180,000 sólo como consecuencia de la carretera y que la rentabilidad promedio sería de 85%. Con esas mentiras se inflaron US$600 millones de dólares de beneficios para justificar una obra en concreto asfáltico, que es el tipo de solución más cara para una carretera.

Para ocultar que el estudio de factibilidad era mentiroso se exoneró el proyecto vial del Sistema de Inversión Pública. Esa fue la primera obra vial que se exoneró del SNIP. Una decisión que no es ilegal, per que desencadena otras decisiones que tampoco eran ilegales, pero que ponen al Estado y a la sociedad peruanas en una posición de indefensión.

Luego el gobierno decidió licitar, por primera vez, una Carretera sin estudio definitivo de ingeniería. Eso encarecía la formulación de las ofertas y reducía la competencia.

Se licitó sólo con tramos muy grandes que generaba que las empresas nacionales no puedan competir con las brasileras. Se licitó a velocidad de crucero perjudicando la competencia. Como consecuencia de lo anterior no hubo competencia y sólo se presentó un postor.

Se licitó a menor subsidio, pero como nadie sabía cuánto costaba la obra, se incluyó una clausula en el contrato que establecía que el presupuesto de las obras dependería de los estudios definitivos de ingeniería que elaborarían los ¡concesionarios! y que revisaría, posteriormente, Ositran. Esto permitió que las obras pasen de US$890 millones a US$2,300 millones durante el gobierno de Alan García a través de múltiples addendas.

Al no tener estudios definitivos de ingeniería, no hubo estudio de impacto ambiental antes de la firma de contrato. Menos evaluación estratégica ambiental. Las pérdidas para la sociedad equivalen a  US$1,700 millones y las sobre-ganancias de los constructores ascienden a US$340 millones. La obra de la Interoceánica del Sur tenía un tráfico muy bajo y bastaba con unos US$600 millones para edificarla con pavimentos económicos. 12 años después el único bosque de la selva no desforestado el 2005, es el reino de la tala ilegal, la minería ilegal y la trata de personas. Una lástima haber desaprovechado una oportunidad de utilizar esos recursos para definir intervenciones que hubieran cambiado el paradigma de desarrollo de la selva.

La interoceánica del Sur no estaba en las prioridades del MTC. No estaba en el Plan 2006-2023. Debieron hacerse primero IIRSA Centro e IIRSA norte, pero fueron postergadas porque costaban menos que la Interoceánica del Sur (aunque tenían mucho más impacto económico).

A finales del gobierno de Toledo se dio una Ley con nombre propio cambiando las causales de impedimento para contratar con el Estado (aprobada por la Comisión Permanente) y volando los límites de endeudamiento. Eso permitió que Odebrecht pueda firmar la Interoceánica del Sur, IRSA Norte, IIRSA Centro, Olmos, Línea 1 del Metro etc. Esto generó un cambio de Poder. Nadie en el Perú antes del 2005 había logrado tener contratos por entre US$3,000 y US$4,000 millones. El volumen de estos contratos genera que se produzca un enorme cambio de poder. Esos recursos que nadie tenía en el Perú de forma conentrada provocaron muchas de las firmas de ingeniería, estudios de abogados, medios de comunicación, comunicadores y empresas constructoras nacionales se articularan a este nuevo poder como proveedores. Los que señalamos los problemas de las decisiones que pusieron en posición de indefensión al Estado fuimos aislados laboral y mediáticamente y en mi caso, además, declarado persona no grata en Cusco, Puno, Madre de Dios y Arequipa con avisos pagados a toda página.

Todas las decisiones irregulares y que ponían en posición de indefensión al Estado fueron señaladas desde la izquierda –principalmente por el PDS, germen de Fuerza Social- desde el 2005 y estuvieron sobre la superficie. No requerían más investigación que mirar las bases y el modelo de contrato. La Contraloría General de la República, el Ministerio Público y las Comisiones del Congreso no hicieron nada efectivo en 11 años.

La decisiones de política pública eran tan equivocadas que no es extraño que hoy sepamos que fueron lubricadas por un sistema de coimas que se conocen hoy por la capacidad e independencia de los sistemas judiciales y fiscalías de Brasil, Suiza el Reino Unido y los EE.UU. Pero, por mucho tiempo no existieron pruebas que hoy sí tenemos desde el 2014 gracias a los sitemas judiciales de Brasil, Reino Unido, Suiza y EE.UU.

Esta es una BUENA época para Latinoamérica y el Perú. Hace 12 años yo no pensé que iba a vivir para ver presos a los cinco presidentes del cartel de empresas brasileras con sentencias de más de 15 años. El crecimiento depende del tamaño de la inversión y del retorno de la inversión. Proyectos como la Interoceánica del Sur que han costado mucho más que sus beneficios generan una reducción de las oportunidades para todos los peruanos y un achicamiento del bienestar. Decenas de miles de empleos se pierdan en todas las obras que se dejan de hacer por la corrupción.

