Por una solución constitucional a la crisis política: En defensa de la Democracia, contra la corrupción y la impunidad

Frente a la información difundida referida a presuntos pagos por asesorías efectuados por la empresa Odebrecht al presidente Pedro Pablo Kuczynski cuando este era ministro del gobierno de Alejandro Toledo, cuestionado por haber aprobado la construcción de la Carretera Interoceánica del Sur a cambio de sobornos, Fuerza Social expresa a la opinión pública lo siguiente:

  1. En la segunda vuelta electoral del año 2016, fuimos la primera organización política de izquierda en hacer un llamado público a nuestra militancia y a la ciudadanía progresista a dar un voto crítico por PPK con la finalidad de impedir el retorno del autoritarismo, la corrupción y la permisividad con el narcotráfico, que encarnaba la candidatura de Keiko Fujimori. En esta oportunidad, demandamos a Pedro Pablo Kuczynski a que, de no refutar de manera sólida, integral y satisfactoria ante la opinión pública las graves acusaciones hechas contra él, dé un paso al costado y renuncie al cargo de Presidente de la República. El mensaje a la Nación emitido anoche por PPK es absolutamente insatisfactorio y, al no desvirtuar los graves cargos que se le imputan, justifica plenamente el pedido de renuncia.
  2. El escenario político de las elecciones del 2016, en las que se planteó una clara división entre decencia y corrupción y entre autoritarismo y democracia, mantiene su plena vigencia, con la diferencia que hoy PPK parecería haber cruzado la línea divisoria fundamental en el campo de la corrupción, traicionando de ese modo la confianza y el mandato que le entregaron las fuerzas democráticas del país.
  3. La salida estrictamente constitucional a la crisis es que el Congreso acepte la renuncia de PPK y que el Primer Vicepresidente asuma la Presidencia de la República hasta completar el periodo de gobierno para el que fueron elegidos. No existe ningún fundamento para impulsar un procedimiento distinto al establecido constitucionalmente. El nuevo gobierno, liderado por el actual Vicepresidente Martín Vizcarra, debería nombrar a un gabinete de ancha base con personas y fuerzas no comprometidas con el autoritarismo y la corrupción, e impulsar una amplia coalición democrática y republicana, orientada a defender la autonomía del Ministerio Público, del Poder Judicial y del Tribunal Constitucional, con miras a garantizar la separación de poderes y la continuidad de los procesos de investigación vinculados al caso Lava Jato.
  4. El fujimorismo está manipulando la crisis con la finalidad de tender un manto de impunidad sobre sus propias responsabilidades vinculadas a la recepción de financiamiento encubierto de Odebrecht y a la relación de Keiko Fujimori con el ex secretario general de Fuerza Popular Joaquín Ramírez, investigado por lavado de activos. Más grave aún, se estaría configurando un contubernio o pacto tácito entre el fujimorismo y Odebrecht al entregar a la comisión Lava Jato, y no a la Fiscalía, información selectivamente comprometedora con relación a PPK, en un momento oportuno para el fujimorismo, provocando una crisis de gobierno y desviando la atención a las evidencias encontradas por la investigación del Fiscal José Domingo Pérez, que justificarían la solicitud de medidas restrictivas (incluyendo la prisión preventiva) contra Keiko Fujimori. Ello explicaría la puesta en marcha de un “golpe constitucional” dirigido a destituir al Fiscal de la Nación y a controlar el Tribunal Constitucional. El primer paso de este golpe fue dado anoche con la aprobación de sanciones contra los magistrados del TC.
  5. La renuncia de Pedro Pablo Kuczynski y su reemplazo por Martín Vizcarra debiera significar, con el respaldo de todas las fuerzas democráticas, despejar la crisis del Poder Ejecutivo, estabilizar el funcionamiento institucional del país, y volver a situar en el centro del escenario político la tarea prioritaria de cerrarle el paso al fujimorismo, que continúa representando la peor amenaza para la democracia, que violenta la separación de poderes y favorece la impunidad de la corrupción.
  6. Fuerza Social llama a todas las organizaciones y corrientes democráticas, republicanas y progresistas a cerrar filas en la defensa de la institucionalidad democrática, la independencia del sistema de justicia, la lucha contra el crimen organizado, contra la corrupción y la impunidad, y por los cambios en favor de las grandes mayorías nacionales.

Lima, 15 de diciembre de 2017

Comité Ejecutivo Nacional
Partido Descentralista Fuerza Social

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El nuevo gabinete: Retroceso, impunidad y contrarreforma educativa

