LLAMAMOS CON URGENCIA AL DIALOGO PARA UNA MINERÍA RESPETUOSA DEL AMBIENTE Y CON LICENCIA SOCIAL

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¡NO MÁS MUERTES NI VIOLENCIA!

 Nos encontramos nuevamente en medio de hechos que rechazamos: enfrentamientos violentos, muertes de civiles, incendios, policías y civiles heridos, detenciones, acusación de autoridades y líderes, a raíz de conflictos socio ambientales que no son atendidos oportunamente (mediante) el diálogo, sino con el envío de gran número de policías.

 Ante esta situación nos dirigimos a la opinión pública para expresar lo siguiente:

  1.  Consideramos que la política de oídos sordos y desprecio estatal por las demandas y propuestas de la población, la respuesta puramente represiva y la criminalización de la protesta, es un error que tiene costos humanos, políticos y económicos muy altos. Los hechos señalados configuran una delicada situación en el país, que en primer término debe conducir al gobierno del Presidente Humala a una profunda revisión de sus políticas relacionadas con el manejo de los conflictos sociales, el uso de los recursos naturales y la regulación de las industrias extractivas.
  1. El gobierno y la sociedad peruana en su conjunto deben partir reconociendo que detrás de la movilización popular en Espinar, Cajamarca y en muchos otros lugares hay una justa reivindicación de la dignidad y derechos de los pueblos y se expresan legítimas expectativas por mejores condiciones de vida que sólo pueden ser satisfechas impulsando en el país un modelo de crecimiento efectivamente inclusivo, que se apoye en el uso sostenible de los recursos naturales, en su transformación con mayor valor agregado y que respete el medio ambiente.

Por estas razones proponemos:

  1. La minería es necesaria para el desarrollo del Perú y no se puede prescindir de ella, pero los beneficios de esta actividad dependen estrictamente de que (i) la explotación minera se realice respetando rigurosamente los derechos de las poblaciones y el derecho a la consulta previa; (ii) se reduzcan al mínimo los impactos ambientales, principalmente sobre el agua, con el uso de las tecnologías más modernas; (iii) se mitiguen los pasivos generados y (iv) se aporte sustantivamente a la mejora de las condiciones de vida, al empleo y la infraestructura en los territorios donde operan.
  1. Para hacer posible una minería sostenible con capacidad de convivir armónicamente con las demás actividades, en particular con la agricultura, debe restablecerse la autoridad ambiental del Estado y su papel fundamental en defensa y protección del bien común y de los sectores más vulnerables de la sociedad. Ello supone (i) el fortalecimiento del Ministerio del Ambiente, dotándolo de competencias y atribuciones para la gestión del agua y los bosques y para los estudios de impacto ambiental; y (ii) un acuerdo de ordenamiento territorial y ZEE que establezca donde se puede realizar minería y dónde no, con los gobiernos regionales y locales, evitando socavar las atribuciones de éstos.
  1. En el corto plazo y ante el Estado de Emergencia impuesto en la provincia de Espinar, consideramos aún más urgente (i) retomar el diálogo sobre los problemas que son la base del grave conflicto suscitado en los últimos días. Desde hace tiempo las organizaciones de Espinar han venido alertando sobre los problemas en el manejo ambiental y económico de la mina Tintaya. Pero no se ha atendido una exigencia que debió ser satisfecha en su momento como es la reformulación del Convenio Marco firmado por la anterior empresa propietaria de la mina, BHP Billiton Tintaya, con la Municipalidad de Espinar y organizaciones de la comunidad. La desatención de estas justas demandas ha provocado la acción descontrolada de algunos grupos violentistas que llegaron al extremo de incendiar el local de la fundación Tintaya y al secuestro y vejación del fiscal Provincial, hechos que condenamos categóricamente.
  1. (ii) Este diálogo debe llevar al levantamiento del Estado de Emergencia y liberación de los detenidos, entre ellos dos funcionarios de la Vicaría de la Solidaridad de Sicuani, y el alcalde de Espinar; y (iii) a compromisos tanto de la empresa como del Estado y las autoridades y organizaciones para asegurar el mayor cuidado ambiental de la zona dentro de un reformulado Convenio Marco con nueva empresa propietaria de la mina, Xtrata Tintaya. (iv) El desarrollo de Espinar debe ser el norte principal de las acciones del gobierno central, en estrecha coordinación con los gobiernos regional y provincial.
  1. En el caso de Cajamarca, invocamos al diálogo inmediato que convoque a todos los involucrados sin exclusiones, y que ponga sobre la mesa los temas fundamentales siguientes: (i) la revisión del estudio de impacto ambiental del Proyecto, del peritaje encargado por el gobierno, de los peritajes realizados por cuenta del gobierno regional y del documento producido por el MINAM en la gestión de Giesecke-De Echave; (ii) las condiciones planteadas por el Presidente Humala para la ejecución del proyecto; (iii) el cese de todas las medidas de enjuiciamiento y represión de los dirigentes y autoridades locales; (iv) las propuestas para el desarrollo integral de la región Cajamarca y el papel de la minería y el agro en este desarrollo.
  1. Consideramos necesario advertir al gobierno nacional, a la empresa, al gobierno regional y a las organizaciones sociales involucradas que conducir el conflicto en Cajamarca a una polarización con extremos irreductibles en términos de “Conga va” versus “Conga no va” podría llevar a una confrontación violenta con gravísimas consecuencias sociales y políticas que deben evitarse a toda costa. Es a través del diálogo con la agenda mencionada y basado en el análisis objetivo de los estudios y en la voluntad de todas las partes por encontrar una salida negociada y pacífica al conflicto, que se podrá determinar si hay argumentos convincentes para decidir si el Proyecto Conga, bajo qué condiciones y costos, es o no viable.

Reiteramos la invocación al diálogo y el firme rechazo de cualquier acto de violencia o de represión, que sólo favorecen a los extremos del espectro político, no al pueblo, y socavan nuestra frágil democracia, que es prioritario fortalecer y defender ante el riesgo de nuevos autoritarismos o violaciones de los derechos humanos.

 

COMITÉ EJECUTIVO NACIONAL DE FUERZA SOCIAL

Lima, 1 de junio de 2012

 

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