El gobierno del Perú ha dado decretos que señalan que las empresas brasileras deben pedir permiso al Estado peruano para vender sus activos. Tardía y débil decisión. La norma llega muy a destiempo pues el alcalde de Lima ya autorizó la venta del 100% de la concesión de OAS y del 77% de las acciones de la concesión de Odebrecht. Y, además debe decirse que se han hecho varios cambios ilegales sólo para facilitar las ventas de los activos de las concesionarias. A Lima el alcalde actual le ha quitado obras como Rio Verde en el Rímac, Intercambio Vial Canta Callao en Los Olivos, Los Viaductos entre San Juan de Lurigancho y el centro Histórico y el viaducto de la Separadora Industrial (La Molina), que ya estaban en los contratos con el único objetivo de bajar las inversiones privadas y mejorar el valor de venta para que fuguen los capitales brasileros hacia su país en donde a Odebrecht si le exigen reparaciones grandes de alrededor de US$3,000 millones.

El Perú merece un enorme plan de reparaciones por las pérdidas sociales que han ocasionado las empresas brasileras que han sobornado funcionarios. Por ello, debe decirse que están dadas todas las condiciones políticas y jurídicas para el embargo de todos los bienes, cuentas y activos de estas empresas como viene ocurriendo en todos los países afectados menos el Perú. Y como ni la fiscalía ni la procuraduría se lo han solicitado al Poder Judicial, sólo nos queda el pueblo organizado, la CGTP y los ciudadanos del Perú para reclamar. Por eso, apoyo la movilización convocada por la CGTP que ha tenido la adhesión de las organizaciones políticas de izquierda y seguiré apoyando y participando en sus convocatorias.

Marcha contra la corrupción 16F

Quiero terminar diciendo que hoy tenemos un presidente preso y 3 presidentes más están en riesgo de terminar presos. Pero al lado de estos problemas hay peruanos que en su actividad política actuaron con total integridad personal como José Carlos Mariátegui, Jorge Basadre y Víctor Raúl Haya de la Torre. En tiempos más recientes, Fernando Belaunde, Valentín Paniagua y Javier Pérez de Cuéllar demostraron su integridad de forma plena. Otros peruanos íntegros que además tuvieron el valor de enfrentarse a los poderosos y siempre estuvieron del lado del pueblo son: Horacio Zeballos, Jorge del Prado, Alfonso Barrantes y Javier Diez Canseco. Y creo que sobre el ejemplo y el legado de estos cuatro líderes, la CGTP edifica un segundo piso de ciudadanía en momentos difíciles para la patria. Y con esto cierro diciendo que por cada político que cayó en las redes de la corrupción hay miles de peruanos esforzados y muy trabajadores que son personas honestas y resueltas a defender los intereses de la Nación. Creo que hoy las movilizaciones que convoca la CGTP nos devuelven la fe en el destino del Perú y de los peruanos. Nos vemos el 14 de marzo en la Plaza 2 de mayo.

17 de marzo de 2017

EN FAVOR DE LA MORAL DE LA NACIÓN, EN REPUDIO A LA CORRUPCIÓN

FS

El Partido Descentralista Fuerza Social condena y lamenta los actos de corrupción que se vienen descubriendo y que involucran a las más altas autoridades de diversos Gobiernos que ejercieron el poder después de la dictadura fujimorista, en donde se estructuró, desde el Estado,  un andamiaje corrupto que gobernó el país. Asimismo, nuestro Partido exige a las autoridades competentes como el Poder Judicial y el Ministerio Público que sean inflexibles con estos actos de vesanía cometidos por aquellos que se irrogaban calidad moral lo cual los descalifica doblemente. Instamos al Congreso de la República a dejar trabajar con autonomía a estas instituciones del Estado Peruano.

Esta aciaga situación que atraviesa nuestra patria demuestra palmariamente que el mercado no se regula solo y que los mecanismos de control eficientes e independientes del Poder son necesarios para mitigar o desincentivar acciones de corrupción en cualquiera de los niveles del Estado. Asimismo se debe tomar conciencia que los intereses privados están sujetos al interés Público y que las empresa privadas en el Perú que hayan participado en actos de corrupción deben ser sancionadas de manera ejemplar para dar signos claros que el Estado Peruano, que representa los intereses del pueblo, es digno y ejerce soberanía frente a los intereses particulares que únicamente ven en la utilidad el incentivo de sus actividades.

Nos indigna profundamente que la transición democrática que se inició con el Dr. Valentín Paniagua se haya enturbiado con los actos de latrocinio al erario nacional. Esto es una demostración más que el crecimiento económico debe estar supeditado a la conformación de instituciones republicanas sólidas y no al revés, en donde el crecimiento económico se ha convertido en un fin en sí mismo pero sin un correlato institucional que evite este tipo de atentados contra la Nación.