  1. ​Hace solo cuatro días, el ex premier Fernando Zavala presentó la cuestión de confianza con la finalidad de defender a la ministra de educación Marilú Martens de una probable censura y frenar la prepotencia y el obstruccionismo fujimorista, con la posibilidad de usar el recurso constitucional de disolución del Congreso en caso se niegue la confianza a dos gabinetes. El argumento central dado fue la defensa de la reforma educativa frente a los intentos de sabotaje y desmontaje por parte del fujimorismo y otros sectores conservadores. La cuestión de confianza fue rechazada y el gobierno debía presentar un nuevo gabinete ministerial.
  2. Sin embargo, la decisión de designar como ministro de educación a Idel Vexler -viceministro del gobierno aprista, afín a las universidades con fines de lucro, enemigo de la Ley Universitaria, aliado de los grupos ultra conservadores y crítico abierto de los ex ministros Saavedra y Martens-, representa una abierta contradicción con los objetivos que llevaron a la presentación de la cuestión de confianza. Por otro lado, la salida de Marisol Pérez Tello y su reemplazo por Enrique Mendoza, juez supremo de cercanía con el aprismo, allana el camino al indulto y se alinea con los intereses de Alan García y Keiko Fujimori en el marco de las investigaciones por el caso Lava Jato. Estos cambios muestran que se ha abierto un proceso de contrarreforma educativa, garantía de impunidad para Alan García y camino al indulto para Alberto Fujimori, quedando evidenciado que el APRA está actuando como correa de transmisión de los intereses del fujimorismo que ahora, como antes, constituye la expresión más clara de la corrupción, la prepotencia y el envilecimiento político en nuestro país.  
  3. El fujimorismo ha impulsado una estrategia orientada a la vacancia presidencial que busca en lo inmediato demoler los aspectos democráticos de la reforma educativa y la recaptura del Ministerio de Educación por intereses privados, profundizando la tendencia de la privatización del Estado y el favorecimiento de los intereses empresariales. En esta tendencia pierde el interés común a costa de los privados, perdemos derechos en salud, educación, servicios públicos, pierden los pobres del Perú. Por otro lado, existe una estrategia en curso para ocultar la participación de Keiko Fujimori y Alan García en los negociados de Odebrecht, amenazando al propio Presidente, buscando chivos expiatorios y logrando que la atención se centre en los casos Humala y Toledo. Todo indica que los cambios realizados apuntan a viabilizar esta estrategia y el aparato de impunidad se perfecciona con la injerencia del aprismo en el ministerio de justicia.
  4. Con el nuevo gabinete, PPK ha apostado por una gobernabilidad basada en la impunidad, el sacrificio de las reformas y la traición al voto popular que lo colocó como Presidente. Lejos de zanjar con el chantaje y el totalitarismo fujimorista, el gobierno vuelve a ceder, llegando al extremo de renunciar a la implementación de reformas fundamentales para el país y accediendo en la práctica a un cogobierno que, sin embargo, no garantiza que la búsqueda de la vacancia presidencial haya quedado detenida.
  5. En esta crisis la izquierda no ha estado a la altura de las circunstancias. Su división e incapacidad de articular una acción parlamentaria conjunta, su evidente debilidad y ausencia en las movilizaciones y organizaciones populares la han hecho ineficaz, y esto es grave no sólo para la izquierda sino para el pueblo en su conjunto, ya que estamos ante el retroceso de derechos de quienes más los necesitan.  Esta actuación no puede repetirse pues allana el camino a posiciones extremistas y que representan, en su maximalismo, un peligro para la democracia y los intereses de los más pobres.
  6. Fuerza Social llama a cerrar filas en la defensa y profundización de las reformas, los derechos ciudadanos y contra la impunidad, y en la apuesta por cambios más profundos que incluya un cambio de modelo económico que sea capaz de reducir las brechas sociales y económicas que afectan a las mayorías nacionales.  Debemos estar atentos y denunciar la actuación ambivalente y contradictoria de PPK.  Es hora que la izquierda se oriente hacia la conquista de un gobierno que nos represente nacional y localmente, sin perder de vista que el eje principal de confrontación sigue siendo la amenaza del autoritarismo fujimorista, que como ha quedado demostrado no ha cambiado en lo absoluto.

    Comité Ejecutivo Nacional 
    Partido Descentralista Fuerza Social

    ¡Que se investigue!

    Todos los contratos de concesión y de obras públicas firmados por Odebrecht y las demás empresas que han reconocido haber cometido sobornos, deben ser investigados.

    Ante las últimas informaciones difundidas por los portales de investigación Convoca y Ojo Público que dan cuenta de transferencias de dinero realizadas desde el Brasil hacia la ciudad de Lima, relacionadas a la concesión “Vías Nuevas de Lima”, Fuerza Social, partido integrante de la Confluencia por Lima, coalición de partidos que gobernó la ciudad durante la gestión 2011-2014, expresa lo siguiente:

