Vínculos del alcalde Castañeda Lossio con escándalo de corrupción brasilero “Lava Jato”

Fuerza Social denuncia indebida negociación entre ex funcionaria de Castañeda y encarcelado ex presidente de OAS para anulación del Proyecto Río Verde

Durante el segundo gobierno municipal del partido Solidaridad Nacional, Luis Castañeda Lossio, firmó un contrato con la empresa brasilera OAS para el desarrollo del proyecto “Línea Amarilla”. El contrato era “entreguista” y los ingresos por peajes eran desproporcionalmente elevados en relación a los compromisos de inversión. Además, era socialmente inviable, pues perjudicaba a los pobladores de la margen izquierda del Río Rímac, al establecer un techo de US$5,000 de compensación por la compra de cada predio en el área del proyecto.

El gobierno 2011-2014 de Fuerza Social logró renegociar el contrato a fin de obtener condiciones más favorables para la ciudad en el marco del renombrado megaproyecto “Vía Parque Rímac”. Así, se estableció: i) más de US$200 millones adicionales de inversiones; ii) que el 7% de los ingresos por peajes sean transferidos a la MML; iii) la recuperación y reverdecimiento de la ribera del río Rímac (Proyecto Río Verde) ; iv) que los propietarios y posesionarios afectados reciban una compensación como mínimo de US$30,000 por cada predio; v) así como la reubicación consentida de la comunidad shipibo conibo asegurándoles mejores condiciones de vivienda.

Según un reportaje de IDL Reporteros, en la investigación del escándalo de corrupción de “Lava Jato”, se han encontrado evidencias -en el teléfono del encarcelado ex presidente de OAS- de que la ex gerente de Promoción de la Inversión Privada,  Giselle Zegarra, actuando en representación de Luis Castañeda Lossio, negoció ilegalmente, y antes de que el alcalde de Lima asuma su tercer mandato, condiciones importantes del contrato del proyecto en cuestión para favorecer a OAS.

Como consecuencia de este tráfico de influencias y usurpación de funciones, se procedió a desmontar el proyecto Río Verde y, en su lugar, se decidió ejecutar un by pass en la avenida 28 de julio, indebidamente financiado con los peajes de los vehículos que circulan por la Vía de Evitamiento. Dicho bypass presenta serias irregularidades, incluyendo un expediente técnico inconcluso, la poca claridad del costo del mismo y la inutilidad para solucionar el problema del transporte en la ciudad.

Por todo lo anterior, EXIGIMOS que el Ministerio Público, el Congreso de la República y la Contraloría General de la República inicien las investigaciones de este gravísimo caso, que no es más que la extensión en el Perú de los tentáculos de corrupción que han dañado a la sociedad brasilera.

Fuerza Social se reafirma en la defensa de los intereses públicos por encima de los intereses particulares, en la lucha frontal contra la corrupción en todas sus formas y en la construcción de una ciudad sostenible, con mayores espacios públicos, más humana y con mejores condiciones de vida para todos y todas sin distinción alguna.

Lima, 22 de octubre de 2016

Comité Ejecutivo Nacional

Partido Descentralista Fuerza Social

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