Somos conscientes de la gravedad de la situación y del peligro para nuestra Patria pues son en estos momentos en donde los radicalismos de izquierda o de derecha encuentran mayor ocasión para desplegar sus acciones ante la anomia y la ausencia de un rumbo claro de los destinos del país. Sin embargo también encontramos en esta oscura etapa de la patria la posibilidad de convocar a los hombres y mujeres de buena voluntad, de todas las tendencias democráticas en donde la decencia sea un valor incontrovertible, a unirse al llamamiento de la Nación que requiere de la presencia de sus mejores hijos para participar activamente en la Política y no dejar ésta en manos de improvisados y mercaderes o usurpadores del Gobierno de las mayorías.

Nos aunamos con firmeza al llamamiento de los Partidos, gremios, colectivos, asociaciones, que aún creen en el futuro de la Nación y en la idea que el Perú no solamente es un problema sino una inmensa posibilidad, a la marcha de este jueves 16 de febrero de 2017 en defensa de la integridad moral de nuestro país y para que el flagelo de la corrupción sepa que hay un pueblo atento que no la dejará gobernar, desde el Estado, a un pueblo que sí aprende  de su historia.

Lima, 15 de febrero de 2017

Comité Ejecutivo Nacional
Partido Descentralista Fuerza Social

El PEAJE DE PUENTE PIEDRA

FS

El proyecto vial Vías Nuevas de Lima es una concesión firmada por la Municipalidad Metropolitana de Lima y la empresa Odebrecht que implica inversiones por más de 590 millones de dólares y está orientada a resolver los cuellos de botella de los tres principales accesos de la ciudad: Panamericana Norte, Panamericana Sur y la Ramiro Prialé. Las obras incluyen 36 intercambios viales de los cuales más de 30 corresponden a la Panamericana Norte y no han sido concluidos. Las obras deben transformar 115 Km de vías con cruces a nivel en autopistas habilitadas. Las obras incluyen el intercambio vial Alipio Ponce culminado durante la gestión de Fuerza Social, otras obras en la Panamericana Sur como el túnel Benavides y la salida en El Derby y la extensión de la Autopista Ramiro Prialé desde Huachipa hasta el límite entre Chosica y Chaclacayo.

El proyecto fue presentado como iniciativa privada durante el segundo gobierno de Castañeda (2007-2010) denominado línea azul. La Iniciativa fue aprobada por el Concejo de Lima por unanimidad de las fuerzas políticas durante la gestión de  Fuerza Social (2011-2014). El contrato dispone que toda la inversión sea privada, y que se recupere con el cobro de los peajes en esas vías. Ni la Municipalidad Metropolitana de Lima ni el gobierno central  han invertido recursos públicos en esta concesión. La garita de Puente Piedra pre-existe a la firma del contrato de concesión pero con un cobro sólo en un sentido. La segunda garita de peaje debía implementarse, según el contrato original,  después de culminadas todas las obras en la Panamericana Norte. La implementación posterior a la culminación de las obras hubiera permitido que los costos y tiempos de los vehículos se reduzcan antes de la elevación de los peajes de forma de que el efecto neto a los operadores de los vehículos livianos, buses y carga fuera nulo.

La administración de Luis Castañeda Lossio ha permitido la implementación de la garita de peaje de sur a norte en Puente Piedra antes que se culminen las obras en la Panamericana norte como estipulaba el contrato, lo cual es a todas luces ilegal.

Nos preocupa que Castañeda haya cedido a la empresa los ingresos (4% de todos los ingresos brutos) que debía recibir la Municipalidad de Lima por derecho de concesión, lo cual atenta contra la ciudad al eliminar el ingreso previsto en el contrato de concesión.

 La firma internacional Odebrecht ha estado tratando de vender la concesión por temor a las represalias que el gobierno peruano podría tomar tras conocerse que es una empresa que sistemáticamente ha pagado sobornos en el Perú y en varios países. La gestión de Luis Castañeda Lossio ha cedido y modificado las condiciones del contrato original en relación al peaje con el único objetivo de favorecer a Odebrecht de modo de facilitar su proceso de venta de la concesión. Es por esa razón y no por ninguna otra que se ha adelantado la construcción de la nueva garita y el cobro a la ejecución de las obras faltantes en la Panamericana Norte con las consecuencias lamentables que todos conocemos.

El estilo de gestión sin comunicación ni transparencia sólo es fuente de conflictos en un escenario en donde la población de Puente Piedra espera soluciones concretas a sus problemas de conectividad que implican inversiones menores que no han sido ejecutadas y por las que ha venido pidiendo reiterativamente audiencia con el alcalde y que no han querido ser escuchadas.