    1. Estamos convencidos de que la corrupción sistemática, revelada por el caso Lava Jato, exige que todas las personas involucradas con las decisiones relacionadas a contratos de concesiones o contratos de obras públicas firmados con empresas brasileras, sancionadas en Brasil por delitos de corrupción deben ser investigadas, desde Chavimochic y Charcani V en el primer gobierno de Alan García hasta el gasoducto del Sur firmado en el gobierno de Ollanta Humala, pasando por los 30 contratos firmados por el fujimorismo y las dos concesiones viales suscritas en Lima Metropolitana.
    2. En ese sentido, saludamos la disposición de la ex alcaldesa, Susana Villarán, y de los funcionarios de su administración que tomaron decisiones en relación a las concesiones viales de Lima, de permanecer en el país y someterse a las investigaciones abiertas por el Ministerio Público.
    3. Sobre la pertinencia y legalidad de la concesión “Vías Nuevas de Lima”, es importante señalar lo siguiente:
      • Tanto la declaratoria de interés como la adjudicación de la concesión “Vías Nuevas de Lima” fue realizada en marzo del 2012 en votación por unanimidad del Consejo Metropolitano integrado por distintas fuerzas políticas, entre ellas, dos ex regidores elegidos por Solidaridad Nacional, José Danós y Luis Castañeda Pardo.
      • Las obras eran necesarias pues son inversiones destinadas a resolver los cuellos de botella del tránsito en los accesos norte, este y sur. Los US$590 millones, inicialmente considerados, deberían permitir convertir a la Panamericana Norte y la Panamericana Sur en autopistas y extender la Ramiro Prialé desde Huachipa hasta el Puente Los Ángeles. Estas inversiones fueron postergadas por el MTC por 30 años y son indispensables para la ciudad y para la competitividad de la economía, pues son las rutas que le permiten movilizar el transporte de mercancías hacia el Puerto del Callao.
      • Debe señalarse que, a diferencia de otras concesiones viales, todos los riesgos constructivos fueron asignados a los concesionarios por lo que no existen adendas que inflen los costos de las obras.
      • Las vías involucradas pertenecen a la Red Vial Nacional. Por ello, el MTC actualizó y amplió la delegación de competencias al Gobierno de Lima para poder ejecutar la concesión.
      • Tanto la propuesta técnica inicial como las definiciones de los estudios definitivos de ingeniería fueron revisados y aprobados por el MTC a través de Provías Nacional, por lo que la necesidad de las inversiones y los estándares técnicos no fueron decididos exclusivamente por la Gerencia de Promoción de Inversión Privada de la Municipalidad de Lima.
    4. Es importante señalar que durante la actual gestión metropolitana (tercer mandato de Luis Castañeda Lossio) se han realizado cambios sustanciales al contrato original de “Vías Nuevas de Lima”, entre las más graves: i) la implementación ilegal del peaje de Puente Piedra sin la construcción de las obras obligatorias del Óvalo Canta-Callao; ii) el otorgamiento a Odebrecht del 4% de los ingresos por los peajes que correspondían a la Municipalidad de Lima para el mantenimiento de avenidas; iii) el pago de millones de soles por supuestos aumentos de costos de expropiaciones; y iv) la cancelación de obras de infraestructura tales como el intercambio de Canta Callao.
    5. En ese sentido, CONSIDERAMOS que hay indicios suficientes para incorporar a la investigación por los nuevos hechos revelados al actual alcalde, Luis Castañeda Lossio, pues los cambios al contrato reseñados han beneficiado a la firma Odebrecht sin seguir los procedimientos establecidos y sin adendas conocidas. Odebrecht, además, ha sido muy beneficiada pues ha logrado vender la mayoría de las acciones en “Vías Nuevas de Lima”. Actualmente, el 77% de las acciones de la concesión ya no pertenecen a la firma Odebrecht. Al respecto, consideramos que es muy perjudicial para el Perú que la tercera gestión de Luis Castañeda haya autorizado la venta de activos de empresas que han confesado haber cometido actos de corrupción en el Perú como OAS y Odebrecht, pues ello dificultará que el gobierno peruano obtenga las reparaciones que le corresponden.

     Reafirmamos nuestro compromiso con el esclarecimiento de la verdad y la lucha frontal contra la corrupción, exigimos una investigación a profundidad de los hechos que requieran un esclarecimiento en la opinión pública, garantizamos que como Partido que estuvo en la gestión municipal (2011-2014) hemos actuado siempre con idoneidad y corrección en favor de los intereses de la población limeña.

    04 de mayo de 2017

     

    Dirección Nacional
    Partido Descentralista Fuerza Social

    Condena al golpe de estado ocurrido en Venezuela

    El Partido Descentralista Fuerza Social condena y rechaza enérgicamente el arrebato de los poderes e inmunidad de la Asamblea Nacional de la República Bolivariana de Venezuela, lo que sin dudas constituye un atropello ominoso a la democracia en el hermano país. Esta acción de ataque frontal a la democracia, que implica la sustitución del Congreso por un Poder Judicial dominado y sojuzgado por el Gobierno de Nicolás Maduro, constituye el golpe más artero a la institucionalidad precaria del país hermano. Esta acción temeraria y profundamente violatoria de la democracia y el Estado de Derecho marca un antes y un después en la relación del Gobierno autocrático instalado en el poder y la sociedad venezolana así como con la comunidad internacional.

    Fuerza Social,  que se identifica como un Partido de Izquierda, que defiende los derechos de todos los ciudadanos y, en particular, de los más vulnerables y desprotegidos repudia esta acción que realiza un Gobierno que diciéndose de Izquierda lo que hace es pisotear y mancillar el derecho más elemental en las democracias: el derecho que emerge de la voluntad popular. Los venezolanos votaron por la actual Asamblea Nacional y esto no puede ser desconocido mediante la prepotencia, el uso de la fuerza y el control dictatorial de las instituciones tutelares de la Nación. Un gobierno de izquierda democrática no restringe ni  vulnera los derechos de las mayorías. El pueblo venezolano ahora se ve precarizado  no solamente por la aguda crisis de la economía, sino también por la conculcación de las más esenciales libertades democráticas.