Cuando le conviene, Castañeda Lossio presenta todas las obras de esta concesión firmada por la gestión de Fuerza Social como si fueran ejecutadas por la Municipalidad Metropolitana de Lima y no por los concesionarios, pero ha sido incapaz de mejorar las condiciones que pudieran afectar a los vecinos de Puente Piedra.

Durante la gestión de Fuerza Social todas las obras y programas que se avanzaron y ejecutaron fueron ampliamente discutidas con los vecinos que viven en el área de influencia de las intervenciones y sufrieron adecuaciones de acuerdo a las necesidades de la gente. Un ejemplo que la actual administración no sigue con lamentables consecuencias.

Es por ello que EXIGIMOS al alcalde Castañeda que se suspenda la instalación de la garita en Puente Piedra y abra una mesa de dialogo con los vecinos de Puente Piedra para llegar a una solución definitiva de este conflicto.

06 de enero de 2017

Comité Ejecutivo Nacional

Partido Descentralista Fuerza Social

En favor de la Educación y la necesidad de liberarla del fujiaprismo

FS

El Partido Descentralista Fuerza Social reafirma su vocación por el derecho universal a la  Educación, democrática y de calidad,  conscientes del valor de la Educación para salir de la pobreza, la marginación y en consonancia con el desarrollo del país.

Nuestro Partido rechaza firmemente las acciones que desde el Congreso de la República pretenden detener el avance de la mejora de la Educación bajo excusas inocuas que solamente buscan ocultar intereses subalternos y motivaciones mercantilistas representadas en el fujimorismo y en el aprismo.

La actuación vergonzosa de estos partidos solamente demuestra su total desprecio e ignorancia de lo que significa tener una Educación democrática y de calidad y que se ve reflejada en las medidas de cambio tomadas desde el Ministerio de Educación.

Somos un partido de Izquierda y críticos del actual gobierno pero eso no nos impide distinguir aquellos aspectos que pueden generar desarrollo para el país en materia de la Educación de nuestros niños y jóvenes. Consideramos que la Reforma Universitaria en el Perú es necesaria, siendo perfectibles algunos aspectos, y ésta debe continuar a  fin de terminar con las Universidades que solamente buscan enriquecer a sus promotores sin exigir estándares mínimos de calidad que garanticen una formación que pueda responder a las exigencias de la Nación.

El intento del aprismo y el fujimorismo de retornar al control de las Universidades por parte de camarillas enquistadas en los Rectorados no puede permitirse, ni tampoco experiencias fallidas de nulo control de calidad como fue el caso de la Asamblea Nacional de Rectores (ANR).

La inminente censura al Ministro de Educación, Dr. Jaime Saavedra, no es sino preludio de las intenciones del fujimorismo para controlar el gobierno que le fue negado en las urnas, anteponiendo sus pequeños intereses a los del país en su conjunto.

El actual gobierno carece de organización político partidaria y de enraizamiento en los sectores de la sociedad pero la Educación es un asunto de interés nacional y que nos involucra a todos.

Por este motivo nuestro Partido apoya las legítimas muestras de rechazo popular a este atentado contra la Educación Peruana y CONVOCA A SUS MILITANTES Y A TODA LA SOCIEDAD a apoyar desde las calles a los movimientos y colectivos que este LUNES 12 DE DICIEMBRE manifiestan su indignación frente al clientelismo del fujimorismo y el aprismo.

¡Por una Educación Democrática y de Calidad!

10 de diciembre de 2016

Comité Ejecutivo nacional
Partido Descentralista Fuerza Social

APOYEMOS A NUESTROS HERMANOS SHIPIBOS

FS

El Partido Descentralista Fuerza Social, ante el incendio ocurrido anoche y que dejó toda la comunidad en escombros, se solidariza con el pueblo Shipibo-Conibo afincado en la zona de Cantagallo y responsabiliza a Castañeda Lossio por mantenerlos en esa situación de precariedad y vulnerabilidad.

Desde Fuerza Social reivindicamos la necesidad que tiene la comunidad Shipiba de condiciones adecuadas para vivir según sus costumbres y creencias,  la misma que en nuestra gestión fue tema de prioridad al amparo del Convenio 169 de la OIT. Es así que desde que el 2011 se inicia un dialogo con la comunidad y que rindió frutos con la inclusión de su reubicación como parte del proyecto Río Verde y que se empieza a materializar en octubre de 2014 con la compra de un terreno de 7141 m2 ubicado en Campoy para la construcción del Conjunto Habitacional Shipibo-Conibo.

Sin embargo, este proceso de reubicación se canceló irresponsablemente cuando en marzo de 2015 el entrante alcalde Castañeda comunica que el dinero destinado para el proyecto Río Verde será utilizado para construir un bypass entre las avenidas 28 de Julio y Arequipa, derivando el dinero a una obra que no soluciona el problema y que ha dado pie a múltiples denuncias por el costo y la manera en que se ha ejecutado.

La mezquindad e intereses económicos ocultos hicieron que el alcalde Castañeda negociara antes de asumir la alcaldía para anular el proyecto y con ello la reubicación de nuestros hermanos shipibos, y que a la luz de los mensajes y correos electrónicos sacados a la luz por la prensa demuestran los malos manejos en los que estaba involucrado Castañeda y que el Ministerio Público debe investigar a fondo, más aun cuando se vieron perjudicadas humildes familias de la única comunidad indígena de Lima.

Desde Fuerza Social EXIGIMOS a la Municipalidad Metropolitana de Lima y a su alcalde Castañeda Lossio que asuma la responsabilidad de esta tragedia por de haber dejado sin proyecto de reubicación a la comunidad Shipibo-Conibo de Cantagallo y que restituya el proyecto Río Verde que tenía el presupuesto necesario para la construcción de la nueva comunidad Shipibo en Campoy.

Exhortamos a la sociedad en general a que ayude con alimento y abrigo y a que no olvide que hay una comunidad indígena en Lima, que luego del incendio de anoche, no sólo han perdido sus viviendas y pertenencias personales, sino que además les ha quitado talleres y herramientas para la fabricación de artesanías que era su principal fuente de ingresos.

Permaneceremos vigilantes de la solución definitiva del problema de vivienda que los aqueja.

Lima 4 de noviembre de 2016

Comité Ejecutivo Nacional

Partido Descentralista Fuerza Social

Solidaridad con el hermano pueblo venezolano y defensa de sus derechos políticos y económicos

FS

Por una salida democrática y pacífica a la crisis extrema en Venezuela

El Partido Descentralista Fuerza Social, frente a la  grave crisis que atraviesa el hermano país de Venezuela, se dirige a la opinión pública para expresar o siguiente.

  1. La situación del pueblo hermano de Venezuela está llegando a una situación límite con el creciente deterioro económico, social y político, producto de erradas políticas económicas y por una conducción política con creciente vocación autoritaria; ha llegado a un extremo deterioro al punto de constituir una crisis humanitaria que amenaza la vida y la salud de los venezolanos, configura un cuadro  que estremece la conciencia y llama a la más amplia solidaridad  de los latinoamericanos.
  1. Esta crisis extrema tiene como principal responsable al gobierno del presidente Nicolás Maduro. Este gobierno, ha impuesto un régimen profundamente autoritario, con violaciones a los derechos humanos y derechos políticos de los venezolanos y con atropellos flagrantes al orden constitucional de ese hermano país. El encarcelamiento de opositores políticos, el avasallamiento de la Asamblea Nacional, incluyendo una violenta invasión del edificio donde funciona, la imposición del presupuesto  nacional sin pasar por la aprobación de la Asamblea, la manipulación del poder judicial para suspender el derecho constitucional al referéndum revocatorio, forman parte de esta sucesión de violaciones de los derechos del pueblo. A ello se suma una creciente corrupción que acompaña siempre a los regímenes represivos y autoritarios. El sabotaje a la producción  de sectores  del empresariado venezolano y la conducta violentista de grupos de ultraderecha agravan esta situación pero no reducen en nada la principal responsabilidad del gobierno de Maduro.
  1. Por todo lo anterior no cabe duda de que en Venezuela se ha producido una grave alteración del orden democrático, frente a la cual todas las fuerzas que en el Perú y América Latina creen en la democracia, deben levantar su más enérgico repudio. Con la misma firmeza  con que denunciamos y nos enfrentamos al régimen dictatorial y corrupto de Fujimori en los años 90, y con la misma  convicción con la que la izquierda y las demás fuerzas democráticas peruanas impedimos en este año el retorno del fujimorismo al poder por el riesgo para el país que significaba la candidatura de Keiko Fujimori, con esa misma fuerza y energía, cabe denunciar y condenar al régimen de Maduro en Venezuela, cuyas características en lo sustancial no difieren de las del fujimorismo en el Perú.
  1. Ante esta crisis extrema el Partido Descentralista Fuerza Social, desde sus posiciones de izquierda moderna y su compromiso firme con la democracia, la defensa de la vida, el ejercicio pleno de los  derechos políticos y su rechazo a toda forma de dictadura y corrupción, expresa su apoyo a las iniciativas de diálogo entre el gobierno y la oposición en Venezuela planteadas por UNASUR, el Vaticano y otras personalidades del ámbito internacional. Afirmamos, sin embargo, que este diálogo sólo tiene sentido si conduce al restablecimiento del íntegro de los derechos políticos del pueblo venezolano, al ejercicio pleno de la separación  de poderes y a la vigencia sin límites de los mecanismos constitucionales, incluido el derecho al referéndum revocatorio.
  1. Si, por el contrario, se vieran frustrados estos objetivos democráticos, irrenunciables para el bienestar del pueblo venezolano, demandamos que la OEA y los gobiernos del continente asuman su responsabilidad con el hermano país de Venezuela, dando lugar a la aplicación adecuada e inmediata de la  Carta Democrática Interamericana.