    Instamos a la Organización de los estados Americanos (OEA) a aplicar al Gobierno Venezolano las diversas medidas de la Carta Democrática. Nuestro país en la década de los años noventa, bajo  el fujimorismo -que hoy cínicamente cuestiona el Golpe venezolano- también sufrió estos atropellos que esconden el interés de perpetuarse en el poder y  ocultar la gigantesca corrupción en detrimento de los intereses sociales y económicos del pueblo venezolano. La salida debe ser democrática y que las fuerzas más recalcitrantes de la oposición no conviertan esta crisis en una situación peor que la actual.

    Nos solidarizamos con el pueblo de Venezuela y estamos seguros de que la ciudadanía, con el apoyo de la comunidad internacional,  hará retroceder al gobierno de Maduro y a sus medidas contrarias a la democracia y atentatorias contra los derechos humanos,  sociales,  políticos y económicos de los hermanos venezolanos.

    ¡Solidaridad internacional con los hermanos de nuestro país hermano!

     

    Lima 31 de marzo de 2017

    Comité Ejecutivo Nacional
    Partido Descentralista Fuerza Social

    Por la Igualdad de Género, ¡combatamos la discriminación!

    ¡Con mis derechos no te metas!

    En los últimos meses hemos sido testigos de maniobras desestabilizadoras ensayadas por sectores conservadores y de ultra derecha contra el Currículo Nacional de la Educación Básica (CNEB) elaborado por el Ministerio de Educación (MINEDU). Acusan al MINEDU de querer imponer lo que ellos llaman “ideología de género”.

    Ante tales hechos, Fuerza Social, partido político de izquierda, democrático y descentralista, expresa lo siguiente:

    Saludamos que el enfoque de Igualdad de género  se mantenga en el nuevo Currículo Nacional de la Educación Básica. Con ello se aspira a que cada institución educativa sea un lugar en el que se practique y sea ejemplo vivo de tolerancia y respeto, que las niñas y niños se encuentren libres de cualquier forma de discriminación y violencia.

    Ratificamos nuestra defensa del derecho de cada niña y cada niño a recibir una educación de calidad que busque su bienestar y felicidad y, por lo mismo, ajena a todo tipo de estereotipos o prejuicios relacionados al género u orientación sexual.

    La crítica a cualquier acción del gobierno no puede ser ejercida mediante la mentira sistemática acerca de los contenidos del Currículo Nacional de Educación Básica. La acusación absurda de que se pretende “homosexualizar” a niños, niñas y adolescentes es una muestra de ello. Asimismo, rechazamos la campaña de odio que incita a cometer asesinatos contra personas de la comunidad LGBTI.

    Rechazamos el oportunismo del fujimorismo y otros sectores políticos, que utilizando la campaña contra la inexistente “Ideología de Género”, pretenden mantener una educación confesional que se contradice con la vocación científica y humanista que es propia de una educación que sirva para el desarrollo y los intereses nacionales.

    Invocamos al Poder Ejecutivo a continuar y profundizar la campaña de información acerca de los derechos sexuales y reproductivos y de los contenidos del Currículo Nacional de Educación Básica.

    Solicitamos al Congreso de la República que no retroceda en los avances logrados en cuanto a la promoción de la igualdad y la erradicación de toda forma de discriminación.

    Finalmente, reiteramos nuestro compromiso con la defensa y promoción de derechos, y con la lucha contra toda forma de exclusión y de violencia.

     

    Lima, 9 de marzo de 2017

     

    Comité Ejecutivo Nacional

    Partido Descentralista Fuerza Social

     

    Desde el 2005 lo denunciamos: Sobrecostos en la Interoceánica

    Desde el 2005, Fuerza Social (antes Partido por la Democracia Social – Compromiso Perú) ha denunciado que la interoceánica se hizo sobredimensionando sus costos y saltando todos los controles que exigía el ordenamiento nacional. Hoy sabemos que ese sobredimensionamiento se hizo para favorecer a Odebrecht y sus socios a cambio de suculentas coimas y que desde Fujimori hasta Humala están involucrados con estas empresas.

    La corrupción nos afecta a TODOS. No permitamos que ni corruptos ni corruptores escapen del país llevándose el dinero que es de todos los peruanos.

    El Perú merece avanzar a su desarrollo.

    Sobre la interoceánica

    La República, 10 de julio de 2005

    interoceanica-2005-pds

    Vamos a la marcha del 14 de marzo: ¡la lucha contra la corrupción es importante!

    Marcha contra la Corrupción 16F

    Gustavo Guerra-García

    Escribe Gustavo Guerra-García

    La dirigencia de la CGTP convocó a una marcha contra la corrupción y contra la impunidad. Existe una intensa sensación de que sólo nos queda pelearla en las calles. Yo me adherí a esa marcha como muchos y lo ocurrido ayer me anima a decir lo siguiente:

    En el mundo y en el Perú existe la pequeña corrupción y la gran corrupción. Hoy los peruanos presenciamos una vez más cómo muerde la gran corrupción en donde más le duele a un país; en el recorte de las oportunidades para los peruanos, en los colegios que no se construyen, en los hospitales que no se ejecutan, en el desarrollo agrario que no se logra, en la logística policial que no tenemos.