Lima, 4 de noviembre de 2016

Comité Ejecutivo Nacional

Partido Descentralista Fuerza Social

Vínculos del alcalde Castañeda Lossio con escándalo de corrupción brasilero “Lava Jato”

FS

Fuerza Social denuncia indebida negociación entre ex funcionaria de Castañeda y encarcelado ex presidente de OAS para anulación del Proyecto Río Verde

Durante el segundo gobierno municipal del partido Solidaridad Nacional, Luis Castañeda Lossio, firmó un contrato con la empresa brasilera OAS para el desarrollo del proyecto “Línea Amarilla”. El contrato era “entreguista” y los ingresos por peajes eran desproporcionalmente elevados en relación a los compromisos de inversión. Además, era socialmente inviable, pues perjudicaba a los pobladores de la margen izquierda del Río Rímac, al establecer un techo de US$5,000 de compensación por la compra de cada predio en el área del proyecto.

El gobierno 2011-2014 de Fuerza Social logró renegociar el contrato a fin de obtener condiciones más favorables para la ciudad en el marco del renombrado megaproyecto “Vía Parque Rímac”. Así, se estableció: i) más de US$200 millones adicionales de inversiones; ii) que el 7% de los ingresos por peajes sean transferidos a la MML; iii) la recuperación y reverdecimiento de la ribera del río Rímac (Proyecto Río Verde) ; iv) que los propietarios y posesionarios afectados reciban una compensación como mínimo de US$30,000 por cada predio; v) así como la reubicación consentida de la comunidad shipibo conibo asegurándoles mejores condiciones de vivienda.

Según un reportaje de IDL Reporteros, en la investigación del escándalo de corrupción de “Lava Jato”, se han encontrado evidencias -en el teléfono del encarcelado ex presidente de OAS- de que la ex gerente de Promoción de la Inversión Privada,  Giselle Zegarra, actuando en representación de Luis Castañeda Lossio, negoció ilegalmente, y antes de que el alcalde de Lima asuma su tercer mandato, condiciones importantes del contrato del proyecto en cuestión para favorecer a OAS.

Como consecuencia de este tráfico de influencias y usurpación de funciones, se procedió a desmontar el proyecto Río Verde y, en su lugar, se decidió ejecutar un by pass en la avenida 28 de julio, indebidamente financiado con los peajes de los vehículos que circulan por la Vía de Evitamiento. Dicho bypass presenta serias irregularidades, incluyendo un expediente técnico inconcluso, la poca claridad del costo del mismo y la inutilidad para solucionar el problema del transporte en la ciudad.

Por todo lo anterior, EXIGIMOS que el Ministerio Público, el Congreso de la República y la Contraloría General de la República inicien las investigaciones de este gravísimo caso, que no es más que la extensión en el Perú de los tentáculos de corrupción que han dañado a la sociedad brasilera.

Fuerza Social se reafirma en la defensa de los intereses públicos por encima de los intereses particulares, en la lucha frontal contra la corrupción en todas sus formas y en la construcción de una ciudad sostenible, con mayores espacios públicos, más humana y con mejores condiciones de vida para todos y todas sin distinción alguna.

Lima, 22 de octubre de 2016

Comité Ejecutivo Nacional

Partido Descentralista Fuerza Social

Sobre el décimo tercer aniversario de la Comisión de la Verdad y el caso Accomarca

FS

El Partido Descentralista Fuerza Social se solidariza con los deudos de las sesenta y un personas asesinadas por un escuadrón del Ejército Peruano en 1985 en la localidad de Accomarca. Asimismo exige a las autoridades judiciales que ejecuten las sanciones penales emitidas y que no cesen en la búsqueda de los fugitivos de la barbarie perpetrada.

Veintitrés de las personas ejecutadas eran niños según la información que se relata en el Proceso Judicial que se pudo generar a raíz de las investigaciones de la Comisión de la Verdad y Reconciliación Nacional (CVR). Los peruanos asesinados fueron previamente torturados y las mujeres violadas para después ser acribillados y sus cuerpos destrozados por granadas de guerra. Estos horrorosos datos se han podido conocer por lo señalado y acreditado en el Proceso Judicial y previamente por las investigaciones preliminares de la CVR. No es casual, como en otros casos, como el de Putis, que el desprecio por la vida humana se haya concentrado en las poblaciones de nuestras serranías, campesinos y quechua hablantes que literalmente no existían para el Estado Peruano, que estaban condenados a la pobreza absoluta ante la indiferencia del “Perú oficial” que incluía los Partidos Políticos, salvo honrosas excepciones.

La justicia que ha condenado a veinticinco años de prisión no solamente a los autores materiales sino también a quienes ejercieron autoría mediata (mandos del ejército) llega después de 31 años y luego de un  tortuoso proceso judicial de cinco años que no hubiera sido posible sin las investigaciones de la CVR y sin la defensa de instituciones protectoras de los derechos humanos como el Instituto de Defensa Legal a quien el abogado y profesor Carlos Rivera representa. El tiempo transcurrido, la manera como el Proceso se ha dilatado, las interminables horas de espera de los familiares da cuenta que se mantiene el estigma para los más desprotegidos de nuestra sociedad y expresa muestras subyacentes de discriminación, racismo y mentalidad colonial.

Este proceso de guerra interna recién viene siendo conocido en su indescriptible dimensión, en cuanto al horror alcanzado, pese a las poderosas voces que pretenden silenciar el Informe de la CVR. Es labor del Estado difundirlo, explicar los hechos, las causas, que llevaron a nuestro país a un desangramiento superior al de la Guerra con Chile.

Es fundamental saber que el principal violador de Derechos Humanos, según la CVR, fue Sendero Luminoso, cuyas prácticas y formas, expresaban el absoluto desprecio a la vida humana, por lo que nuestro Partido condena con igual firmeza las acciones de este grupo genocida, como, por ejemplo, su expresión sanguinaria en Lucanamarca donde mataron a decenas de hermanos campesinos. El Estado Peruano, en muchas ocasiones, respondió con similar desprecio a las poblaciones campesinas que estaban en medio de la barbarie.

Un pueblo que no conoce su pasado, por más doloroso y terrible que este sea, está condenado a repetir los errores de sus historia reciente. Refirmamos nuestro compromiso con la Paz, con la justicia social, y con una sociedad más equitativa y con las mismas oportunidades para todos.

8 de setiembre de 2016

Comité Ejecutivo Nacional

Partido descentralista Fuerza Social

Sobre la Defensoría del Pueblo

FS

Fuerza Social reconoce la trascendencia jurídica y social de la Defensoría del Pueblo como institución baluarte para la defensa de los derechos fundamentales de la persona humana en concordancia con la Constitución. El artículo 162 de la misma prevé que “corresponde a la Defensoría del Pueblo defender los derechos constitucionales y fundamentales de la persona y de la comunidad; y supervisar el cumplimiento de los deberes de la administración estatal y la prestación de los servicios públicos a la ciudadanía”.

Conscientes de la importancia de la Defensoría del Pueblo Fuerza Social manifiesta su preocupación y clara Discrepancia con la elección del nuevo Defensor del Pueblo. Nuestra discrepancia obedece a temas que abordan tanto la forma de la elección como la persona elegida.

La manera de elección ha sido precipitada, desinformada y con la clara intencionalidad política de tener un Defensor del Pueblo que sea más proclive a los intereses de la mayoría congresal y el sector político que representan, sin tener en consideración el perfil y las características profesionales  y académicas que debe expresar un Defensor del Pueblo con total autonomía funcional en concordancia con lo señalado expresamente en el artículo 161 de la Constitución. Los votos del fujimorismo (73) no hubieran sido suficientes para la elección del Dr. Walter Gutiérrez como nuevo Defensor del Pueblo por lo que la responsabilidad en esta elección precipitada recae también en un sector del partido de PPK, el cual se ha sumado, por desconocimiento o indiferencia, a una elección que no representa los intereses de la Defensoría del Pueblo como institución tutelar ni de los de la comunidad que espera de ella una entidad garante de sus derechos constitucionales tanto individuales como colectivos.

Sobre las calidades de los candidatos para Defensor, era, de lejos, el Dr. Samuel Abad quien representaba el mejor perfil para tan trascendental labor. Profesor universitario de prestigio, académico reconocido en temas constitucionales, con una trayectoria vinculada a la tutela de los derechos como Adjunto de la Defensoría del Pueblo durante más de una década. Los otros candidatos, incluyendo al actual Defensor, carecen de la experiencia y la solvencia académica en materias constitucionales y dudamos de su independencia o imparcialidad frente al Estado y los partidos políticos que lo han designado como Defensor del Pueblo.

Llamamos la atención de las instituciones democráticas, de los partidos políticos, de la sociedad en general sobre este mal precedente en la elección de una figura constitucional que  a nivel mundial es muy relevada por su papel en la defensa frente a la arbitrariedad y el abuso de poder.

8 de setiembre de 2016

 

EL COMITÉ EJECUTIVO NACIONAL

Agenda de la Sesión ordinaria de Concejo de la MML 09/08/2016

I. APROBACIÓN DE ACTAS

• N° 32 correspondiente a la Sesión Extraordinaria de fecha 30 de junio de 2016.