    Históricamente, la gran corrupción se ha registrado en los grandes proyectos de riego, en las grandes carreteras o en algunos sistemas de transporte como Metros o Aeropuertos. En los últimos 35 años, tenemos registro de la corrupción de la gran obra desde el primer gobierno de Alan García con Chavimochic y Charcani V. En estas dos obras, hay pruebas de sobornos en Brasil con registro de depósitos al presidente de INADE el señor Jorge Ramos Ronceros, ocurridos durante el primer gobierno de Alan García. También de esa época es la denuncia de Sergio Siragusa que señala que entregó sobornos para el presidente García por la ejecución de la Línea 1 del metro, que en ese entonces se denominaba Tren Eléctrico. Las transferencias del soborno se depositaron en cuentas a nombre de Alfredo Zanatti, que era el Maiman de aquellos tiempos. Los otros escándalos de corrupción del primer gobierno de Alan García no estuvieron vinculados a obras públicas sino a Los Mirage, los depósitos de las reservas en l BCCI, la política del tipo de cambio múltiple (dólar MUC) y otros.

    Luego, durante el fujimorato, 1,800 millones de dólares se evaporaron por corrupción comprobada por la Iniciativa Nacional Anticorrupción que impulsó el presidente Valentín Paniagua. En dicho gobierno, los expertos internacionales estiman que al menos US$6,000 millones se perdieron como consecuencia de la corrupción y ello convirtió al gobierno del ex presidente Fujimori en uno de los más corruptos de la historia de la humanidad.

    Entre 1990 y el año 2001, se firmaron 30 contratos de los 67 contratos firmados por Odebrecht con entidades públicas peruanas y 35 más (firmados por el gobierno nacional y entidades subnacionales) se firmaron en los siguientes tres gobiernos de García, Toledo y Humala. Durante el fujimorismo la corrupción significó gastos en armamento cuantiosos gastados después del conflicto con el Ecuador, algunas privatizaciones que desnacionalizaron la economía estuvieron asociadas a corrupción y también se registraron obras sobredimensionadas como la presa de Cuchoquesera (ejecutada por Odebrecht) en Ayacucho en donde cada hectárea irrigada costó US$50,000 dólares cuando el valor de mercado de las mejores tierras del Perú estaban en ese entonces en US$7,000 dólares: US$43,000 dólares de pérdidas en un solo proyecto ejecutado durante el fujimoristmo por Odebrecht. Una muestra de la gran corrupción generada en los grandes proyectos de riego.

    Luego de unos pocos años de purificación temporal con Valentín Paniagua y el inicio del gobierno de Toledo, el poder corruptor de las empresas brasileras logró que el gobierno del Perú pase de las obras a las Mega Obras. El punto de inflexión fue la Interoceánica del Sur. Una obra en la que se mintió al país con beneficios falsos para la carretera. Se inventó que aumentarían las hectáreas cultivables de 90,000 a 180,000 sólo como consecuencia de la carretera y que la rentabilidad promedio sería de 85%. Con esas mentiras se inflaron US$600 millones de dólares de beneficios para justificar una obra en concreto asfáltico, que es el tipo de solución más cara para una carretera.

    Para ocultar que el estudio de factibilidad era mentiroso se exoneró el proyecto vial del Sistema de Inversión Pública. Esa fue la primera obra vial que se exoneró del SNIP. Una decisión que no es ilegal, per que desencadena otras decisiones que tampoco eran ilegales, pero que ponen al Estado y a la sociedad peruanas en una posición de indefensión.

    Luego el gobierno decidió licitar, por primera vez, una Carretera sin estudio definitivo de ingeniería. Eso encarecía la formulación de las ofertas y reducía la competencia.

    Se licitó sólo con tramos muy grandes que generaba que las empresas nacionales no puedan competir con las brasileras. Se licitó a velocidad de crucero perjudicando la competencia. Como consecuencia de lo anterior no hubo competencia y sólo se presentó un postor.

    Se licitó a menor subsidio, pero como nadie sabía cuánto costaba la obra, se incluyó una clausula en el contrato que establecía que el presupuesto de las obras dependería de los estudios definitivos de ingeniería que elaborarían los ¡concesionarios! y que revisaría, posteriormente, Ositran. Esto permitió que las obras pasen de US$890 millones a US$2,300 millones durante el gobierno de Alan García a través de múltiples addendas.

    Al no tener estudios definitivos de ingeniería, no hubo estudio de impacto ambiental antes de la firma de contrato. Menos evaluación estratégica ambiental. Las pérdidas para la sociedad equivalen a  US$1,700 millones y las sobre-ganancias de los constructores ascienden a US$340 millones. La obra de la Interoceánica del Sur tenía un tráfico muy bajo y bastaba con unos US$600 millones para edificarla con pavimentos económicos. 12 años después el único bosque de la selva no desforestado el 2005, es el reino de la tala ilegal, la minería ilegal y la trata de personas. Una lástima haber desaprovechado una oportunidad de utilizar esos recursos para definir intervenciones que hubieran cambiado el paradigma de desarrollo de la selva.

    La interoceánica del Sur no estaba en las prioridades del MTC. No estaba en el Plan 2006-2023. Debieron hacerse primero IIRSA Centro e IIRSA norte, pero fueron postergadas porque costaban menos que la Interoceánica del Sur (aunque tenían mucho más impacto económico).

    A finales del gobierno de Toledo se dio una Ley con nombre propio cambiando las causales de impedimento para contratar con el Estado (aprobada por la Comisión Permanente) y volando los límites de endeudamiento. Eso permitió que Odebrecht pueda firmar la Interoceánica del Sur, IRSA Norte, IIRSA Centro, Olmos, Línea 1 del Metro etc. Esto generó un cambio de Poder. Nadie en el Perú antes del 2005 había logrado tener contratos por entre US$3,000 y US$4,000 millones. El volumen de estos contratos genera que se produzca un enorme cambio de poder. Esos recursos que nadie tenía en el Perú de forma conentrada provocaron muchas de las firmas de ingeniería, estudios de abogados, medios de comunicación, comunicadores y empresas constructoras nacionales se articularan a este nuevo poder como proveedores. Los que señalamos los problemas de las decisiones que pusieron en posición de indefensión al Estado fuimos aislados laboral y mediáticamente y en mi caso, además, declarado persona no grata en Cusco, Puno, Madre de Dios y Arequipa con avisos pagados a toda página.

    Todas las decisiones irregulares y que ponían en posición de indefensión al Estado fueron señaladas desde la izquierda –principalmente por el PDS, germen de Fuerza Social- desde el 2005 y estuvieron sobre la superficie. No requerían más investigación que mirar las bases y el modelo de contrato. La Contraloría General de la República, el Ministerio Público y las Comisiones del Congreso no hicieron nada efectivo en 11 años.

    La decisiones de política pública eran tan equivocadas que no es extraño que hoy sepamos que fueron lubricadas por un sistema de coimas que se conocen hoy por la capacidad e independencia de los sistemas judiciales y fiscalías de Brasil, Suiza el Reino Unido y los EE.UU. Pero, por mucho tiempo no existieron pruebas que hoy sí tenemos desde el 2014 gracias a los sitemas judiciales de Brasil, Reino Unido, Suiza y EE.UU.

    Esta es una BUENA época para Latinoamérica y el Perú. Hace 12 años yo no pensé que iba a vivir para ver presos a los cinco presidentes del cartel de empresas brasileras con sentencias de más de 15 años. El crecimiento depende del tamaño de la inversión y del retorno de la inversión. Proyectos como la Interoceánica del Sur que han costado mucho más que sus beneficios generan una reducción de las oportunidades para todos los peruanos y un achicamiento del bienestar. Decenas de miles de empleos se pierdan en todas las obras que se dejan de hacer por la corrupción.

    El gobierno del Perú ha dado decretos que señalan que las empresas brasileras deben pedir permiso al Estado peruano para vender sus activos. Tardía y débil decisión. La norma llega muy a destiempo pues el alcalde de Lima ya autorizó la venta del 100% de la concesión de OAS y del 77% de las acciones de la concesión de Odebrecht. Y, además debe decirse que se han hecho varios cambios ilegales sólo para facilitar las ventas de los activos de las concesionarias. A Lima el alcalde actual le ha quitado obras como Rio Verde en el Rímac, Intercambio Vial Canta Callao en Los Olivos, Los Viaductos entre San Juan de Lurigancho y el centro Histórico y el viaducto de la Separadora Industrial (La Molina), que ya estaban en los contratos con el único objetivo de bajar las inversiones privadas y mejorar el valor de venta para que fuguen los capitales brasileros hacia su país en donde a Odebrecht si le exigen reparaciones grandes de alrededor de US$3,000 millones.

    El Perú merece un enorme plan de reparaciones por las pérdidas sociales que han ocasionado las empresas brasileras que han sobornado funcionarios. Por ello, debe decirse que están dadas todas las condiciones políticas y jurídicas para el embargo de todos los bienes, cuentas y activos de estas empresas como viene ocurriendo en todos los países afectados menos el Perú. Y como ni la fiscalía ni la procuraduría se lo han solicitado al Poder Judicial, sólo nos queda el pueblo organizado, la CGTP y los ciudadanos del Perú para reclamar. Por eso, apoyo la movilización convocada por la CGTP que ha tenido la adhesión de las organizaciones políticas de izquierda y seguiré apoyando y participando en sus convocatorias.

    Marcha contra la corrupción 16F

    Quiero terminar diciendo que hoy tenemos un presidente preso y 3 presidentes más están en riesgo de terminar presos. Pero al lado de estos problemas hay peruanos que en su actividad política actuaron con total integridad personal como José Carlos Mariátegui, Jorge Basadre y Víctor Raúl Haya de la Torre. En tiempos más recientes, Fernando Belaunde, Valentín Paniagua y Javier Pérez de Cuéllar demostraron su integridad de forma plena. Otros peruanos íntegros que además tuvieron el valor de enfrentarse a los poderosos y siempre estuvieron del lado del pueblo son: Horacio Zeballos, Jorge del Prado, Alfonso Barrantes y Javier Diez Canseco. Y creo que sobre el ejemplo y el legado de estos cuatro líderes, la CGTP edifica un segundo piso de ciudadanía en momentos difíciles para la patria. Y con esto cierro diciendo que por cada político que cayó en las redes de la corrupción hay miles de peruanos esforzados y muy trabajadores que son personas honestas y resueltas a defender los intereses de la Nación. Creo que hoy las movilizaciones que convoca la CGTP nos devuelven la fe en el destino del Perú y de los peruanos. Nos vemos el 14 de marzo en la Plaza 2 de mayo.