II. DESPACHO

1. CONVENIOS DE COOPERACIÓN INTERINSTITUCIONAL ENTRE LAS MUNICIPALIDADES DISTRITALES DE SURQUILLO Y LINCE PARA LA FISCALIZACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO DE TRANSPORTE DE PERSONAS Y CARGA

a) Dictámenes Nos.91-2016-MML-CMAEO, 12-2016-MML-CMCDCTU y 97-2016-MML-CMAL, de las Comisiones Metropolitanas de Asuntos Económicos y Organización, de Comercialización, Defensa del Consumidor y Transporte Urbano, y de Asuntos Legales, proponiendo al Pleno la aprobación de la celebración del Convenio de Cooperación Interinstitucional a suscribirse entre la Municipalidad Metropolitana de Lima y la Municipalidad Distrital de Surquillo, para la Fiscalización del Servicio Público de Transporte de Personas y Carga.

b) Dictámenes Nos. 92-2016-MML-CMAEO, 13-2016-MML-CMCDCTU y 101-2016-MML-CMAL, de las Comisiones Metropolitanas de Asuntos Económicos y Organización, de Comercialización, Defensa del Consumidor y Transporte Urbano, y de Asuntos Legales, proponiendo al Pleno la aprobación de la celebración del Convenio de Cooperación Interinstitucional a suscribirse entre la Municipalidad Metropolitana de Lima y la Municipalidad Distrital de Lince, para la Fiscalización del Servicio Público de Transporte de Personas y Carga.

2. CONVENIO DE COOPERACIÓN DE AFECTACIÓN EN USO DE VEHÍCULO A SUSCRIBIRSE ENTRE LA MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA Y LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PUNTA HERMOSA

• Dictámenes Nos. 93-2016-MML-CMAEO y 96-2016-MML-CMAL, de las Comisiones Metropolitanas de Asuntos Económicos y Organización y de Asuntos Legales, proponiendo al Pleno la aprobación de la celebración del Convenio de Cooperación de afectación en uso de Vehículo, a suscribirse entre la Municipalidad Metropolitana de Lima y la Municipalidad Distrital Punta Hermosa.

3. MODIFICACIÓN DEL PLANO DE ZONIFICACIÓN DEL DISTRITO DE SAN LUIS

• Dictamen N° 34-2016-MML-CMDUVN de la Comisión Metropolitana de Desarrollo Urbano, Vivienda y Nomenclatura, por el que propone al Concejo:

Primero.- Modificar el Plano de Zonificación del Distrito de San Luis, aprobado mediante Ordenanza N° 1082-MML, calificando de Vivienda Taller a Comercio Zonal, del predio ubicado en la Mz. R de la Urbanización La Viña, con frente a la Av. Circunvalación, haciéndolo extensivo hasta la Av. Del Aire; solicitado por la señora Elizabeth Asunción Jiménez Romero.

Segundo.- Declarar desfavorables las peticiones de Cambio de Zonificación que se indican a continuación, en el Distrito de San Luis:

EXP. SOLICITANTE UBICACIÓN
1 56428-2015 Marcial Leyva Rojas Jr. Cabo Yen Escobedo Garro Mz. E1 Lote 31 Urb. La Viña II Etapa-San Luis
2 56424-2015 Asociación Servicios Múltiples 1 de Mayo Jr. Rio Piura N° 383-Mz. C lotes 40,41 y 42 Urb. Las Moras –San Luis

 

4. ORDENANZA QUE APRUEBA EL PLANO DE ZONIFICACIÓN DEL DISTRITO DE PUNTA HERMOSA

• Dictamen N° 42-2016-MML-CMDUVN de la Comisión Metropolitana de Desarrollo Urbano, Vivienda y Nomenclatura, por el que propone al Concejo la aprobación del proyecto de ordenanza que declara desfavorables las peticiones de cambio de zonificación del Distrito de Punta Hermosa, que a continuación se indican:

 

 

SOLICITANTE

 

                   UBICACIÓN

PETICIÓN DE CAMBIO DE ZONIFICACIÓN
1 INMOBILIARIA MARATÓN DE PERÚ S.A.C. E INVERSIONES ALTAMAR S.A.C.  

Predio ubicado en el Lote 55, Lote 202 y parte de la parcela 2 del Distrito de Punta Hermosa.

SIN ZONIFICACIÓN A ZRE y ZHR
2 INMOBILIARIA MARATÓN DE PERÚ S.A.C. Predio ubicado en parte de las Parcelas 2, 4 y 5, así como, de la Parcela Colina en el Distrito de Punta Hermosa. DE PTP, ZHR Y ZRP A RDM Y CZ
3 ALQUIFE LURÍN S.A.C.

 

Predio ubicado en la Sección N° 01 y Sección 2-1 de la zona rústica Grupo F lotes 12, 16, 19, 23, 27, 31, 35-A, 35-B, del Distrito de Punta Hermosa. DE OU Y SIN ZONIFICACIÓN A CZ

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