    17 de marzo de 2017

    EN FAVOR DE LA MORAL DE LA NACIÓN, EN REPUDIO A LA CORRUPCIÓN

    El Partido Descentralista Fuerza Social condena y lamenta los actos de corrupción que se vienen descubriendo y que involucran a las más altas autoridades de diversos Gobiernos que ejercieron el poder después de la dictadura fujimorista, en donde se estructuró, desde el Estado,  un andamiaje corrupto que gobernó el país. Asimismo, nuestro Partido exige a las autoridades competentes como el Poder Judicial y el Ministerio Público que sean inflexibles con estos actos de vesanía cometidos por aquellos que se irrogaban calidad moral lo cual los descalifica doblemente. Instamos al Congreso de la República a dejar trabajar con autonomía a estas instituciones del Estado Peruano.

    Esta aciaga situación que atraviesa nuestra patria demuestra palmariamente que el mercado no se regula solo y que los mecanismos de control eficientes e independientes del Poder son necesarios para mitigar o desincentivar acciones de corrupción en cualquiera de los niveles del Estado. Asimismo se debe tomar conciencia que los intereses privados están sujetos al interés Público y que las empresa privadas en el Perú que hayan participado en actos de corrupción deben ser sancionadas de manera ejemplar para dar signos claros que el Estado Peruano, que representa los intereses del pueblo, es digno y ejerce soberanía frente a los intereses particulares que únicamente ven en la utilidad el incentivo de sus actividades.

    Nos indigna profundamente que la transición democrática que se inició con el Dr. Valentín Paniagua se haya enturbiado con los actos de latrocinio al erario nacional. Esto es una demostración más que el crecimiento económico debe estar supeditado a la conformación de instituciones republicanas sólidas y no al revés, en donde el crecimiento económico se ha convertido en un fin en sí mismo pero sin un correlato institucional que evite este tipo de atentados contra la Nación.

    Somos conscientes de la gravedad de la situación y del peligro para nuestra Patria pues son en estos momentos en donde los radicalismos de izquierda o de derecha encuentran mayor ocasión para desplegar sus acciones ante la anomia y la ausencia de un rumbo claro de los destinos del país. Sin embargo también encontramos en esta oscura etapa de la patria la posibilidad de convocar a los hombres y mujeres de buena voluntad, de todas las tendencias democráticas en donde la decencia sea un valor incontrovertible, a unirse al llamamiento de la Nación que requiere de la presencia de sus mejores hijos para participar activamente en la Política y no dejar ésta en manos de improvisados y mercaderes o usurpadores del Gobierno de las mayorías.

    Nos aunamos con firmeza al llamamiento de los Partidos, gremios, colectivos, asociaciones, que aún creen en el futuro de la Nación y en la idea que el Perú no solamente es un problema sino una inmensa posibilidad, a la marcha de este jueves 16 de febrero de 2017 en defensa de la integridad moral de nuestro país y para que el flagelo de la corrupción sepa que hay un pueblo atento que no la dejará gobernar, desde el Estado, a un pueblo que sí aprende  de su historia.

    Lima, 15 de febrero de 2017

    Comité Ejecutivo Nacional
    Partido Descentralista Fuerza Social

    El PEAJE DE PUENTE PIEDRA

    El proyecto vial Vías Nuevas de Lima es una concesión firmada por la Municipalidad Metropolitana de Lima y la empresa Odebrecht que implica inversiones por más de 590 millones de dólares y está orientada a resolver los cuellos de botella de los tres principales accesos de la ciudad: Panamericana Norte, Panamericana Sur y la Ramiro Prialé. Las obras incluyen 36 intercambios viales de los cuales más de 30 corresponden a la Panamericana Norte y no han sido concluidos. Las obras deben transformar 115 Km de vías con cruces a nivel en autopistas habilitadas. Las obras incluyen el intercambio vial Alipio Ponce culminado durante la gestión de Fuerza Social, otras obras en la Panamericana Sur como el túnel Benavides y la salida en El Derby y la extensión de la Autopista Ramiro Prialé desde Huachipa hasta el límite entre Chosica y Chaclacayo.

    El proyecto fue presentado como iniciativa privada durante el segundo gobierno de Castañeda (2007-2010) denominado línea azul. La Iniciativa fue aprobada por el Concejo de Lima por unanimidad de las fuerzas políticas durante la gestión de  Fuerza Social (2011-2014). El contrato dispone que toda la inversión sea privada, y que se recupere con el cobro de los peajes en esas vías. Ni la Municipalidad Metropolitana de Lima ni el gobierno central  han invertido recursos públicos en esta concesión. La garita de Puente Piedra pre-existe a la firma del contrato de concesión pero con un cobro sólo en un sentido. La segunda garita de peaje debía implementarse, según el contrato original,  después de culminadas todas las obras en la Panamericana Norte. La implementación posterior a la culminación de las obras hubiera permitido que los costos y tiempos de los vehículos se reduzcan antes de la elevación de los peajes de forma de que el efecto neto a los operadores de los vehículos livianos, buses y carga fuera nulo.

    La administración de Luis Castañeda Lossio ha permitido la implementación de la garita de peaje de sur a norte en Puente Piedra antes que se culminen las obras en la Panamericana norte como estipulaba el contrato, lo cual es a todas luces ilegal.

    Nos preocupa que Castañeda haya cedido a la empresa los ingresos (4% de todos los ingresos brutos) que debía recibir la Municipalidad de Lima por derecho de concesión, lo cual atenta contra la ciudad al eliminar el ingreso previsto en el contrato de concesión.

     La firma internacional Odebrecht ha estado tratando de vender la concesión por temor a las represalias que el gobierno peruano podría tomar tras conocerse que es una empresa que sistemáticamente ha pagado sobornos en el Perú y en varios países. La gestión de Luis Castañeda Lossio ha cedido y modificado las condiciones del contrato original en relación al peaje con el único objetivo de favorecer a Odebrecht de modo de facilitar su proceso de venta de la concesión. Es por esa razón y no por ninguna otra que se ha adelantado la construcción de la nueva garita y el cobro a la ejecución de las obras faltantes en la Panamericana Norte con las consecuencias lamentables que todos conocemos.

    El estilo de gestión sin comunicación ni transparencia sólo es fuente de conflictos en un escenario en donde la población de Puente Piedra espera soluciones concretas a sus problemas de conectividad que implican inversiones menores que no han sido ejecutadas y por las que ha venido pidiendo reiterativamente audiencia con el alcalde y que no han querido ser escuchadas.

    Cuando le conviene, Castañeda Lossio presenta todas las obras de esta concesión firmada por la gestión de Fuerza Social como si fueran ejecutadas por la Municipalidad Metropolitana de Lima y no por los concesionarios, pero ha sido incapaz de mejorar las condiciones que pudieran afectar a los vecinos de Puente Piedra.

    Durante la gestión de Fuerza Social todas las obras y programas que se avanzaron y ejecutaron fueron ampliamente discutidas con los vecinos que viven en el área de influencia de las intervenciones y sufrieron adecuaciones de acuerdo a las necesidades de la gente. Un ejemplo que la actual administración no sigue con lamentables consecuencias.

    Es por ello que EXIGIMOS al alcalde Castañeda que se suspenda la instalación de la garita en Puente Piedra y abra una mesa de dialogo con los vecinos de Puente Piedra para llegar a una solución definitiva de este conflicto.

    06 de enero de 2017

    Comité Ejecutivo Nacional

    Partido Descentralista Fuerza Social

    En favor de la Educación y la necesidad de liberarla del fujiaprismo

    El Partido Descentralista Fuerza Social reafirma su vocación por el derecho universal a la  Educación, democrática y de calidad,  conscientes del valor de la Educación para salir de la pobreza, la marginación y en consonancia con el desarrollo del país.

    Nuestro Partido rechaza firmemente las acciones que desde el Congreso de la República pretenden detener el avance de la mejora de la Educación bajo excusas inocuas que solamente buscan ocultar intereses subalternos y motivaciones mercantilistas representadas en el fujimorismo y en el aprismo.

    La actuación vergonzosa de estos partidos solamente demuestra su total desprecio e ignorancia de lo que significa tener una Educación democrática y de calidad y que se ve reflejada en las medidas de cambio tomadas desde el Ministerio de Educación.

    Somos un partido de Izquierda y críticos del actual gobierno pero eso no nos impide distinguir aquellos aspectos que pueden generar desarrollo para el país en materia de la Educación de nuestros niños y jóvenes. Consideramos que la Reforma Universitaria en el Perú es necesaria, siendo perfectibles algunos aspectos, y ésta debe continuar a  fin de terminar con las Universidades que solamente buscan enriquecer a sus promotores sin exigir estándares mínimos de calidad que garanticen una formación que pueda responder a las exigencias de la Nación.

    El intento del aprismo y el fujimorismo de retornar al control de las Universidades por parte de camarillas enquistadas en los Rectorados no puede permitirse, ni tampoco experiencias fallidas de nulo control de calidad como fue el caso de la Asamblea Nacional de Rectores (ANR).

    La inminente censura al Ministro de Educación, Dr. Jaime Saavedra, no es sino preludio de las intenciones del fujimorismo para controlar el gobierno que le fue negado en las urnas, anteponiendo sus pequeños intereses a los del país en su conjunto.

    El actual gobierno carece de organización político partidaria y de enraizamiento en los sectores de la sociedad pero la Educación es un asunto de interés nacional y que nos involucra a todos.

    Por este motivo nuestro Partido apoya las legítimas muestras de rechazo popular a este atentado contra la Educación Peruana y CONVOCA A SUS MILITANTES Y A TODA LA SOCIEDAD a apoyar desde las calles a los movimientos y colectivos que este LUNES 12 DE DICIEMBRE manifiestan su indignación frente al clientelismo del fujimorismo y el aprismo.

    ¡Por una Educación Democrática y de Calidad!

    10 de diciembre de 2016

    Comité Ejecutivo nacional
    Partido Descentralista Fuerza Social